Moody’s Ratings sostuvo que el cumplimiento de los objetivos fiscales y de deuda del Gobierno de José Antonio Kast será fundamental, tras varios años de desviaciones —en ocasiones considerables— que han comenzado a mermar la credibilidad del marco fiscal de Chile.
La entidad destacó que el pasado 9 de junio de 2026, el Gobierno publicó su estrategia fiscal de mediano plazo para el período 2026-2030, que incluye objetivos fiscales anuales, tal como está obligado a hacerlo en un plazo de 90 días desde la toma de posesión.
El objetivo es reducir el déficit presupuestario estructural frente al 3,7% del producto interno bruto (PIB) del año pasado al 2,6% del PIB este año y al 1,8% en 2027. Para 2030, se prevé que el déficit fiscal estructural disminuya al 1,5% del PIB.
"Si bien el objetivo del balance estructural para 2030 es menos exigente que la meta de presupuesto equilibrado presentada durante la campaña electoral, implica un esfuerzo de consolidación fiscal similar, lo que refleja una posición de partida en 2025 sustancialmente más débil de lo previsto", apuntó.
Asimismo, mencionó que el objetivo para 2030 es significativamente más débil que la trayectoria recomendada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) del país, que propone alcanzar un superávit fiscal del 1% del PIB para 2029-2030, con el fin de permitir también la recomposición de los anteriormente elevados colchones fiscales de Chile.
"El cumplimiento de los objetivos fiscales y de deuda será fundamental, tras varios años de desviaciones —en ocasiones considerables— que han comenzado a mermar la credibilidad del marco fiscal de Chile", apuntó.
Si bien, destacó, los gobiernos chilenos establecen objetivos fiscales claros para todo el período legislativo y el CFA es muy activo y se pronuncia abiertamente cuando existe el riesgo de desviación, la presión para que un gobierno adopte medidas que garanticen el cumplimiento de los límites fiscales autoimpuestos es limitada.
Sobre esto, mencionó que la desviación fiscal del año pasado fue particularmente pronunciada, ya que el déficit finalmente superó en más de dos puntos porcentuales (pp) del PIB el objetivo revisado al alza por el Gobierno. La desviación se debió principalmente a una sobreestimación de los ingresos, en particular los derivados de una nueva ley contra la evasión fiscal, pero también a un gasto superior al previsto.
Asimismo, resaltó que el Gobierno ha convertido la consolidación fiscal en un eje central de su plataforma de políticas públicas, junto con las medidas destinadas a reactivar el crecimiento económico. En las primeras semanas de su mandato, ha implementado medidas para contener las presiones fiscales, incluyendo un recorte del 3% en los gastos de los ministerios, lo que, según el CFA, se estima que reducirá el gasto en un importe equivalente al 0,36% del PIB.
"En conjunto, mantener una baja carga de deuda pública —y reconstruir los colchones fiscales que históricamente distinguieron el perfil crediticio de Chile— es más importante para preservar la calidad crediticia soberana de lo que podría sugerir una comparación general de la deuda con la de otros países con calificaciones similares".
Moody’s
El Gobierno también permitió que el aumento de los precios internacionales del petróleo se trasladara a los precios locales de los combustibles mediante una disposición excepcional del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, lo que evitó un aumento sustancial del gasto fiscal que, de otro modo, habría sido resultado de la subida de los precios del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz.
"Consideramos que ambas iniciativas son indicios tempranos del compromiso del Gobierno con una política fiscal prudente", dijo.
Por otro lado, destacó que la reafirmación del límite prudencial de deuda en el 45% del PIB es una señal positiva del compromiso de las autoridades con la prudencia fiscal. Este nivel ha sido calibrado para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de Chile con un alto grado de confianza.
Sin nuevas medidas fiscales, el ratio de deuda superaría el límite prudencial en 2028 (alcanzaría el 45,4%) y llegaría al 46.,% del PIB en 2030. "Esperamos que el Gobierno adopte medidas en caso de que exista el riesgo de superar el límite. Por lo tanto, en nuestro escenario base prevemos una estabilización del ratio de deuda cerca de los niveles actuales", dijo.
"No obstante, la trayectoria de la deuda de Chile es sensible a shocks económicos y fiscales, de modo que un crecimiento inferior al previsto o nuevas desviaciones respecto de los objetivos fiscales podrían elevar el ratio de deuda pública por encima del límite prudencial", indicó.
"En conjunto, mantener una baja carga de deuda pública —y reconstruir los colchones fiscales que históricamente distinguieron el perfil crediticio de Chile— es más importante para preservar la calidad crediticia soberana de lo que podría sugerir una comparación general de la deuda con la de otros países con calificaciones similares", finalizó.
