"Atractiva, pero incierta": El juicio de JP Morgan a la megarreforma de Kast

El proyecto de ley de Reconstrucción que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast y que vive días cruciales en su tramitación fue revisada en detalle por Diego Pereira, el economista jefe para el Cono Sur del banco de inversiones JP Morgan.

En su informe, Pereira valoró el énfasis en políticas procrecimiento y simplificación regulatoria, pero advirtió que la iniciativa implica riesgos fiscales relevantes y descansa sobre una premisa "atractiva, pero incierta".

Sostuvo que el Gobierno está intentando una "delicada maniobra económica": "reavivar el crecimiento sin relajar la disciplina fiscal que durante mucho tiempo ha sustentado su credibilidad en los mercados globales".

Según el documento, el plan del Ejecutivo para impulsar la inversión, reducir trabas regulatorias y bajar impuestos corporativos representa "la expresión más ambiciosa de ese esfuerzo en años" y marca "un claro cambio en la forma de pensar la política económica".

Sin embargo, el banco advirtió que el diseño tiene una fuerte asimetría: los costos fiscales son inmediatos, mientras que los beneficios dependen de que efectivamente se concrete un mayor crecimiento económico. "La política es asimétrica: los costos fiscales son inmediatos y relativamente ciertos (...) Los beneficios, en cambio, dependen de respuestas conductuales —decisiones de inversión, aumentos de productividad y condiciones económicas generales— que ningún gobierno puede controlar plenamente", señaló.

En esa línea, alertó que si el crecimiento no alcanza lo proyectado, "los ingresos esperados no se materializarán, dejando déficits mayores en su lugar".

Uno de los puntos centrales del análisis es la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% entre 2027 y 2029. El banco estimó que el costo fiscal permanente de esa medida llegará a 0,44% del PIB y recalca que el “dividendo de crecimiento” tardaría más de una década en materializarse completamente incluso bajo escenarios optimistas.

Aun así, Pereira respaldó el diagnóstico detrás de la medida. "La lógica económica es sólida", afirmó, destacando que la tasa corporativa chilena está por sobre el promedio OCDE y que existe evidencia de que impuestos elevados afectan la inversión extranjera y la formación de capital.

El informe también puso especial énfasis en la agenda de permisología y simplificación regulatoria, calificándola derechamente como "el componente con mejor relación costo-beneficio de todo el proyecto".

En particular, destacó las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los límites a las medidas cautelares ambientales y la aceleración de permisos para proyectos de inversión. "El problema de la ‘permisología’ en Chile ha sido ampliamente documentado", señaló el reporte, agregando que estas medidas podrían acelerar "materialmente" los plazos de ejecución de inversiones.

No obstante, el banco también alertó riesgos políticos y ambientales. Sobre el límite de 30 días a las cautelares ambientales, indicó que se trata de "un elemento controversial", pues si bien reduce incertidumbre para invertir, "también podría disminuir la protección ambiental efectiva".

Otro de los focos críticos del análisis es la situación fiscal de base con que Chile enfrenta esta reforma. JP Morgan recalcó que incluso en el escenario más optimista el país verá inicialmente un aumento de la deuda pública sobre PIB, justo cuando la deuda bruta "se aproxima al techo prudente de 45%".

Tres escenarios

El banco desarrolló tres escenarios de crecimiento para medir el impacto fiscal del proyecto. En el escenario optimista, donde se materializa el 100% del crecimiento esperado por el Gobierno, la reforma logra acercarse al equilibrio fiscal hacia el año cinco o seis y genera una mejora relevante hacia el año 15.

Pero en un escenario intermedio, donde solo se concreta la mitad del crecimiento esperado, el proyecto sigue siendo una carga fiscal persistente durante casi una década. Y en el escenario pesimista —con solo un 25% del crecimiento proyectado— la reforma “es permanentemente costosa”, aumentando el déficit entre 0,16% y 0,52% del PIB.

JP Morgan también observó que el Gobierno ha intentado equilibrar el mayor gasto y las rebajas tributarias mediante recortes administrativos y ajustes al MEPCO. Sobre esto, sostuvo que el Ejecutivo "no está abandonando la disciplina fiscal, sino redistribuyéndola entre distintos instrumentos de política".

"En última instancia, la reforma descansa en una premisa atractiva, pero incierta: que el crecimiento puede entregar lo que el presupuesto, por sí solo, no puede", concluyó.