Entre 2025 y 2027, el sector financiero chileno deberá implementar simultáneamente un conjunto de normativas como la Ley de Deuda Consolidada, Ley de Protección de Datos, Ley de Ciberseguridad, Ley de Prevención del Delito y el Sistema de Finanzas Abiertas, entre otras.
Desde el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito advierten que ejecutar estas normativas generará altos costos de implementación en el sector, lo que significaría un desafío para su cumplimiento. El mundo de las cooperativas representan menos de un 2% de los activos financieros del sistema, aunque señalan que poseen más de 2 millones de socios en sectores que la banca no cubre (como trabajadores del sector público, agricultores, microempresarios y pensionados). Actores del rubro indican que si bien la banca tradicional puede soportar estas cargas regulatorias, dado su alto patrimonio, aseguran que para las cooperativas implican costos elevados.
