Las empresas involucradas -Edenred y Pluxee- reaccionaron tras el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Mientras Edenred reconoció haber detectado conductas contrarias a sus políticas internas y confirmó que optó por acogerse voluntariamente al mecanismo de delación compensada, Pluxee -firma que hasta 2024 operó en Chile bajo el nombre de Sodexo- sostuvo que analizará el contenido de la acusación y que será el tribunal el que deberá pronunciarse sobre el fondo del caso.
La acción de la FNE abrió uno de los casos de colusión más relevantes de los últimos años en el mercado de beneficios de alimentación y vestuario, un negocio que por casi una década estuvo dominado por ambas compañías.
Según la acusación, las firmas habrían acordado repartirse clientes en licitaciones públicas y privadas, evitando competir entre sí y coordinando ofertas para mantener cuotas de mercado.
El organismo acusador sostiene que el esquema operó al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021 y que afectó tanto a empresas privadas como a instituciones públicas que contrataron servicios a través de ChileCompra.
La investigación incluyó allanamientos, revisión de comunicaciones y declaraciones de ejecutivos, revelando supuestos mecanismos de coordinación que buscaban impedir la pérdida de clientes estratégicos.
La FNE calificó los hechos como "el atentado más grave contra la libre competencia", argumentando que ambas compañías concentraban más del 80% del mercado y que existían importantes barreras para la entrada de nuevos actores.
Por ello, solicitó millonarias sanciones económicas para Pluxee y uno de sus ex ejecutivos, mientras que pidió eximir de multas a Edenred y a tres ex ejecutivos debido a su colaboración con la investigación.
El caso ahora quedará en manos del TDLC, que deberá revisar los antecedentes recopilados por la Fiscalía y determinar si existió efectivamente un cartel destinado a repartirse el mercado de beneficios laborales y estudiantiles en Chile.
Las respuestas de las empresas
La primera reacción vino desde Edenred Chile. A través de una declaración pública, la compañía aseguró que tomó conocimiento de la investigación reservada de la FNE en octubre de 2021 y que, a partir de ello, inició una auditoría externa para esclarecer los hechos.
"A partir de ese momento, Edenred Chile encargó una auditoría externa integral para determinar si se había cometido alguna conducta ilícita y/o si se habían vulnerado las políticas de cumplimiento de la compañía. La auditoría confirmó que se había producido una conducta contraria a las políticas de la empresa, pero que esta ya había cesado", señaló la firma.
La empresa agregó que posteriormente fortaleció sus protocolos internos y programas de cumplimiento, además de decidir acogerse voluntariamente al mecanismo de delación compensada.
"Tras identificar antecedentes adicionales durante el proceso de revisión interna, Edenred Chile solicitó voluntariamente acogerse al mecanismo de delación compensada en junio de 2023", indicó la compañía.
Asimismo, sostuvo que continuará colaborando con la autoridad "con un firme compromiso de operar conforme a estándares éticos y en cumplimiento de la normativa de libre competencia".
Por su parte, Pluxee -antes Sodexo- adoptó un tono más cauteloso. La firma afirmó que recién está revisando el requerimiento presentado por la Fiscalía y recalcó que el proceso aún debe ser resuelto por el TDLC.
"Pluxee se encuentra analizando el contenido del requerimiento y determinará los cursos de acción adecuados conforme a derecho", señaló la empresa.
La compañía añadió que el requerimiento "da inicio a un proceso judicial ante el TDLC" y enfatizó que será ese tribunal el que deberá pronunciarse "sobre el mérito de la acusación".
Junto con ello, Pluxee defendió sus políticas corporativas de cumplimiento y ética empresarial, asegurando que estos mecanismos son reforzados constantemente en todos los países donde opera.
La acusación de la FNE
En el requerimiento presentado ante el TDLC, la Fiscalía Nacional Económica acusó a Pluxee Chile y Edenred Chile de haber celebrado y ejecutado un acuerdo de reparto de mercado que se extendió por al menos nueve años.
Según el organismo, las compañías dejaron de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada una pudiera conservar a sus clientes, utilizando incluso mecanismos de compensación cuando alguna de las partes perdía una cuenta relevante.
La FNE solicitó que Pluxee sea sancionada con una multa de 41.744 UTA -equivalentes a cerca de US$39,6 millones—-además de sanciones contra uno de sus ex ejecutivos. En contraste, pidió que Edenred y tres ex ejecutivos queden exentos de multas debido a la colaboración prestada bajo el sistema de delación compensada.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, sostuvo que los hechos investigados representan una de las infracciones más graves al sistema de libre competencia.
"Cuando las empresas renuncian a competir por precio o por calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en el atentado más grave contra la libre competencia, que es la colusión", afirmó.
Además, advirtió que la conducta habría afectado servicios vinculados a necesidades básicas, como la alimentación de trabajadores y estudiantes.
Cómo habría operado el cartel
La investigación de la FNE incluyó allanamientos y acceso a registros de comunicaciones entre ejecutivos de ambas compañías. Según el organismo, los contactos comenzaron en 2013, luego de que Sodexo perdiera un contrato frente a Edenred tras una oferta más competitiva.
A partir de ahí, se habrían generado reuniones y negociaciones entre altos ejecutivos para evitar nuevas pérdidas de clientes y reducir la competencia en el mercado.
De acuerdo con la Fiscalía, los involucrados utilizaban celulares de prepago, correos personales y aplicaciones como Telegram para evitar dejar rastros de las comunicaciones. Incluso, algunas reuniones eran registradas bajo nombres como "Desayuno con primos CL" o "Reunión con los primos", en alusión a que ambas empresas tenían capitales franceses.
El requerimiento sostiene que la coordinación se concretaba mediante distintas fórmulas: desde la abstención de participar en licitaciones, hasta el retiro de ofertas o la presentación de propuestas diseñadas para favorecer a la empresa que ya tenía el cliente.
Además, cuando una compañía perdía una cuenta considerada estratégica, existían mecanismos de compensación para asegurarle la adjudicación de otro contrato similar.
Uno de los testimonios recopilados por la FNE resumió así la lógica del acuerdo: "no me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor".
Impacto en organismos públicos y privados
La Fiscalía sostiene que los efectos del presunto cartel no se limitaron al sector privado. Según la investigación, también se vieron afectados organismos públicos que contrataron estos servicios mediante convenios marco administrados a través de ChileCompra.
El organismo acusador subrayó que el mercado intervenido presentaba altos niveles de concentración, ya que ambas compañías mantenían conjuntamente más del 80% de participación durante buena parte del período investigado.
A juicio de la FNE, ese escenario generaba condiciones particularmente sensibles frente a acuerdos colusorios, debido a las dificultades para el ingreso de nuevos competidores y al impacto que podía producirse en servicios masivos asociados a alimentación y vestuario.
