Nuevamente salió al debate el futuro regulatorio del sector pesquero.
Luego de que este martes el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, señalara en entrevista con Pulso que el proyecto de nueva Ley General de Pesca impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric no continuará su tramitación y no será reingresado al Congreso.
Según explicó la autoridad,
se trataba de una iniciativa de carácter "refundacional" que buscaba reemplazar íntegramente la actual normativa, optándose ahora por avanzar mediante proyectos específicos sobre materias sectoriales.
En paralelo, remarcó que respecto de la Ley de Fraccionamiento Pesquero "no hay vuelta atrás", recalcando que corresponde implementarla y resolver sus desafíos operativos pendientes.
Ante esto, desde el mundo empresarial, Industriales Pesqueros del Biobío valoró la señal entregada por el Ejecutivo.
En declaraciones a Emol, el gremio sostuvo que durante los últimos años había insistido en la necesidad de contar con certezas jurídicas como condición habilitante para abrir una nueva etapa de desarrollo, proyección y sofisticación de la pesca industrial del Biobío.
"La estabilidad de las reglas del juego es clave para cualquier actividad económica que busque activar inversiones. La certeza y seguridad jurídica, en el caso de la pesca industrial, estamos seguros, consolidará la posición de Chile como potencia pesquera a nivel mundial y seguirá aportando, como una de las vocaciones productivas históricas de la zona centro-sur del país, a la generación de empleo formal, a la sostenibilidad de los recursos y a la elaboración de alimentos", sostuvieron.
Asimismo, destacaron avances competitivos del sector, apuntando a que pesquerías como el jurel y la merluza común cuentan con certificación internacional MSC, estándar que acredita prácticas responsables y compromiso con la conservación de ecosistemas marinos.
"En ese contexto, la decisión del Gobierno va en la dirección correcta, en cuanto contribuye a despejar incertidumbres y permite proyectar el desarrollo del sector sobre bases más estables", señalaron, agregando que cualquier definición futura debiera resguardar criterios técnicos, evidencia científica y una visión de largo plazo.
Desde el Senado, en tanto, surgieron visiones contrapuestas.
El senador Iván Flores, integrante de la Comisión de Pesca, advirtió que la decisión deja asuntos abiertos para la actividad.
"Se generan vacíos preocupantes para el sector, porque había un compromiso de contar con una ley. Si no van a volver a presentar una ley de pesca integral, digan de inmediato qué es lo que van a presentar para ir remediando los vacíos que hoy tiene la pesca artesanal y la pesca industrial en Chile", afirmó el parlamentario, mientras participaba en actividades con pescadores artesanales del sur en Niebla.
Una postura distinta manifestó el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Carlos Kuschel, quien respaldó la determinación del Ejecutivo y sostuvo que la Ley de Fraccionamiento ya resolvió una parte relevante de la discusión regulatoria.
El legislador indicó que la iniciativa sectorial pendiente llevaba más de dos años prácticamente sin movimiento en la Cámara y que ello había incidido en la paralización de actividad económica en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes.
A su juicio, ahora corresponde avanzar en cambios puntuales para reactivar la industria, mencionando entre ellos la relocalización de concesiones y otras medidas proinversión, en especial en la acuicultura.
