Una intensa polémica se desató este jueves luego de que se filtraran en redes sociales una serie de oficios remitidos por el Ministerio de Hacienda a las distintas carteras del Ejecutivo, fechados el 21 de abril, en los que se entregaban lineamientos para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
Los documentos contenían lineamientos técnicos y referencias a evaluaciones de programas públicos, incluyendo recomendaciones para revisar, ajustar o eventualmente descontinuar iniciativas estatales.
Su difusión abrió un flanco inmediato al Gobierno, particularmente por la referencia a programas sociales de alta visibilidad.
El plan se inscribe dentro del ajuste fiscal de US$6.000 millones comprometido por el actual Ejecutivo desde la campaña presidencial.
Bajo ese marco, una de las primeras instrucciones de Hacienda fue solicitar a los organismos dependientes del gobierno central una rebaja del 3% —cerca de US$3.000 millones— en sus presupuestos 2026, respecto de lo cual esta semana, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, informó que "hasta el momento el gasto rebajado es del orden de US$1.980 millones".
Rápidas críticas
Desde la oposición, las reacciones cruzaron el espectro político.
La excandidata presidencial Evelyn Matthei apuntó en X que "en los anexos, la Dipres propone como recomendación descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega".
Desde la izquierda, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue tajante: "Hoy nos enteramos de que Hacienda busca hacer uno de los recortes de programas sociales más grandes que hayamos conocido en Chile. Nos preocupan profundamente las familias, las decisiones del gobierno están teniendo grandes efectos en sus bolsillos. En campaña nos dijeron que no se tocarían los derechos sociales, pero hoy el gobierno está demostrando que su estrategia es achicar el Estado, y que hará que todo Chile, y principalmente las personas más pobres, paguen el costo de la reforma tributaria para los súper ricos, que están haciendo pasar por Plan de Reconstrucción Nacional".
En la misma línea, la diputada Emilia Schneider anunció acciones parlamentarias: "Como FA y en coordinación con la oposición, hemos oficiado a los distintos ministerios para tener información sobre los recortes que propone el ministro Quiroz. Además, solicitaremos una sesión especial en la Cámara para que el gobierno dé la cara. Llamamos a los ministerios a no acatar las malas propuestas de Hacienda. Retroceder en derechos y beneficios para la gente no es eficiencia, es inaceptable".
Desde el Senado, la senadora socialista Daniella Cicardini sostuvo que "quitarle la alimentación a los niños más pobres de Chile para compensar la rebaja de impuestos y los regalos a los superricos es de una crueldad sin límites. Ministro Quiroz, Chile merece una explicación; no puede ser que el gobierno de Kast sea tan insensible".
El despliegue de Quiroz
Frente a la escalada de los cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió rápidamente a aclarar el alcance de los documentos.
El secretario de Estado explicó que "lo único que se ha enviado es un oficio, que es un oficio que se envía en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer”.
"De hecho, lo envía la Dipres todos los años y en ese oficio, lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son programas que se evaluaron mal en la Dipres. Usted sabe que la Dipres siempre evalúa, hay muchos programas mal evaluados siempre, y le estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro", agregó.
El titular de las finanzas públicas remarcó que "aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa. Es un oficio. Todavía no está el decreto de ajuste de gasto". Consultado específicamente por un eventual recorte en alimentación escolar, fue categórico: "Ninguno. El Mineduc tiene que decidirlo, y todo esto es en el contexto de un volumen de ajuste de gasto que hay que hacer".
En paralelo, la cartera emitió un comunicado oficial en el que precisó que los oficios enviados "corresponden a una etapa inicial y habitual del ciclo presupuestario, en la que se entregan lineamientos técnicos y antecedentes para la elaboración de propuestas por parte de cada ministerio".
En el texto, desde Teatinos 120 reiteraron que "la comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para la contención y evaluación del gasto".
La autoridad añadió que los antecedentes provienen del sistema de monitoreo y evaluación del gasto público desarrollado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), y subrayó que las recomendaciones "se refieren exclusivamente a los programas en su formato actual, y no implican un cuestionamiento a las políticas públicas".
"Las políticas públicas vigentes no están en discusión. Lo que se evalúa es la forma en que estas se ejecutan, para asegurar que los recursos se utilicen con mayor eficiencia y eficacia", indicaron.
Finalmente, Hacienda recalcó que las decisiones definitivas sobre el Presupuesto 2027 se adoptarán en el marco del proceso institucional correspondiente, que culmina con la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso Nacional.
Los detalles de los oficios
Según consignó La Tercera, los recortes propuestos por Hacienda incluyen descontinuar 142 programas dependientes de 22 ministerios, los que en conjunto tienen un costo anual que llega a los $5,4 billones.
Salud es la cartera donde se sugiere avanzar con mayores recortes, con 25 programas a descontinuar. Entre ellos figuran el Plan Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes, Elige Vida Sana, el Plan Nacional de Demencia, el Programa Odontológico Integral, el Programa de Apoyo a la Identidad de Género, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), el Programa de Salud Trans y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.
La segunda cartera con más programas observados es Economía, con 16 ítems, que incluyen Súmate a Innovar, Fomento a la Calidad, el Programa Red de Asistencia Digital y Servicios Virtuales, entre otros.
En tercer lugar aparece Educación, con 15 programas. Entre los que se propone suprimir están el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar, la Beca de Apoyo Vocación Profesor, el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría, el Programa Nacional de Lectura, Reinserción Escolar, el Plan Nacional de Escritura, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, exbeca Puntaje PSU.
En cuarto lugar se ubica Desarrollo Social, donde se buscaría terminar con 13 programas, entre ellos Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, Innova Fosis y otros vinculados a comunidades de pueblos originarios.
En Ciencias se propone no seguir con 11 iniciativas, entre las que figuran las Becas de Posgrado en Chile, Becas de Posgrado en el Extranjero, Centros de Excelencia en Investigación y Desarrollo en Áreas de Focalización Estratégicas, el Fondo de Publicaciones Científicas y el Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM).
Más abajo en el listado aparece Seguridad, con tres proyectos sugeridos para eliminación: Calles sin Violencia, Innovación y Transferencia Técnica Territorial y el Programa Contra el Crimen Organizado.
En Justicia son dos los planes en los que se propone no persistir: el Programa de Derechos Humanos y el de Intermediación Laboral para Jóvenes.
Respecto del primero, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ya se pronunció y comunicó a Hacienda que "la idea no será considerada en ningún sentido".
