El debate por la paralización de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) sigue escalando y dejó al descubierto una cadena de cuestionamientos cruzados entre autoridades de gobierno, la administración anterior y el mundo privado.
La decisión de poner término anticipado al contrato no solo abrió un flanco técnico y presupuestario, sino que también tensionó la discusión sobre prioridades fiscales, criterios de inversión pública y la forma en que se adjudican grandes obras culturales.
En el centro de la controversia está el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien defendió la determinación del Ejecutivo apelando a una lógica de priorización del gasto en medio de restricciones económicas.
Sus dichos, sin embargo, generaron duras respuesta desde la constructora a cargo del proyecto, así como de la exministra de Obras Públicas,
Jéssica López, quien cuestionó tanto el diagnóstico como la forma en que se instaló el debate.
El proyecto -que buscaba retomar una obra inconclusa desde 2018 y que presentaba un avance cercano al 45%- había sido adjudicado en la recta final del gobierno anterior, con un costo que superaba ampliamente la estimación inicial del Estado.
Este punto fue uno de los ejes del conflicto: mientras desde el actual gobierno se habló de un gasto excesivo y financieramente inviable, desde la administración previa y la empresa adjudicataria se defendió la legalidad y consistencia del proceso.
Al debate también se sumó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien respaldó la decisión de paralizar el proyecto argumentando problemas de flujo de caja, y voces del mundo técnico que defendieron el valor estratégico de la infraestructura.
En paralelo, arquitectos y especialistas advirtieron que la discusión se estaba simplificando en exceso, omitiendo aspectos técnicos clave del diseño y operación del recinto.
El argumento del Gobierno: costo, prioridades y restricciones fiscales
El subsecretario del MOP, Nicolás Balmaceda, sostuvo que la decisión de frenar la obra se enmarcó en una evaluación de prioridades. En una carta a El Mercurio, recordó el lema histórico del ministerio: "No abandonar lo útil por lo grandioso", señalando que este cobraba especial sentido en el contexto actual.
Según explicó, el proyecto implicaba un costo de $114 mil millones, es decir, más de $40 mil millones por sobre el presupuesto oficial, y además presentaba dificultades en su financiamiento dentro de los plazos establecidos.
"En medio de la emergencia económica y fiscal en la que nos encontramos, ¿tenía sentido que el Estado siguiera adelante con la segunda etapa del GAM, tal y como estaba planteada?", planteó, agregando que tanto el Ministerio de las Culturas como el MOP coincidieron en que no.
Balmaceda enfatizó que existen necesidades más urgentes a nivel país. "Mientras el 40% de las comunidades rurales más aisladas no tengan agua potable ni servicios sanitarios (...) tenemos la obligación de priorizar estos proyectos", advirtió.
En la misma línea, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, reforzó que la decisión no fue fácil, pero sí necesaria. "A ningún ministro, y por cierto al Presidente José Antonio Kast, le agrada ni le agradó tomar la decisión", señaló a Canal 13.
Sin embargo, apuntó directamente a la falta de respaldo financiero: "Lamentablemente, los flujos de caja para poder solventar este proyecto no estaban garantizados, ni en el primer año ni para adelante".
La respuesta de la constructora: "sembrar dudas es intolerable"
Desde la empresa Moller y Pérez Cotapos (MPC), constructora e inmobiliaria que participó en el proceso de licitación del Centro Cultural Gabriela Mistral, las declaraciones del subsecretario fueron recibidas con dureza. Su presidente, Vicente Bertrand, defendió el proceso de licitación y cuestionó el tono de la autoridad.
"Si el Estado decide poner término anticipado a un contrato, está en su derecho (...) Sin embargo, sembrar un manto de dudas sobre el proceso de adjudicación y los montos involucrados es simplemente intolerable", afirmó en una carta a el director de El Mercurio.
El ejecutivo recalcó que la licitación se extendió por más de un año y medio y contó con la participación de cinco actores. "No fue entre 'gallos y medianoche', justo antes de terminar el anterior gobierno", sostuvo.
Asimismo, defendió la diferencia entre el presupuesto estatal y la oferta adjudicada. "El hecho de que el Estado tuviera un presupuesto de $72.000 millones (...) no significa que la obra costara eso", indicó, agregando que la propuesta presentada era pública y transparente. "Les pido que dejen de justificar sus decisiones sembrando dudas", remató.
Jéssica López: críticas al diagnóstico y defensa del proceso
La exministra de Obras Públicas del Gobierno de Gabriel Boric, Jéssica López, apuntó contra Balmaceda y manifestó que "no sé si el subsecretario no conoce el Estado o trató de instalar una cuña media perversa".
También salió al paso de las declaraciones del subsecretario, cuestionando tanto el concepto de "sobrecosto" como la idea de una adjudicación apresurada.
"Sí, pues naturalmente" estaban los recursos, afirmó a radio Infinita, explicando que el proyecto había pasado por todos los filtros institucionales, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social, Hacienda y la Contraloría.
Respecto a la diferencia de montos, fue enfática: "No, no es sobrecosto". A su juicio, se trató de una brecha habitual entre la estimación estatal y las propuestas privadas, considerando riesgos y complejidades. "Las empresas aplican naturalmente sus primas de riesgo respecto a un proceso constructivo (...) de una complejidad mayor", explicó.
Además, rechazó la idea de improvisación. "Es falta de seriedad porque no sabe que hubo, a lo mejor, un trabajo de cuatro años para reponer esta obra", dijo, añadiendo que el proceso incluyó rediseños, actualizaciones tras el estallido social y múltiples etapas administrativas.
El trasfondo técnico: una obra compleja y de alto estándar
Más allá del conflicto político y económico, desde el mundo de la arquitectura se defendió el valor del proyecto. El arquitecto Cristián Fernández Eyzaguirre explicó que la sala contemplada en la segunda etapa del GAM respondía a estándares internacionales y a un modelo de uso intensivo.
Detalló que el diseño permitía múltiples configuraciones, con capacidades que podían alcanzar las 1.800 butacas o adaptarse a distintos formatos escénicos. "Estas características técnicas son necesarias para rentabilizar la sala y darle un uso intenso y operacionalmente eficiente", sostuvo en una misiva a El Mercurio.
Asimismo, advirtió que comparar este proyecto con otras infraestructuras culturales locales resultaba impreciso. "Comparar los costos de este proyecto con infraestructuras completamente diferentes confunde a la opinión pública", afirmó, haciendo un llamado a elevar el nivel del debate.
