La discusión del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional tomó forma desde el jueves que comenzó a debatirse en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, ingresada con suma urgencia, combina medidas tributarias, laborales, regulatorias y de inversión, con un foco especial en las regiones más afectadas por emergencias recientes.
En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la propuesta tendría efectos negativos en las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, lo que obligaría a adoptar medidas de ajuste. El debate legislativo, sin embargo, rápidamente se abrió más allá de lo fiscal y comenzó a incorporar la visión de los principales gremios del país.
Con todo, desde el mundo empresarial, la construcción, el comercio, la agricultura, la salmonicultura y las pymes coincidieron en un diagnóstico general: el proyecto contenía
señales positivas, pero su efectividad dependería de la capacidad de destrabar inversiones, reducir la burocracia y entregar certezas regulatorias.
A partir de ahí, cada sector puso el acento en sus propias urgencias.
Las respuestas también evidenciaron un punto en común: la reactivación económica seguía siendo la prioridad transversal, aunque con matices sobre cómo alcanzarla y cuáles eran los principales cuellos de botella. Mientras algunos enfatizaron la necesidad de acelerar el empleo formal, otros apuntaron a problemas estructurales como la permisología o la inseguridad.
Con ese telón de fondo, los distintos gremios abordaron dos preguntas clave: cuál debía ser la prioridad número uno del proyecto y dónde se concentraban las mayores trabas para su implementación.
Reactivación, inversión y empleo: el eje común del empresariado
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, situó el foco en la reactivación económica como condición base para cualquier avance. "La prioridad número uno hoy es reactivar el crecimiento, lo que implica acelerar la inversión y generar más empleo formal", afirmó a Emol, destacando además que el proyecto avanzaba en materias relevantes.
En esa línea, valoró que la iniciativa incluyera incentivos y certezas. "El proyecto contiene señales en la dirección correcta, en competitividad tributaria, incentivos a la contratación y mayor certeza jurídica, que son claves para recuperar el dinamismo", sostuvo. A su juicio, el debate parlamentario debía resguardar ese enfoque.
"Por eso, de cara a la discusión parlamentaria, lo clave es mantener el espíritu del proyecto y priorizar aquellas iniciativas que realmente apunten a generar mejores condiciones para invertir, crecer y crear empleo formal en Chile", agregó.
Desde el comercio, el presidente de la CNC, José Pakomio, coincidió en el diagnóstico y apuntó directamente a la burocracia como uno de los principales obstáculos. "Creemos que las medidas que permitan destrabar la inversión, reducir la permisología y la burocracia, reactivando la economía, son fundamentales", señaló a Emol.
"Ahora, el desafío está en mirar también la carga tributaria, para permitir que sean más competitivas, puedan sostener su crecimiento en el tiempo y contribuir con mayor fuerza a la generación de empleo formal y productividad"
José Pakomio, presidente de la CNC
Asimismo, enfatizó la necesidad de certezas. "Es clave avanzar con mayor certeza regulatoria y jurídica, que entregue confianza y estabilidad a quienes invierten y emprenden", indicó, junto con valorar herramientas como el crédito a la contratación formal.
No obstante, advirtió un flanco en la discusión: "Ahora, el desafío está en mirar también la carga tributaria, para permitir que sean más competitivas, puedan sostener su crecimiento en el tiempo y contribuir con mayor fuerza a la generación de empleo formal y productividad".
Minería: certeza jurídica y permisos en el centro de la reactivación
Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su presidente Jorge Riesco, el foco estuvo puesto en la necesidad de generar condiciones habilitantes para transformar proyectos en inversión efectiva.
"Para Sonami, la prioridad en el sector minero es clara: fortalecer la certeza jurídica y acelerar la tramitación de permisos para transformar el interés en inversión real y oportuna", señalaron, valorando medidas del plan que apuntan en esa dirección.
En particular, destacaron avances como la reducción de plazos en permisos sectoriales. "Valoramos que el Plan de Reconstrucción Nacional incorpore medidas en esta línea, como la reducción del plazo para la invalidación de permisos sectoriales, pasando de dos años a seis meses", indicaron, subrayando que ello aporta mayor previsibilidad.
"Las principales trabas se concentran, por una parte, en la incertidumbre regulatoria y en la discusión de reformas estructurales que impactan directamente la competitividad"
Jorge Riesco, presidente de Sonami
Sin embargo, advirtieron que el esfuerzo debía profundizarse. "Es fundamental avanzar en normas que destraben el crecimiento, como un estatuto para inversiones de largo plazo con invariabilidad tributaria efectiva", plantearon, junto con la necesidad de dar mayor certeza frente a eventuales cambios regulatorios.
Respecto de las trabas, el diagnóstico apuntó a factores estructurales. "Las principales trabas se concentran, por una parte, en la incertidumbre regulatoria y en la discusión de reformas estructurales que impactan directamente la competitividad", afirmaron, haciendo referencia al debate tributario.
A ello se sumaron dificultades operativas. "La mayor dificultad sigue siendo la excesiva discrecionalidad, los plazos inciertos y la falta de coordinación entre servicios públicos", advirtieron, enfatizando que el desafío no solo es normativo, sino también de gestión del Estado para evitar que se sigan postergando inversiones clave.
Construcción: foco en medidas inmediatas y destrabar la demanda
Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría evaluó positivamente el proyecto, destacando tanto sus medidas de corto como de largo plazo.
