El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó esta tarde su esperado análisis respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno y aseguró que la iniciativa presenta una serie de riesgos fiscales relevantes que, de no ser mitigados, podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El organismo expuso este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia que continúa revisando la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
Así, la presentación fue realizada por la presidenta del CFA
, Paula Benavides, en compañía del vicepresidente,
Sebastián Izquierdo; y los consejeros
Marcela Guzmán,
Hermann González y Joaquín Vial.
Según el Consejo, si bien la iniciativa proyecta un superávit en el largo plazo cuando se incorporan los efectos esperados de mayor crecimiento, "presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos.
Según el Consejo, sin considerar el efecto del mayor crecimiento, el proyecto generaría un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen, hacia 2050. Incorporando el efecto crecimiento, el balance fiscal mejoraría en el largo plazo, pero seguiría siendo deficitario al menos hasta 2031.
Por ello, planteó que para lograr neutralidad fiscal en ese período se requerirán fuentes de financiamiento adicionales "de magnitud relevante", las que no están contenidas en el proyecto.
Riesgos fiscales
Uno de los principales puntos de preocupación del organismo es el descalce entre los costos y beneficios fiscales del proyecto.
A juicio del CFA, los costos directos —como menores ingresos tributarios o mayores gastos— se materializan desde el primer año con mayor certeza. En cambio, los ingresos derivados del mayor crecimiento se incorporarían gradualmente y con mayor incertidumbre.
"De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal", advirtió el Consejo.
Entre los riesgos de efecto directo, el Consejo identificó, en primer lugar, la rebaja de la tasa del Impuesto de Primera Categoría (IDPC), señalando que su costo fiscal no sería compensado por el mayor crecimiento asociado a la medida.
También advirtió sobre el crédito tributario al empleo, por su alto costo fiscal efectivo y por riesgos de consistencia con otras estimaciones; la exención transitoria de IVA a viviendas nuevas, ante la posibilidad de que implique un mayor costo fiscal efectivo; y la compensación al Fondo Común Municipal (FCM), que podría generar una presión fiscal permanente adicional.
Asimismo, el CFA mencionó los riesgos asociados a las medidas de probidad por licencias médicas, donde podría observarse un menor ahorro fiscal y costos no contemplados; el aumento de cupos por incentivo al retiro, cuya materialización de ahorro fiscal no estaría garantizada; y las sanciones al contrabando de tabaco, que podrían generar una recaudación menor a la esperada.
A ello sumó el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), respecto del cual advirtió que no contempla una cláusula de gasto máximo.
También incluyó los impuestos sustitutivos y la repatriación de capitales, señalando que la reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo podría debilitar el cumplimiento tributario y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo.
En cuanto a los riesgos de carácter indirecto, el Consejo apuntó a dos elementos principales: la incertidumbre respecto de los impactos que el proyecto tendría sobre el crecimiento económico y la incertidumbre sobre el traspaso de ese mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros.
Recomendaciones del CFA
En sus conclusiones, el Consejo recomendó que el proyecto avance hacia una neutralidad fiscal efectiva en el corto y mediano plazo, asegurando un mejor calce entre los menores ingresos tributarios y las medidas compensatorias.
Para ello, propuso evaluar medidas adicionales de mitigación, ajustes en gradualidad, aplazamientos, fechas de término, límites de montos, monitoreo y condicionalidad, especialmente en aquellas medidas de mayor impacto fiscal.
Asimismo, pidió realizar escenarios de sensibilidad y estrés sobre el efecto fiscal asociado al mayor crecimiento, dada la incertidumbre respecto de su magnitud y velocidad de transmisión hacia la recaudación.
Finalmente, hizo hincapié en que es necesario lograr un diagnóstico común de la situación fiscal actual y concretar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se refleje en las decisiones que adopten los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluyendo este proyecto de ley.
En ese sentido, el Consejo recomendó que este acuerdo contenga medidas explícitas, con efectos fiscales permanentes, suficientes para cerrar el déficit actual y oportunas para mantener el nivel de deuda por debajo de su nivel prudente.
"Dada la envergadura del proyecto y sus impactos, es recomendable que, desde el punto de vista fiscal, se aborden los espacios de mejora y se analice en conjunto con las proyecciones fiscales actualizadas en el próximo Informe de Finanzas Públicas", puntualizó el organismo.
