La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, entregó este martes una serie de definiciones sobre el rol de su cartera en la agenda que impulsa el Gobierno para facilitar la inversión en el país.
Esto, en medio del debate en torno al proyecto de Reconstrucción que empuja el Ejecutivo en el Congreso.
La iniciativa, que contempla más de 40 medidas orientadas a la reactivación económica, incluye una que ha generado reparos entre los parlamentarios:
la propuesta de restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental —RCA— es invalidada por la vía judicial.
En entrevista con EmolTV, Toledo sostuvo que el foco del Gobierno es dar mayor certeza al sistema ambiental, reducir los tiempos de espera y ordenar las reclamaciones pendientes, sin alterar el criterio técnico de las decisiones.
Respecto de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, explicó que el objetivo de esa norma es enviar una señal de certeza desde el Estado hacia quienes invierten. "El esfuerzo que está detrás es una señal del Estado de, en cierta medida, compartir un poco el riesgo de la inversión", indicó.
La ministra agregó que la compensación operaría "una vez agotado el trámite judicial" y que, en ese escenario, el Estado se haría parte de la invalidación.
Respecto del impacto fiscal, Toledo sostuvo que "el dinero sale del fisco, pero es difícil establecer un número porque va a depender de cada proyecto y de lo que alcanzó a ejecutar".
"El proyecto define un tiempo, cinco años hacia atrás, las inversiones que se lograron concretar y sobre eso vendría la compensación", detalló.
A su juicio, la señal que se busca entregar es "reforzar las certezas del proceso de evaluación ambiental y que el Estado asuma el riesgo".
En todo caso, Toledo subrayó que la medida no implica alterar la forma en que opera el sistema de evaluación. "El SEA va a seguir funcionando con el criterio técnico de siempre", afirmó.
Por otra parte, la ministra señaló que la primera instrucción recibida desde el Presidente fue hacerse cargo del stock de reclamaciones pendientes en su tramitación ambiental.
Según explicó, se trataba de "51 proyectos que tenían reclamaciones pendientes y que debían ser resueltas por el SEA o por el Comité de Ministros", algunos de los cuales acumulaban más de 200 días de espera.
Así, Toledo comentó que se decidió dar mayor regularidad al Comité de Ministros. "Nosotros vamos a citar al Comité de Ministros al menos una vez al mes, es decir, vamos a tener al menos doce sesiones al año", dijo Toledo.
Según la ministra, esa definición busca asegurar "un proceso constante de revisión de proyectos" y, al mismo tiempo, entregar una señal política y administrativa a los propios ministros que integran la instancia.
"Esto es una señal para los propios ministros, indicando que esto es parte de su tarea cotidiana", afirmó.
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