Codelco abrió un nuevo frente, esta vez con la Contraloría General de la República. La estatal presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico contra el organismo que encabeza Dorothy Pérez, al que acusa de imponerle una exigencia "completamente inédita" que, sostiene, obstruye el desarrollo normal de sus actividades empresariales.
El conflicto se originó en el negocio del litio. Para desarrollar un proyecto de exploración en el Salar de Ascotán, en la Región de Antofagasta, Codelco se asoció con la firma de capitales chilenos Quiborax y constituyó la sociedad Minera Ascotán SpA, en la que la cuprífera tiene una participación no controladora. Esa sociedad solicitó al Ministerio de Minería un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), que fue aprobado mediante un decreto supremo.
El decreto, sin embargo, fue remitido a la Contraloría para el trámite de toma de razón,
y ahí se produjeron las diferencias.
El 22 de abril de 2026, mediante el Oficio 78132, la Contraloría representó el decreto —es decir, rechazó tomar razón de él—. Entre sus reparos, cuestionó que Codelco hubiera acordado con Quiborax la constitución de Minera Ascotán sin someter previamente a control de legalidad el acto administrativo que dispone y aprueba la creación de esa sociedad y la participación de la estatal en ella.
Para Codelco, asesorada por el estudio Carey, la Contraloría estaría entendiendo que la minera debe adoptar sus decisiones empresariales mediante la dictación de actos administrativos y, antes de ejecutarlos, someter algunos de ellos al control previo de la toma de razón. La estatal calificó esa exigencia como "completamente extraña y ajena al carácter empresarial de Codelco", recordando que, pese a integrar la administración del Estado, tiene naturaleza de empresa, compite en un mercado internacional dinámico y se rige por el Decreto Ley N°1.350, sus estatutos, la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho común.
La minera remarcó el carácter sin precedentes de la exigencia. "Nunca en los más de 50 años de existencia de la Corporación ésta ha dictado actos administrativos y —menos— ha sometido sus actuaciones al control preventivo de toma de razón", planteó en el recurso, agregando que la propia Contraloría jamás lo había requerido pese a haber revisado en múltiples ocasiones operaciones vinculadas a sus filiales y coligadas.
Codelco reconoció una única excepción, que se encargó de acotar. A fines de diciembre de 2025 debió someter a toma de razón la constitución de su filial Minera Tarar SpA, en el marco de los contratos con Corfo para explotar litio en el Salar de Atacama. Pero sostuvo que se trató del cumplimiento de una instrucción "directa, específica y limitada" para ese caso concreto, hecha para evitar la paralización de una operación estratégica —la Contraloría había condicionado la vigencia de los contratos con Corfo a esa exigencia, lo que a su vez comprometía el acuerdo de asociación con SQM—, y no de la aceptación de una nueva doctrina general.
El trasfondo, según la defensa, es el impacto sobre su estrategia de alianzas. La estatal argumentó que no ejecuta su giro solo con operaciones propias, sino también a través de sociedades, joint ventures y alianzas con empresas mineras, comerciales y tecnológicas, un modelo que —afirma— le ha permitido ampliar su portafolio y financiar proyectos "sin recurrir necesariamente a mayor endeudamiento, en beneficio de Codelco y del Fisco". Obligarla a emitir actos administrativos para materializar decisiones comerciales, societarias o laborales, señaló, "desnaturaliza sus actuaciones" y le introduce cargas "que la ley no contempla".
Los abogados precisaron que la obligación de someter a toma de razón ciertos actos de las empresas públicas fue introducida por la Contraloría en 2008, mediante resoluciones cuya aplicación a las empresas del Estado calificaron de "dudosa legalidad", pero cuyo punto central para este recurso es que nunca antes se habían aplicado a Codelco. Sobre esa base, pidieron al tribunal adoptar las medidas necesarias para resguardar el "adecuado ejercicio de la libertad económica" de la corporación.
En una declaración pública emitida hoy, Codelco enmarcó la acción como una búsqueda de "certeza jurídica" más que como una confrontación.
La cuprífera dijo mantener "su pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría" y aseguró que el recurso no altera los mecanismos de control a los que está sujeta —auditorías internas y externas, la fiscalización de la propia Contraloría, la supervisión de Cochilco y la regulación de la CMF—.
"Codelco confía en que estas materias puedan ser aclaradas institucionalmente", cerró.
