A más de dos años de su promulgación, la implementación de la denominada "Ley Uber" entró en una etapa decisiva.
El Ministerio de Transportes ingresó a la Contraloría General de la República un nuevo reglamento corregido de la Ley 21.553, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), en un intento por destrabar su entrada en vigencia.
La norma, publicada en abril de 2023, se mantuvo sin aplicación práctica debido a la ausencia de este reglamento, lo que dejó a miles de conductores y usuarios operando en un escenario de indefinición jurídica.
Con este nuevo paso, el Ejecutivo busca cerrar un proceso que se extendió por años y que generó tensiones tanto con la industria como con otros actores del transporte.
De acuerdo a antecedentes conocidos, la cartera introdujo cambios sustantivos al texto original, incorporando varias de las observaciones planteadas por empresas del sector como Uber, Cabify y Didi. Estos ajustes apuntaron principalmente a reducir barreras de entrada, flexibilizar la operación y evitar efectos negativos en el empleo.
En ese contexto, el ministro de Transportes, Louis de Grange, había sostenido reuniones con representantes de las plataformas durante marzo, instancia en la que recogió inquietudes de la industria. En esa oportunidad, la autoridad enfatizó que "lo primero es proteger el empleo, es el mandato del Presidente".
El debate no fue menor. Según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), citadas por el gremio Alianza In, el sector generó más de 125 mil empleos formales en 2025, lo que elevó la presión por diseñar una regulación que no afectara la continuidad laboral ni la oferta de servicios.
Menos barreras de entrada y mayor flexibilidad
Uno de los cambios más relevantes del nuevo reglamento fue la modificación en los requisitos de antigüedad de los vehículos. Mientras la versión anterior establecía un máximo de un año para la primera inscripción, el nuevo texto amplió ese margen a cinco años, y hasta siete años en regiones extremas. Para los vehículos en operación, el límite quedó fijado en 15 años.
La actualización buscó reducir las barreras de entrada para nuevos conductores, uno de los puntos más cuestionados por la industria en la propuesta original.
A esto se sumó la eliminación de exigencias relacionadas con la cilindrada y potencia del motor, requisitos que habían sido considerados restrictivos y poco alineados con la realidad del parque automotriz.
Simplificación de requisitos y operación
El reglamento también introdujo una simplificación en la documentación exigida a los conductores y empresas. En concreto, se eliminaron aquellos antecedentes que el propio Estado puede obtener a través de registros oficiales, reduciendo así la carga administrativa.
Asimismo, se incorporaron mayores facilidades para el reemplazo de vehículos y se aumentó la frecuencia de publicación de cupos disponibles, pasando de 30 a 10 días, lo que permitió una mayor dinámica en la operación del sistema.
En la misma línea, se redujo la cantidad de datos exigidos sobre la operación del servicio, limitándolos a aquellos estrictamente necesarios para cumplir con la normativa.
Fin al congelamiento de cupos
Otro de los puntos críticos abordados fue el mecanismo de asignación de cupos. El reglamento anterior contemplaba una distribución inicial fija, lo que fue duramente cuestionado por las empresas, que advertían una posible "distorsión de mercado".
El nuevo enfoque eliminó esta lógica de congelamiento, apostando por un sistema más flexible. El propio ministro De Grange sostuvo que "el congelamiento atenta en contra de una de las principales virtudes que tiene la industria de las apps de transporte, que es la flexibilidad de adaptar la oferta a los niveles de demanda. Las propuestas de cambio que estamos incorporando buscan mantener esta flexibilidad, a fin de no afectar la calidad de servicio de cara a los pasajeros".
Equilibrio con taxis y objetivos del Gobierno
Pese a los cambios, el debate sobre la equidad regulatoria se mantuvo presente. El exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, había defendido la versión anterior señalando que buscaba "equiparar las condiciones entre el mercado de las aplicaciones de transporte y los taxis tradicionales".
Desde el Gobierno indicaron que las modificaciones actuales se tramitaron en paralelo tanto para el reglamento de las EAT como para el que regula a los taxis (decreto supremo N° 212), con el objetivo de mantener cierto equilibrio entre ambos sistemas.
