La millonaria operación de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua abrió un frente de cuestionamientos sobre los controles internos de la banca y la supervisión del sistema financiero chileno.
El caso, denominado "Operación Tokyo", permitió desbaratar una red que habría movilizado cerca de US$80 millones en Chile y instaló un manto de dudas sobre la capacidad del sistema para detectar este tipo de movimientos ilícitos, lo que llevó al foco del debate a reinstalarse sobre el levantamiento del secreto bancario, además del rol que cumplen los organismos fiscalizadores, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Pues, la investigación del Ministerio Público constató una operación de lavado de activos en la que un ejecutivo de Santander, con seis años de vínculo laboral con la entidad, habría logrado mover alrededor de US$80 millones entre cuentas que involucrarían, al menos, a otras dos instituciones financieras.
El caso golpea una zona sensible del sistema: la capacidad de los bancos para detectar operaciones inusuales, activar alertas internas y, cuando corresponde, enviar Reportes de Operaciones Sospechosas —ROS— a la Unidad de Análisis Financiero.
Qué es la UAF
La UAF es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
Fue creada por la Ley N°19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, y entró en vigencia el 17 de mayo de 2004.
Su objetivo central es prevenir y detectar que el sistema financiero, junto con otros sectores de la economía, sea utilizado para lavar activos, financiar terrorismo o canalizar recursos vinculados a actividades criminales.
En simple, la UAF no investiga penalmente como la Fiscalía, pero sí recibe información clave, la analiza, cruza datos y, si detecta indicios, envía antecedentes al Ministerio Público.
El sistema parte con los llamados "sujetos obligados": bancos, empresas, notarios, casinos, inmobiliarias y otras entidades que deben monitorear operaciones, detectar movimientos inusuales y reportar actividades sospechosas.
La UAF recibe esos ROS, realiza inteligencia financiera y, cuando encuentra señales de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, remite informes al Ministerio Público, que es el organismo encargado de investigar y perseguir penalmente.
Además, la unidad emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, aplica sanciones administrativas, capacita a entidades públicas y privadas, difunde información de carácter público y desarrolla cooperación con organismos nacionales e internacionales.
Su trabajo se estructura en cuatro grandes pilares: inteligencia financiera, supervisión, difusión y capacitación, y cooperación interinstitucional e internacional.
El punto crítico que abrió la Operación Tokyo
La pregunta que quedó instalada tras el caso es evidente, cómo una operación de la magnitud del caso pudo avanzar dentro del sistema financiero sin activar antes una respuesta suficientemente efectiva.
De acuerdo con el marco legal, el primer filtro está en las propias instituciones financiera, sin embargo, en la investigación todavía no se conoce públicamente qué alertas internas se activaron, qué instituciones intervinieron ni si esos antecedentes terminaron en reportes a la UAF.
Ahí aparece el flanco mayor, controles internos de los bancos, supervisión del sistema y capacidad de coordinación entre organismos.
Choque con la CMF
El caso también reabrió una tensión institucional. Desde la industria bancaria y desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han apuntado a la UAF como el organismo encargado de supervisar este tipo de conductas vinculadas al lavado de activos.
Pero la discusión tiene matices.
Mauricio Fernández, exjefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía, sostuvo a El Mercurio que un caso donde un ejecutivo opera "muchísimas cuentas en muchos bancos", debe encender las alarmas de la UAF, pero hace una salvedad: "La CMF es muy celosa de su ámbito de supervisión, con el sistema bancario".
Es decir, la UAF mira el riesgo de lavado de activos; la CMF supervisa el funcionamiento del mercado financiero y las entidades bajo su perímetro.
Además, en la industria también apuntan a que la UAF entregaría poco feedback sobre la calidad de los reportes que recibe. Según un alto directivo citado por El Mercurio, si la unidad informara mejor qué antecedentes son relevantes o cómo mejorar los ROS, los bancos podrían operar con mayor eficiencia.
Otro foco está en las sanciones. Rodrigo Reyes, director jurídico de Prelafit Compliance, afirmó que la multa máxima por incumplimientos preventivos llega a 5.000 UF, cerca de $200 millones, pero que jamás se ha aplicado en ese nivel. A su juicio, esas multas no cumplen con el estándar de la OCDE de ser efectivas, proporcionales y disuasivas.
También hay cuestionamientos normativos. Desde la Asociación del Retail Financiero advierten que la legislación ha quedado obsoleta frente a nuevos actores del sistema de pagos, como los adquirentes, y que falta una habilitación legal expresa para intercambiar información antifraude entre distintos actores del mercado.
