Una "paralización de advertencia" a nivel nacional se llevó a cabo ayer por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport), en medio de las diferencias que la entidad —que agrupa a unos 3 mil trabajadores— mantiene con la Subsecretaría del Interior por el otorgamiento de pensiones de gracia.
La organización acusó al Ejecutivo de modificar el criterio con el que se ha aplicado el programa de pensiones de gracia, vigente desde 2012, beneficiando, a su juicio, únicamente a una de las dos confederaciones surgidas tras la disolución de la antigua Unión Portuaria de Chile. De no solucionarse el conflicto, Conatraport no descarta iniciar una paralización indefinida en los distintos puertos del país, lo que levantó alarmas entre los empresarios del Biobío.
En una declaración conjunta,
los gremios ASEM, Asexma Biobío, Asimet, CChC de Concepción, CPC Biobío, Corma Biobío y Ñuble, Irade, Pescadores Industriales del Biobío, PymeMad y Socabio manifestaron su "profunda preocupación ante el escenario de paralización por parte de los trabajadores eventuales en los terminales marítimos de la zona".
"Mientras esperamos que puedan constituirse mesas de diálogo entre las partes, consideramos un deber de máxima responsabilidad advertir sobre las graves consecuencias que una interrupción de actividades traería para la zona con el consecuente efecto en las confianzas de los exportadores en nuestra región", agregó el documento.
Considerando el complejo escenario económico del país, y en particular el de esa región, los gremios señalaron que "resulta fundamental resguardar la continuidad de las operaciones portuarias, dado el adverso impacto que una paralización efectiva generaría sobre las exportaciones, importaciones y los potenciales efectos en la estabilidad laboral de miles de familias".
"De materializarse de forma prolongada, esta situación no afectaría únicamente a los terminales marítimos, sino que amenazaría con impactar fuertemente a toda la cadena logística tanto nacional como internacional", añadió la declaración, y recalcó que "la reactivación económica debería ser la prioridad técnica y social de todos los actores".
"Hacemos un llamado urgente a levantar un diálogo constructivo que permita evitar estos escenarios de riesgo descritos", concluyó.
