El sistema de Finanzas Abiertas sumó un respaldo político transversal en medio de las críticas levantadas desde la banca.
La normativa, establecida en la Ley Fintec, permite el intercambio de información entre distintos prestadores de servicios de información de clientes financieros, siempre que estos hayan consentido expresamente en ello. Así, tiene como objetivo promover la inclusión financiera y la competencia, mediante la mayor disponibilidad de información.
En ese marco, el debate revivió luego de las declaraciones del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif),
José Manuel Mena, quien planteó dudas sobre el diseño, los costos y los riesgos asociados a su implementación.
"Lo que nos interesa es que los riesgos se trabajen, que esos mitigantes sean adecuados al igual que las responsabilidades, porque aquí cada actor tiene que asumir responsabilidad en los eslabones de la cadena que le corresponden y eso se tiene que definir", señaló Mena a El Mercurio.
El dirigente gremial también advirtió sobre la experiencia internacional. "Tenemos que tener un sistema que las personas usen. No como en Australia, donde menos del 1% lo ocupan y no tiene sentido. ¿Nos vamos a gastar US$ 400 millones para que lo use menos del 1%?", afirmó.
Reacción de FinteChile
Frente a esos cuestionamientos, desde FinteChile, cuestionaron las advertencias formuladas desde la banca. "El problema es que Australia es un referente poco representativo y, además, citado con datos incompletos: tras corregir su diseño a fines de 2024, su adopción se duplicó en seis meses", señalaron directores de la asociación en una carta a El Mercurio.
El gremio fintech agregó que "un mejor espejo es Brasil: más de 62 millones de consentimientos activos, 800 instituciones conectadas y un aumento de 25% en la aprobación de crédito para segmentos excluidos".
los datos financieros pertenecen a las personas, no a las instituciones que los custodian."
FinteChile: "El punto de fondo es simple
Para FinteChile, "el punto de fondo es simple: los datos financieros pertenecen a las personas, no a las instituciones que los custodian. Este es el núcleo del SFA, y es necesario que se implemente pronto para que las personas puedan ejercer ese derecho bajo estándares comunes, seguros y comparables", afirmaron.
"Chile merece discutir el Sistema de Finanzas Abiertas con evidencia, no con advertencias selectivas. La ley que lo creó fue aprobada transversalmente porque busca exactamente eso: más competencia, inclusión financiera e innovación. Postergarla no protege a las personas ni a las pymes; protege el statu quo", sostuvieron los directores de la asociación.
La misiva parlamentaria
Ante esta discusión, un grupo transversal de diputados que van desde el Partido Nacional Libertario (PNL) hasta el Frente Amplio (FA), defendió la implementación del sistema y llamó a no enmarcar la discusión como una disputa entre bancos y fintech.
"No conviene enmarcar el Sistema de Finanzas Abiertas como un conflicto entre bancos y fintech. Lejos de eso, lo que pretendió el legislador mediante la implementación de este sistema es un principio elemental: los datos financieros pertenecen a las personas, no a las instituciones que los custodian", sostuvieron.
En la misiva, los diputados afirmaron que "lo que esta legislación busca es que cada ciudadano pueda ejercer su derecho de propiedad sobre esos datos y que el valor que estos generen le sea restituido".
"Con ello, las personas podrán elegir libremente al proveedor de servicios financieros que mejor se adapte a sus necesidades, precisamente porque competirá sobre la base de la información que el propio titular ha decidido compartir", añadieron.
La carta fue suscrita por diputados de distintos sectores políticos, entre ellos Diego Schalper y Eduardo Durán, de Renovación Nacional; Stephanie Jeldrés, del Partido Republicano; Hans Marowski, Álvaro Jofré y Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario; Gonzalo Winter y Constanza Schönhaut, del Frente Amplio; Andrea Parra, del PPD; Marcela Hernando, del Partido Radical; Patricio Rosas, del Partido de la Gente; y Marisela Santibáñez, independiente.
Los parlamentarios también remarcaron que el sistema no está diseñado para beneficiar exclusivamente a un tipo de actor financiero.
"Por lo demás, es pertinente aclarar que el sistema no está pensado para algún actor en particular. Todos los actores del sistema financiero —fintech, bancos, cooperativas, cajas de compensación— podrán actuar como proveedores de servicios basados en información", sostuvieron.
Respecto de los riesgos operacionales y de seguridad, los diputados plantearon que "la norma que la Comisión para el Mercado Financiero ha dictado contempla los más altos estándares en la materia, aplicables por igual a todos los participantes del sistema".
"Cuesta argumentar una asimetría regulatoria que deje desprotegidos a los usuarios, en cuanto el marco normativo exige a cada participante cumplir con requisitos proporcionales y rigurosos antes de operar", añadieron.
