Mientras en Chile enfrenta una acusación constitucional, el exministro Nicolás Grau volvió a aparecer en la agenda pública por un rol muy distinto al que marcó sus últimos meses en La Moneda.
Y es que el ex titular de Hacienda fue asesor internacional de un proyecto impulsado por el gobierno uruguayo frenteamplista de Yamandú Orsi para reducir trabas burocráticas y mejorar la competitividad de ese país.
La participación de Grau fue dada a conocer ayer en el marco de la presentación de una iniciativa legislativa elaborada por el Ejecutivo de Uruguay, que busca disminuir costos para las empresas y los consumidores mediante
una serie de reformas orientadas a simplificar trámites, modernizar regulaciones y agilizar la relación entre el Estado y el sector privado.
Grau fue requerido por uno de los temas que marco su gestión cuando ejercía como ministro de Economía, dado que lideró la tramitación de la reforma para reducir los permisos sectoriales que deben enfrentar proyectos de inversión, una de las iniciativas económicas que logró mayor respaldo durante el gobierno de Gabriel Boric y hoy sirve como base sobre la que el gobierno de José Antonio Kast busca profundizar la modernización regulatoria para acelerar inversiones.
En Uruguay, en tanto, el Ejecutivo apuesta a una batería de más de 240 medidas que incluyen registros unificados, silencios administrativos positivos, digitalización de trámites, flexibilización de procesos para importaciones y menores costos regulatorios para las pequeñas empresas, en una estrategia que busca impulsar la inversión, el empleo y la competencia.
Entre una AC y asesor internacional
La irrupción de Nicolás Grau en el debate político chileno durante las últimas semanas ha estado marcada por la acusación constitucional presentada en su contra por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.
El libelo sostiene que las inconsistencias detectadas posteriormente en las proyecciones fiscales heredadas por la administración anterior no constituían una diferencia técnica menor, sino que habrían existido advertencias previas sobre eventuales problemas en las estimaciones elaboradas por Hacienda.
Los impulsores de la acción recopilaron observaciones del Consejo Fiscal Autónomo y antecedentes del Fondo Monetario Internacional para argumentar que existían señales sobre presiones de gasto y riesgos para las cuentas públicas que, a su juicio, debieron haber sido consideradas.
Sin embargo, mientras ese proceso comienza a desarrollarse en el Congreso chileno, el exsecretario de Estado fue mencionado en Uruguay como uno de los asesores que colaboró en el diseño de una reforma destinada a enfrentar uno de los principales reclamos de los sectores productivos: la excesiva burocracia estatal.
El proyecto uruguayo para reducir costos y burocracia
La iniciativa en Uruguay fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas de ese país, Gabriel Oddone, junto a otras autoridades del gabinete.
Según explicó el Ejecutivo uruguayo, el proyecto contempla más de 240 artículos agrupados en cuatro capítulos y busca mejorar la competitividad del país, generar mejores condiciones para la inversión y contribuir a la reducción de los costos que enfrentan tanto empresas como consumidores.
Oddone definió la propuesta como un conjunto de "microrreformas de gestión" y una "modesta pero importante reforma del Estado", señalando que el foco principal está en disminuir las cargas administrativas que hoy afectan la actividad económica.
Entre las medidas incluidas figuran la creación de registros unificados, la implementación del denominado "silencio positivo" en determinados trámites, la digitalización de procesos vinculados al comercio exterior, el fortalecimiento de la competencia en distintos mercados y nuevas herramientas para facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa también incorpora mecanismos para simplificar registros sanitarios y técnicos, promover el autodespacho aduanero, eliminar exigencias consideradas obsoletas y facilitar la operación de múltiples importadores para un mismo producto.
La agencia EFE consignó que el proyecto presentado por el gobierno uruguayo contó con el asesoramiento del exministro chileno Nicolás Grau.
De acuerdo con la información, la propuesta fue elaborada tras un trabajo conjunto de distintos ministerios y un proceso de consultas con gremios empresariales, sindicatos, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
En ese contexto, Grau fue mencionado como parte del equipo que colaboró con la construcción de la iniciativa. Buena parte de las medidas apuntan precisamente a simplificar trámites y reducir tiempos administrativos, objetivos que también están presentes en Chile.
El diario El Pais uruguayo también apuntó a la presencia de Grau en la confección del proyecto uruguayo, detallando que colaboró como asesor mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El secretario de Estado uruguayo explicó que el proyecto busca generar "un entorno competitivo para las empresas uruguayas, con menos rigideces y menos costos", argumentando que la burocracia estatal termina encareciendo productos y servicios para los consumidores.
En esa línea, el Ejecutivo uruguayo impulsó una revisión de normativas antiguas y procedimientos considerados innecesarios, con el objetivo de modernizar la relación entre el Estado y el sector privado.
