La Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), la norma antievasión que el exministro Mario Marcel logró aprobar a fines de 2024 como uno de los pocos legados impositivos del gobierno de Gabriel Boric, recaudará significativamente menos de lo prometido.
Así lo advierte el actual Ministerio de Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, en lo que el gobierno de José Antonio Kast califica como un nuevo "error" de proyecciones fiscales de la administración anterior.
Además, el impacto de menor recaudación de la LCT se extiende más allá de las finanzas públicas y amenaza con ralentizar la reforma previsional aprobada por el gobierno anterior.
Estas son las claves para entender el problema.
La ley con que se parte
La Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), aprobada a fines de 2024 con Mario Marcel como ministro de Hacienda, tenía como objetivo fortalecer la fiscalización y reducir la evasión y la elusión. Para financiar el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 y sostener la reforma previsional, se proyectó que la norma recaudaría 1,5% del PIB una vez alcanzado su régimen permanente. Hubo advertencias con datos globales y del FMI acerca del impacto limitado que ese tipo de reformas ha tenido en la experiencia internacional.
Los ingresos previstos... errados
El Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del actual gobierno, acusa que la recaudación asociada a la LCT ha sido más gradual y de menor magnitud que la considerada en el informe financiero que acompañó al proyecto de LCT. Se evalúa que el efecto en impuesto a la renta y en ciertos componentes del IVA son inferiores a lo previsto. Y en cuanto a la repatriación de capitales —que el actual Gobierno ha vuelto a plantear como idea en su proyecto "misceláneo"—, el rendimiento fue muy inferior.
Nuevas proyecciones
Ante la evidencia acumulada, el Ministerio de Hacienda realizó algo denominado "ajuste prudencial", que significa que corrige los números a estimaciones más conservadoras. Por eso redujo severamente cuánto espera recaudar ahora por la misma LCT, desde 1,5% del PIB hasta 0,5% del PIB, en régimen. Para el año en curso, la proyección pasó de 0,7% a solo 0,1% del PIB. El recorte busca resguardar la coherencia de las proyecciones fiscales del Gobierno, evitando que una brecha de ingresos no reconocida se traduzca en un deterioro mayor de las cuentas fiscales.
El cronograma ampliado
En el debate legislativo de hace un par de años, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sugirió una cláusula de salvaguarda para la reforma previsional justo en caso de que la recaudación de la LCT —que sería una fuente de financiamiento— fuese menor que la prevista. Así, quedó que si una evaluación externa de la LCT —programada para 2027— confirma un rendimiento inferior al proyectado, el plazo para completar el alza total de siete puntos porcentuales en la cotización con cargo al empleador puede extenderse de nueve a once años. La reforma partió con un alza de 1% en 2025.
Qué ocurriría desde 2027
Con las nuevas proyecciones de Dipres, la condición que exige la cláusula ya estaría cumplida antes de que se realice la evaluación formal de 2027. Podría significar, aunque en esto hay discusión, que la extensión del plazo de implementación se activaría al quinto año de vigencia de la reforma y no necesariamente al noveno, como estaba previsto en el escenario base. En la práctica, el mecanismo de cautela diseñado para operar como último recurso pasaría a ser la trayectoria por defecto, y así el incremento de cotizaciones sería más gradual y más extenso.
