Los duros cuestionamientos a la resolución del SII que permite tributar a sitios de apuestas irregulares

Un fuerte ruido generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de permitir que operadores extranjeros de apuestas en línea —actividad que la Corte Suprema declaró ilegal en 2023— se registren y paguen IVA en Chile.

Cuestionamientos en el Parlamento y entre los casinos regulados, fueron las primeras reacciones que la resolución del SII, publicada el mismo día en que el Presidente, José Antonio Kast, anunció ante el Congreso una "guerra total al crimen organizado"; un contraste que no pasó desapercibido en la opinión pública. Reflejo de ello ha sido una llamativa seguidilla de cartas al director de El Mercurio que han sido publicadas en los últimos días.

Figuras del mundo político, académico y empresarial han dado cuenta su visión críticas respecto a lo determinado por el organismo encabezado por Jorge Trujillo.

Jaime Phillips Letelier, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, bautizó la contradicción con un concepto: "ilícito tributable".

"Un oxímoron es la combinación de dos expresiones opuestas que originan un nuevo significado. En Chile, la apuesta en casinos no autorizados se estima como ilegal, pero se le cobra el IVA de los servicios digitales. Inventamos el 'ilícito tributable'", escribió el académico.

Phillips Letelier también advirtió que la contradicción no es nueva: los trabajadores de plataformas como Uber pagan impuestos y enfrentan sanciones por operar informalmente, mientras el Estado no resuelve su situación regulatoria. "¿Vamos a seguir extendiendo el pago de impuestos a otras actividades informales o ilícitas?", preguntó.

Julio Dittborn, economista, exdiputado y exsubsecretario de Hacienda en el primer gobierno de Piñera, fue categórico: "Lo legal es legal y lo ilegal debe ser combatido, no regularizado de manera parcial".

En su carta, el también concejal de Las Condes trazó una línea directa entre la resolución del SII y el discurso presidencial sobre seguridad, y llevó el argumento al extremo: "Con este insólito e ilegal criterio, el afán recaudatorio desatado puede llegar a proponer cobrar impuestos a los secuestros extorsivos".

Carlos Williamson, rector de la Universidad San Sebastián y ex prorrector de la UC, planteó el debate en términos más amplios. Señaló que existe un proyecto de ley en tramitación en el Senado que busca legalizar las apuestas online, pero advirtió que "hay amplia evidencia a nivel internacional que indica que la legalización sin regulación robusta amplifica la ludopatía, la cual provoca un daño irreparable en los jóvenes que se manifiesta en ansiedad, depresión, conflictos familiares y abuso de sustancias", señaló.

Williamson también sostuvo que “la mayoría de las apuestas a distancia desde el extranjero se han convertido en verdaderas mafias cuyo objetivo explícito es que el usuario apueste más y más seguido, y si queda una deuda 'online' que no se paga, sobreviene la extorsión anónima que involucra a la familia del jugador".

"Recauda sin regular"

Desde el sector directamente afectado, Paula Rojas, presidenta del directorio de Casino Marina del Sol, fue la voz más directa de la industria. En su carta manifestó que "una resolución tributaria no regula el juego en línea. No impone prevención de lavado de activos, ni protección al jugador, ni restricción de acceso a menores. Solo normaliza tributariamente lo que sigue siendo ilícito en todo lo demás", afirmó.

Y remató: "Si el Estado decide regular el juego en línea, que lo haga con una ley y con fiscalización real. No mediante una resolución que recauda sin regular".

Emilia García, directora de estudios de IdeaPaís, amplió el debate más allá del SII y lo conectó con otro caso reciente: la declaración de la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, quien señaló que las tomas no son "adecuadas", pero anunció que no solicitaría desalojos.

"En ambos casos, la autoridad dice que algo está mal, pero actúa como si estuviera bien. Ambas instituciones parecen creer que tolerar es distinto a avalar. Pero en la práctica, cuando la autoridad convive con la infracción —y más aún cuando obtiene algo de ella (recaudación, diálogo)—, la distinción se vuelve difícil de sostener públicamente", escribió.

La periodista Patricia Espejo, en tanto, apuntó con ironía al criterio recaudatorio: "El SII debería considerar gravar con impuestos a los sobornos y cohechos. Porque si de recaudar se trata..."

El viernes la Contraloría General de la República ofició al SII por la resolución en cuestión. Desde el Ejecutivo, en tanto, han respaldado la decisión del servicio. “La ley que la compete a impuestos internos es recaudar los hechos que estén gravados. Es su deber, sin pronunciarse respecto a si eso es o no legal", sostuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.