El proyecto que busca reajustar el monto del ingreso mínimo mensual comenzará esta tarde su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados -luego de que el Gobierno lo ingresara- en medio de un escenario laboral marcado por debilidad en el empleo formal y persistentes niveles de desocupación.
El informe del Ejecutivo sostiene que el mercado laboral continúa mostrando fragilidades, con una tasa de desempleo de 8,9% en el trimestre enero-marzo y más de tres años consecutivos por sobre el 8%, ubicando a Chile entre los niveles más altos de la OCDE.
A ello se suma una creación de empleo concentrada en la informalidad, lo que encendió alertas sobre la calidad de los puestos de trabajo.
En este contexto, el Ejecutivo optó por un reajuste acotado del salario mínimo, alineado con la evolución reciente de la inflación. Según el documento, la propuesta busca "mantener el poder adquisitivo de las familias", evitando impactos adicionales en el empleo formal y en los costos laborales de las empresas.
El proyecto también incorporó ajustes en la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar, junto con un mecanismo automático de reajuste para 2027, lo que permitió proyectar la evolución de estos beneficios en línea con el IPC.
Sin embargo, el debate legislativo se abre en un momento en que distintos factores -como el aumento de costos laborales, la reducción de la jornada y la futura alza de cotizaciones- ya presionaban especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que concentran la mayor parte de los trabajadores que perciben el salario mínimo.
Reajuste acotado al salario mínimo
El eje central del proyecto fue el incremento del ingreso mínimo mensual a $546.546 para trabajadores entre 18 y 65 años, lo que implicó un alza de $7.546 respecto del monto vigente, equivalente a la variación acumulada del IPC en el primer trimestre (1,4%).
En paralelo, el salario mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 se elevó a $407.711, mientras que el ingreso mínimo para fines no remuneracionales se fijó en $352.298.
Según explicó el Ejecutivo, el diseño del reajuste respondió a una lógica de contención, considerando que el salario mínimo ya había experimentado un crecimiento real significativo en los últimos años -23% desde mayo de 2022-, superando la evolución de los salarios promedio y del PIB per cápita.
Extensión a beneficios sociales
La iniciativa no solo aborda el salario mínimo, sino que extendió el reajuste a la asignación familiar, maternal y al subsidio familiar, ajustando tanto los montos como los tramos de ingreso.
Entre los cambios, se propone un pago de $22.315 por carga para quienes perciben hasta $628.935 mensuales, mientras que los montos disminuyen progresivamente en tramos superiores hasta extinguirse sobre ingresos de $1.432.738.
En ese sentido, un pago de $13.694 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $628.935 y no exceda de $918.624.
De $4.327 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual
supere los $918.624 y no exceda de $1.432.738
Asimismo, el subsidio familiar se fijó en $22.315 desde mayo de 2026, alineándose con la actualización de los demás beneficios.
Ajustes automáticos y horizonte 2027
El proyecto incorpora un mecanismo de reajuste automático a partir de enero de 2027, estableciendo que el salario mínimo y los beneficios asociados se actualizarán según la variación acumulada del IPC entre abril y diciembre de 2026.
Además, se fijó el compromiso de enviar un nuevo proyecto de reajuste a más tardar en junio de 2027, con el objetivo de que rija desde julio de ese año, manteniendo así una periodicidad en la revisión del ingreso mínimo.
Presiones sobre el mercado laboral
El mensaje presidencial advirtió que el reajuste se discutió en un contexto de crecientes costos laborales. Entre los factores mencionados figuraron los aumentos previos del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 42 horas y el incremento de cotizaciones derivado de la reforma previsional.
De hecho, la reducción de la jornada implicó un aumento de 4,5% en el costo por hora trabajada, lo que, según el informe, podría tener efectos persistentes sobre el empleo si no se adoptan medidas que incentiven la contratación formal.
El documento también destacó que las empresas de menor tamaño enfrentaron mayores dificultades, registrando destrucción de empleo en 17 de los últimos 18 meses, en un escenario de márgenes estrechos y restricciones financieras.
Impacto fiscal del proyecto
Desde el punto de vista fiscal, la iniciativa implicaría un mayor gasto estimado en $29.273 millones en régimen, con efectos principalmente en subsidios, asignaciones y programas asociados, como la alimentación escolar.
Para 2026, el costo se estimó en $12.411 millones, financiado con cargo al Tesoro Público, mientras que en los años siguientes los recursos deberán contemplarse en la Ley de Presupuestos.
