Esta jornada se realizará una nueva sesión del Comité de Ministros y el Gobierno se prepara para revisar una cartera de proyectos que, en conjunto, superan los US$400 millones en inversión y que permanecen entrampados en distintas etapas del sistema de evaluación ambiental.
La instancia -clave para destrabar o redefinir iniciativas- volverá a sesionar marcando su tercera convocatoria bajo la actual administración.
El comité, encabezado por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, abordará en esta ocasión cuatro reclamaciones vinculadas tanto a titulares de proyectos como a procesos de participación ciudadana.
Se trata de iniciativas emplazadas en distintas regiones del país y que abarcan sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.
En total, los proyectos suman US$444 millones y reflejan la diversidad de tensiones que atraviesan hoy el sistema ambiental: desde cuestionamientos técnicos a resoluciones de calificación ambiental hasta observaciones de comunidades que acusan falta de consideración de sus planteamientos.
El proyecto más antiguo en evaluación
Uno de los casos que estará sobre la mesa es el de la "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", iniciativa ligada al Grupo Errázuriz que arrastra más de una década en tramitación. Ingresado originalmente en 2009, el proyecto ha actualizado su inversión hasta alcanzar los US$143 millones.
Ubicado en la Región de Antofagasta, el plan busca producir hasta 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio mediante la recuperación de sales presentes en salmueras cercanas al Salar de Atacama. Sin embargo, su avance se vio frenado luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional rechazara su Estudio de Impacto Ambiental en agosto del año pasado.
Ahora, el titular recurrió al Comité de Ministros para revertir esa decisión, en una reclamación que será analizada en esta nueva sesión.
Infraestructura bajo cuestionamiento ciudadano
Otro de los proyectos en revisión corresponde a las "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón", impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y con una inversión de US$76 millones.
A diferencia del caso anterior, esta iniciativa cuenta con una calificación ambiental favorable. Sin embargo, enfrenta una reclamación presentada por un grupo de personas, quienes cuestionan la resolución de la Coeva Metropolitana. Según sostienen, el proyecto fue aprobado sin cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente.
En concreto, acusan que la obra fue visada sin contar con los antecedentes necesarios, señalando que no se habrían considerado los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales establecidos en la Ley 19.300.
Hidrógeno verde y participación ciudadana
En el ámbito energético, el Comité también revisará el proyecto "Hidrógeno Verde Bahía de Quintero", impulsado por GNL Quintero, que contempla una inversión de US$30 millones.
La iniciativa busca instalar una planta para la producción de hidrógeno verde —considerado uno de los combustibles clave en la transición energética— utilizando agua potable y energía proveniente de fuentes renovables, dentro del mismo predio donde opera la actual planta de regasificación.
En este caso, la controversia surge desde la participación ciudadana. La abogada Alejandra Donoso, en representación de una observante del proceso, presentó una reclamación administrativa argumentando que sus observaciones no fueron "debidamente" consideradas durante la evaluación ambiental.
Tensiones en transmisión eléctrica
El cuarto proyecto en tabla corresponde a la “Nueva S/E Seccionadora Nueva Lagunas y nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal”, desarrollado por Interconexiones del Norte, con una inversión de US$195 millones.
Se trata de una iniciativa clave para el sistema de transmisión eléctrica, pero que también enfrenta cuestionamientos. En este caso, existen reclamaciones tanto del titular como de actores vinculados a la participación ciudadana.
Desde la empresa, si bien se reconoce que el proyecto obtuvo una calificación ambiental favorable, se objeta la inclusión de ciertas exigencias en la Resolución de Calificación Ambiental.
Según plantean, se trata de "una exigencia ilegal, carente de sustento metodológico, no discutida ni validada en el marco de la evaluación ambiental, y que altera gravemente la continuidad lógica del indicador de cumplimiento propuesto por el titular de una de las medidas de mitigación y uno de los compromisos ambientales voluntarios, comprometidos".
