La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) inició este jueves una "paralización de advertencia" a nivel nacional, en medio de las diferencias que mantienen con la Subsecretaría del Interior por el otorgamiento de pensiones de gracia.
A través de una declaración pública, la organización —que asegura representar a cerca de 3.000 trabajadores portuarios entre las regiones de Tarapacá y Magallanes— acusó al Ejecutivo de modificar el criterio con el que se ha aplicado el programa de pensiones de gracia vigente desde 2022, beneficiando, a su juicio, únicamente a una de las dos confederaciones surgidas tras la disolución de la antigua Unión Portuaria de Chile.
Así, hasta el 15 de junio el Ministerio del Interior continuó otorgando el beneficio a trabajadores pertenecientes a distintos sindicatos representados en el acuerdo suscrito con el Gobierno del Presidente
Gabriel Boric en diciembre de 2022, el cual tiene vigencia hasta diciembre de este año.
Sin embargo, acusó que "a partir del 19 de junio, el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, comunicó un cambio radical del criterio administrativo aplicado hasta ese momento, informando que, en adelante, este beneficio social sería otorgado únicamente a trabajadores pertenecientes a la otra Confederación".
A juicio de la organización, dicha decisión "constituye una grave vulneración del principio de libertad sindical", agregando que "el Estado no puede intervenir en la vida sindical utilizando recursos públicos para favorecer a una organización por sobre otra, ni condicionar el acceso a un beneficio social a la pertenencia a una determinada Confederación".
En la misma línea, la directiva señaló que el cambio "no responde a una modificación del instrumento suscrito en 2022 ni a una resolución fundada que deje sin efecto su aplicación", sino que corresponde a "un abandono unilateral de la forma en que el propio Estado ejecutó dicho programa durante más de tres años".
La confederación fue más allá y afirmó que la actuación del Ejecutivo "constituye una grave práctica antisindical promovida por el propio Estado de Chile, utilizando recursos públicos para dividir al movimiento sindical portuario, impedir su unidad y favorecer artificialmente a una organización por sobre otra".
Así, según la declaración, la organización agotó distintas instancias institucionales antes de iniciar la movilización. "Hemos sostenido reuniones con autoridades de Gobierno, parlamentarios de distintos sectores políticos, representantes del mundo empresarial y organizaciones sindicales nacionales e internacionales", indicaron.
Pese a ello, acusaron que "hasta este momento no hemos recibido ninguna respuesta concreta del Gobierno que permita restablecer el criterio que el propio Ejecutivo aplicó durante más de tres años".