"El proyecto en general nos parece súper adecuado, muy potente, prácticamente todas las medidas apuntan en la dirección correcta", afirmó.
El dirigente puso especial énfasis en las iniciativas de rápida implementación. "Entre las medidas de corto plazo hay algunas medidas muy buenas, consideramos la medida de DFL-2, de extenderlo, es una medida que es de muy rápida implementación", explicó, apuntando a su impacto en la clase media y en la reducción del stock de viviendas.
También relevó el impulso a la reconstrucción en zonas específicas. "Creemos que el tema de disponer los recursos y empujar rápidamente a la reconstrucción de Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Biobío y Ñuble, son medidas que tienen un impacto más local pero están muy bien focalizadas", sostuvo.
En paralelo, abordó uno de los temas más debatidos: la eventual exención del IVA a la vivienda nueva. Si bien respaldó la medida, aclaró que su efecto sería acotado. "Cuando se habla de eliminar el IVA, se instala que es un 19%, pero no es así", advirtió en radio Cooperativa, explicando que el impacto real podría fluctuar entre 2% y 7%.
Además, alertó sobre el efecto de las expectativas en el mercado. "La gente está esperando con reticencia a comprar", dijo, por lo que insistió en acelerar la tramitación: "para que realmente ayude hay que apurar su tramitación".
Salmonicultura: burocracia y relocalizaciones como principal cuello de botella
Desde la industria salmonera, el diagnóstico apuntó a trabas regulatorias específicas que han frenado el desarrollo del sector. El presidente de SalmonChile, Patricio Melero sostuvo que "la prioridad número uno debe ser avanzar en la simplificación efectiva de los procesos de fusiones y relocalizaciones de concesiones acuícolas".
"La prioridad número uno debe ser avanzar en la simplificación efectiva de los procesos de fusiones y relocalizaciones de concesiones acuícolas"
Patricio Melero, presidente de SalmonChile
A su juicio, ahí se concentraba el principal problema. "Es precisamente en este ámbito donde hoy se concentran las mayores trabas", afirmó, apuntando a una burocracia que ha impedido avances concretos.
"Actualmente, estos procesos de relocalización enfrentan una burocracia excesiva y una complejidad normativa que han impedido su funcionamiento, de las cuales solo se han aprobado dos en los últimos 16 años", advirtió, subrayando el rezago del sistema.
En la misma línea, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, enfatizó la importancia de medidas de impacto inmediato. "La prioridad es avanzar en aquellas medidas que puedan generar efectos concretos en el corto plazo", señaló.
Además, valoró instrumentos específicos del proyecto. "Las microrelocalizaciones y los ajustes cartográficos son especialmente relevantes, porque corresponden a medidas concretas, de rápida implementación y con capacidad real de traducirse en mayor productividad, empleo y desarrollo regional", indicó.
Agricultura: seguridad e incertidumbre como frenos a la inversión
Desde el mundo agrícola, el presidente de la SNA, Antonio Walker, introdujo un elemento adicional en el debate: la seguridad. "La prioridad tras el ingreso del proyecto es avanzar en seguridad. Es una condición habilitante para recuperar el crecimiento", afirmó.
"En los últimos años, el aumento de delitos en campos y parcelas ha deteriorado la vida en el mundo rural, generando incertidumbre y frenando decisiones de inversión"
Antonio Walker, presidente de la SNA
El dirigente advirtió que el aumento de delitos en zonas rurales había tenido efectos directos. "En los últimos años,
el aumento de delitos en campos y parcelas ha deteriorado la vida en el mundo rural, generando incertidumbre y frenando decisiones de inversión", sostuvo.
Junto con ello, volvió a aparecer la burocracia como obstáculo. "Esperamos prontos avances para reducir la burocracia y agilizar procesos", indicó, ejemplificando con los retrasos en la Dirección General de Aguas.
Respecto de las trabas, apuntó a la incertidumbre tributaria. "Esperamos que el debate legislativo contribuya a dar certezas, fomentar la reinversión y el crecimiento, evitando transformarse en un factor de incertidumbre", advirtió.
Pymes: empleo, capacitación y sensibilidad política de la reforma
Desde la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett puso el acento en el impacto del proyecto sobre el empleo formal. "El crédito tributario al empleo es una de las medidas más concretas y de mayor alcance del proyecto", afirmó, destacando su efecto en trabajadores de menores ingresos.
"El crédito tributario al empleo es una de las medidas más concretas y de mayor alcance del proyecto"
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional
El dirigente subrayó la magnitud del instrumento. "El Informe Financiero del propio Gobierno estima que esta medida tiene un costo fiscal de $668 mil millones solo en el primer año", señaló, destacando su relevancia para las pymes.
También valoró las medidas en vivienda, en un contexto de crisis sectorial. "La exención temporal de IVA a la primera venta de viviendas apunta en la dirección correcta para destrabar ese mercado", indicó, vinculándolo con la reactivación de proveedores y subcontratistas.
Sin embargo, advirtió varios focos de tensión. "Principalmente en la rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas es políticamente la parte más sensible", sostuvo.
Asimismo, cuestionó la eliminación de la franquicia Sence. "Para muchas pymes esa franquicia era el principal mecanismo de capacitación de sus trabajadores", advirtió, señalando que su eliminación "va a generar resistencia".
Finalmente, planteó un riesgo transversal: "Si eso no se traduce en inversiones concretas en el corto plazo, el dinamismo esperado tarda en llegar", cerró, en referencia a la implementación efectiva de la simplificación regulatoria.
