El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este lunes durante la comisión de Hacienda las preguntas de los parlamentarios respecto de los alcances de las modificaciones al régimen DFL2, la eliminación de la franquicia tributaria del Sence y otras medidas contenidas en el proyecto de "Reconstrucción Nacional", defendiendo su impacto tanto en recaudación como en el mercado laboral.
En primer lugar, Quiroz contextualizó la discusión con el escenario económico actual, advirtiendo cifras negativas. Según señaló, el país acumula tres meses con Imacec en terreno negativo y registra la primera caída de empleos formales desde la pandemia, con cerca de 33 mil puestos perdidos.
En ese marco, defendió medidas como el crédito tributario al empleo como una protección a los puestos de trabajo formales, destacando que el beneficio propuesto no depende del salario mínimo, sino de valores fijados en UTM. "Esto está pensado como una protección para las circunstancias actuales", afirmó, agregando que, a medida que mejoren el crecimiento y las remuneraciones, el impacto del subsidio tenderá a disminuir.
Asimismo, aclaró que los cambios al DFL2 distinguen entre personas naturales y jurídicas. En ese sentido, explicó que los beneficios tradicionales -como los asociados a herencias, contribuciones o impuesto de timbres y estampillas- no se extienden a personas jurídicas.
"El único beneficio que va es respecto a la renta de arrendamiento", precisó, detallando que se establece una tasa única de 5% para propiedades menores a 90 m², lo que marca una diferencia con el régimen anterior.
Respecto de la franquicia tributaria del Sence, el ministro enfatizó que su eliminación no implica el fin del organismo. "Lo que se está eliminando es la franquicia tributaria, no el Sence", sostuvo, argumentando que esta herramienta -destinada a capacitar trabajadores ya empleados- no ha demostrado impactos significativos en variables como remuneraciones, estabilidad laboral o empleabilidad. A ello sumó observaciones de la Contraloría que detectaron retrasos, irregularidades y deficiencias en la ejecución de cursos.
En paralelo, el secretario de Estado también defendió la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones incluida en el proyecto, una de las medidas que ha generado mayor debate.
La iniciativa propone una ventana de 12 meses en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto vigente -cuya tasa máxima hoy alcanza el 25% para grandes patrimonios-, además de simplificar el proceso al eliminar la insinuación judicial y permitir el pago del tributo mediante préstamos asociados a las mismas sociedades donadas.
Frente a las críticas por eventuales espacios de elusión, Quiroz sostuvo que "más que una elusión pura y simple es que ocurren planificaciones muy a largo plazo", lo que dificulta detectar posibles maniobras. En esa línea, explicó que el objetivo de la medida es asegurar recaudación efectiva en el corto plazo, ante un sistema actual que permite postergar o reducir el pago de impuestos mediante planificación tributaria.
"Muy conservadoramente es nuestra expectativa, pero (esperamos) una recaudación importante de dinero", afirmó, precisando que el Gobierno proyecta ingresos cercanos a los US$ 300 millones por este concepto. A diferencia de otras normas del paquete tributario, subrayó que esta disposición tiene un foco eminentemente recaudatorio, buscando anticipar ingresos fiscales en el actual contexto económico.
