El exministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sus análisis y reparos al proyecto de Reconstrucción del Gobierno.
En una sesión en la que también expusieron los economistas Klaus Schmidt-Hebbel, Matías Acevedo y Andrea Repetto, el ex titular de teatinos 120 abordo el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG) para destrabar la tramitación del proyecto.
El pacto incluye dos medidas fundamentales: una devolución del IVA por la compra de medicamentos y pañales, y la mantención de la tasa de impuesto de Primera Categoría para las pymes en 12,5%.
"El costo fiscal de esas dos medidas es cercano a los US$1.000 millones", afirmó Marcel.
El exministro planteó que, dado que ese acuerdo fue vinculado directamente a la discusión y votación del proyecto, "parecería lógico también sumarlo a los costos de esta iniciativa".
Ese punto fue relevante dentro de su diagnóstico, porque Marcel sostuvo que el informe financiero ya presentaría subestimaciones en algunos componentes.
Entre ellos, mencionó el costo de la reintegración del impuesto a la renta, que —según dijo— aparece calculado con base en los últimos dos años en que la recaudación del global complementario estuvo artificialmente deprimida por la aplicación de impuestos sustitutivos.
"Lo lógico sería volver a una cifra más parecida a la que se estimó en el pasado", lo que "al menos implicaría duplicar" ese efecto fiscal.
También cuestionó la cifra utilizada para la eliminación de la franquicia tributaria, que en el proyecto se calcula sobre un gasto del orden de los US$300 millones cuando en los últimos años "ha estado más cerca de los US$200".
Meta fiscal del Gobierno
Marcel también abordó la meta fiscal del Gobierno, que apunta a cerrar el mandato con déficit estructural cero en 2030.
Según explicó, solo para cumplir ese objetivo, sin considerar la megarreforma, se requeriría cerrar una brecha cercana a US$8.600 millones.
Pero al sumar el impacto fiscal de la iniciativa, esa necesidad subiría a aproximadamente US$10.000 millones. "Ya no son US$1.900 millones, ya no son US$3.000 millones, ya no son US$6.000 millones, sino que son US$10.000 millones", señaló.
El exministro remarcó que esa cifra equivale a cerca de 15% del gasto del Gobierno Central. Y advirtió que los ajustes de gasto anunciados no pueden usarse simultáneamente para reducir el déficit base y financiar el costo de la reforma.
Las recomendaciones de Marcel
Hacia el cierre de su exposición, Marcel planteó una serie de ajustes que, a su juicio, deberían considerarse durante la tramitación del proyecto.
Primero, llamó a focalizar la discusión en lo que considera el componente central: la rebaja de la tasa corporativa y su eventual efecto sobre inversión, crecimiento y empleo.
Por lo que propuso calibrar la extensión y el plazo de la reducción del impuesto corporativo, de manera que su efecto fiscal pueda ser efectivamente compensado. Incluso planteó incorporar condicionalidad: que las siguientes etapas de la reforma avancen solo si se cumplen las metas fiscales.
En paralelo, pidió revisar medidas que calificó como de impacto incierto o bajo rendimiento, entre ellas la reintegración del impuesto a la renta, la exención de contribuciones y la exención del IVA a la vivienda.
Otra recomendación fue reemplazar el crédito tributarios para empleo que contempla el proyecto por un fortalecimiento del Subsidio al Empleo, en línea con lo planteado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Marcel además llamó a buscar nuevas medidas de compensación por el lado del gasto, retomando proyectos de ley que ya están en trámite, como la reforma paramétrica del SIL, las apuesta en línea y el financiamiento estudiantil en la educación superior. "Puede que a uno no le guste la propuesta que hizo el gobierno anterior, pero eso no quiere decir que no deba hacerse algo respecto de ese sistema", sostuvo.
Por el lado de los ingresos, recordó propuestas que ha defendido en los últimos años, una tasa a la primera distribución de utilidades, un límite agregado a las deducciones fiscales, un tope a la aplicación de créditos dentro de un año fiscal y el reforzamiento de la fiscalización de las rentas por arriendo.
Asimismo, sugirió establecer instancias intermedias de evaluación de la implementación de la reforma, vinculadas a "gatillos o cláusulas", recordando que la ley de Cumplimiento Tributario contempló una revisión a los tres años de su aprobación.
Por último, planteó eliminar la invariabilidad tributaria del proyecto. A su juicio, "introduce una rigidez en el tema fiscal que, dado el grado de incertidumbre ligado a este proyecto, realmente implica aumentar exponencialmente el riesgo".
