Hace dos semanas, el Gobierno ingresó las esperadas indicaciones al proyecto de ley de sala cuna que viene discutiéndose en el Congreso desde la segunda administración de Sebastián Piñera.
Se trata de una de las medidas más respaldadas por expertos con miras a impulsar el empleo femenino y desde el Gobierno han destacado que su propuesta recoge parte del trabajo realizado en administraciones anteriores, aunque con ajustes en su financiamiento. Es ahí, de hecho, donde han surgido reparos de la oposición.
Con el objetivo de no seguir aumentos los costos relacionados a la contratación, el Ejecutivo propone una cotización de 0,35% de cargo al empleador para financiar el Fondo de Sala Cuna, la cual se compensará íntegramente con una reducción equivalente en el Seguro de Cesantía: 0,2 puntos porcentuales menos en las cuentas individuales y 0,15 puntos menos en el Fondo de Cesantía Solidario.
Bajo ese contexto, los economistas
Cristóbal Huneeus, Mario Marcel, Andrea Repetto y Andrés Velasco respaldaron el cambio central del proyecto.
En una carta publicada en El Mercurio, comienzan planteando que la norma actual, vigente desde 1925, "hace más daño que bien", argumentando que afecta la contratación de mujeres, sus salarios y el acceso de niños y niñas al beneficio, al hacerlo depender del tamaño de la empresa y de la situación laboral de la madre.
A juicio de los economistas, el nuevo esquema va en la dirección correcta porque desacopla el derecho a sala cuna de la decisión de contratar mujeres y no incorpora un nuevo costo laboral. Sin embargo, advirtieron que el diseño contiene "nudos" que deberían resolverse antes de su aprobación.
Las 3 correcciones
La primera corrección propuesta apunta a incorporar a la red pública dentro del financiamiento del Fondo.
Según los autores, "El Fondo financia salas cuna privadas, pero deja fuera a las de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y las que administran entidades como municipios y fundaciones —incluyendo Integra— vía transferencias de fondos públicos. Proponemos reponer el aporte del Fondo a la red pública, para financiar su extensión horaria y funcionamiento continuo", advirtiendo que el derecho puede volverse "teórico" si no existen recintos cerca del lugar de trabajo o si estos no se ajustan a la jornada laboral.
El segundo ajuste se relaciona con los plazos de cobertura.
Los economistas cuestionan que la universalización plena llegue recién al cuarto año y proponen acortar los plazos, que el beneficio alcance a todas las madres durante el primer año y a los padres durante el segundo.
Además, sostienen que las tasas de uso consideradas en el informe financiero —70% en madres y 40% en padres— podrían estar sobreestimadas, lo que abriría espacio fiscal para avanzar más rápido. En caso de existir holguras, proponen que Hacienda pueda ampliar por decreto el beneficio a niños de dos a cuatro años.
La tercera corrección apunta al monto del aporte.
Según las indicaciones, este sería definido por Hacienda cada tres años, pero los economistas advierten que podría existir la tentación de fijarlo en un nivel bajo para ahorrar recursos. Por eso, proponen que la ley obligue a Hacienda a seguir la recomendación de una comisión técnica. "Un derecho mal financiado no es un derecho: es una promesa engañosa", sostienen.
Finalmente, los economistas remarcaron que "ninguno de estos reparos invalida el proyecto. Al contrario, lo mejoran. Y los importantes temores sobre la sostenibilidad, derivados de la reasignación de fondos, no debieran frenarlo: la Superintendencia de Pensiones recientemente concluyó que no parece haber riesgos para el Seguro de Cesantía".
"La regla de las veinte mujeres ya cumplió su ciclo y hoy hace más daño que bien. Corregir los nudos del proyecto no debería ser la excusa para seguir esperando. Es hora de corregir y aprobar", cerraron.
