El proyecto de ley de "Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social" enfrentará esta jornada su primer examen a ojos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que expondrá sus observaciones al respecto.
El lunes ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó durante la comisión de Hacienda las preguntas de los parlamentarios respecto de los alcances de las modificaciones al régimen DFL2, la eliminación de la franquicia tributaria del Sence y otras medidas contenidas en el proyecto de "Reconstrucción Nacional", defendiendo su impacto tanto en recaudación como en el mercado laboral.
Con todo, la presentación del organismo -encabezado por la economista Paula Benavides- se producirá a eso de las 16.30 horas en la comisión de Hacienda de la Cámara y luego de que Quiroz acudiera la semana pasada a defender los alcances del proyecto ante los consejeros.
Ese intercambio previo dejó instalado que el debate no solo será político, sino también técnico, con foco en la sostenibilidad de las cuentas fiscales.
En ese contexto, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha concentrado la atención. Diversos economistas y actores políticos advirtieron que, en sus primeros años de implementación, la reforma generaría un déficit fiscal, debido a que las rebajas tributarias y otras medidas implican mayores costos que los ingresos derivados del crecimiento económico proyectado.
Aunque el Ejecutivo sostiene que el balance se revertirá con el paso del tiempo, los cuestionamientos apuntan a la consistencia de esa trayectoria y a los riesgos que podría implicar para la meta de equilibrio fiscal comprometida hacia el final de la década.
Así, la intervención del CFA podría resultar decisiva para introducir ajustes o reforzar el diseño del proyecto.
Déficit en los primeros años y dudas sobre la convergencia fiscal
Uno de los principales focos de análisis ha sido el impacto fiscal de corto plazo. Según la Dipres, durante los primeros años de aplicación del proyecto, el costo de las medidas -incluidas rebajas de impuestos y cambios transitorios- superaría los ingresos adicionales derivados del crecimiento económico.
El economista Patricio Rojas advirtió que este escenario obligaría a revisar el alcance de la iniciativa. "Una cosa es financiar la reforma, lo cual tiene déficit en el corto plazo, pero adicionalmente está el lograr el equilibrio fiscal, y ese objetivo no está financiado hacia el 2030", dijo a El Mercurio.
En esa línea, sostuvo que "si el Gobierno realmente quiere lograr el equilibrio fiscal hacia el 2030, el esfuerzo que tiene que hacer en reducción de gasto es mucho más significativo. El proyecto se va a tener que colocar menos ambicioso en algunos aspectos".
Rojas agregó que los desbalances transitorios podrían ser cubiertos con mayor endeudamiento. "Los pequeños déficits que se van generando durante la transición (de la reforma) se podrían contemplar con algo más de deuda para poder financiarlos", afirmó, junto con advertir que "con respecto al objetivo de balance estructural al 2030, se iría a un déficit de en torno a un 1% el PIB".
Proyecciones de largo plazo bajo escrutinio
El informe financiero también proyecta que, en un horizonte de 15 años, el costo fiscal total de la reforma alcanzaría los US$3.549 millones, considerando tanto mayores gastos como menores ingresos tributarios.
En paralelo, el efecto positivo por mayor crecimiento podría generar una recaudación de hasta US$6.333 millones, aunque en escenarios más conservadores esa cifra se reduce a US$3.248 millones.
Hacia el año 25, en tanto, el impacto fiscal positivo escalaría a US$8.684 millones, impulsado principalmente por medidas como la reducción de plazos en permisos, la baja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria.
Pese a esas cifras, especialistas han puesto en duda la solidez de las estimaciones.
La economista Andrea Repetto sostuvo que el Consejo Fiscal debería adoptar una postura crítica. "Yo creo que sí (debería pronunciarse negativamente el CFA), va a decir que hay que ser prudente, usando el vocabulario del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal estimó que nos faltaban como nueve puntos para financiar (de déficit estructural) de aquí a los próximos años, el Fondo Monetario Internacional dice que son 11 (puntos)", afirmó en T13 Radio hace algunos días.
En esa línea, advirtió que "hay un montón de problemas de sostenibilidad y de convergencia fiscal que necesitamos hacer y no se pueden agregar más problemas a esta sopa".
Por su parte, Cecilia Cifuentes planteó reparos a la meta fiscal del Ejecutivo. "La meta de lograr equilibrio fiscal estructural al fin del Gobierno parece excesivamente exigente", dijo a El Mercurio.
Expectativas políticas ante el pronunciamiento del Consejo
En el Congreso, el escenario también genera expectativas divididas. Al mismo medio, el diputado Carlos Bianchi (ind-PPD) manifestó que espera una evaluación técnica objetiva. "(El CFA) tiene que analizar si la fórmula propuesta por el Gobierno va a permitir tener crecimiento, para que no quedemos solo con deuda y eliminación de programas sociales. Como está formulado el proyecto esto no va a ocurrir antes de 10 años".
El parlamentario agregó que "sería bueno que el Consejo Fiscal determine cuáles serían los pasos que haya que implementar", aunque advirtió que "me temo que también ellos podrían reafirmar el tema de la eliminación de programas".
En tanto, el presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), puso el foco en el rol técnico del organismo. "El Consejo Fiscal tiene un mandato, ellos van a analizar los números", manifestó.
Asimismo, subrayó que "lo que apunta esta reforma es hacer crecer la base tributaria, más allá de una recaudación vía tasas y tributo tradicional, necesitamos que haya crecimiento sobre el cual pagar impuestos", junto con anticipar que el análisis incluirá "los riesgos que genera una reforma de estas características y también el mandato que se le va a exigir a este Gobierno de tener un ajuste de gasto importante".
