La minera Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi salió a responder al sorpresivo fallo emitido la semana pasada por el Segundo Tribunal Ambiental, que retrotrajo parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su megaproyecto de infraestructura y mejoramiento de capacidad productiva.
La iniciativa considera una inversión cercana a los US$3.200 millones y cuya planta desaladora se encontraba en etapa final de construcción.
A través de un comunicado, la compañía informó que presentó un recurso de aclaración ante el tribunal ambiental para que precise los alcances de la ejecución de la sentencia dictada el pasado 14 de mayo, particularmente respecto de la continuidad de aquellos aspectos de la RCA que permanecen vigentes y que no fueron anulados por el fallo.
Según explicó la minera, la sentencia acogió parcialmente una de las reclamaciones presentadas y limitó sus observaciones a materias relacionadas con el sector Puerto Collahuasi y componentes asociados al medio humano y marino vinculados a la planta desaladora. En esa línea, sostuvo que "los demás aspectos evaluados se mantienen vigentes".
En paralelo, la firma aseguró que ya dio cumplimiento a la resolución judicial, determinando la "detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora", que se encontraba en fase de pruebas de sistemas y equipos previo a su puesta en marcha. No obstante, aclaró que se mantendrán "las acciones mínimas de mantención y seguridad".
Las consecuencias que advierte la compañía
La compañía también advirtió sobre las consecuencias que podría tener una paralización total de los aspectos aún vigentes de la RCA.
En el documento sostuvo que aquello "tendría efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos", ya que pondría en riesgo la continuidad de medidas de mitigación, compensación y monitoreo ambiental actualmente en ejecución, además de compromisos adquiridos con comunidades y organizaciones regionales.
Collahuasi defendió además el proceso de evaluación ambiental del proyecto, asegurando que la tramitación "se desarrolló en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente".
La minera recordó que dicho criterio fue respaldado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros, instancia que rechazó reclamaciones impulsadas por las mismas comunidades y representantes legales que posteriormente obtuvieron un fallo favorable en el tribunal tras más de 800 días de litigación.
Las declaraciones de la compañía se producen luego de las críticas levantadas por el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien manifestó preocupación por el impacto institucional de la resolución judicial.
"Vemos con preocupación el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, no solo por sus efectos sobre un proyecto en particular, sino también por la señal que entrega respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile", sostuvo Villarino.
A su juicio, el caso "reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos".
