El Gobierno cerró con tres senadores del PPD un acuerdo que acorta los plazos de invariabilidad tributaria del proyecto de Reconstrucción, y que trae consigo un ajuste paralelo en la velocidad con que baja el impuesto corporativo.
Las indicaciones, presentadas anoche por el Ministerio de Hacienda en la comisión respectiva del Senado, fijan como contrapartida a la nueva fórmula de estabilidad de reglas impositivas una rebaja algo más profunda de la tasa: el Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas llegará a 22% en el sistema general —sin invariabilidad—, un punto por debajo del 23% que planteaba el texto original.
La gradualidad quedó así: 2
7% este año, 25% en 2027, 23% en 2028 y 22% a partir del año comercial 2029. Las compañías que se acojan al nuevo mecanismo de invariabilidad, en cambio, quedarán fijas en 23,5%,
producto de una prima especial de 1,5 puntos pactada con los parlamentarios del PPD.
El ajuste operaría como un amortiguador del costo fiscal que el proyecto genera en sus primeros años de aplicación, a la vez que despeja el camino para un respaldo más amplio en el Senado.
La propuesta original ofrecía 25 años de congelamiento tributario para inversiones sobre US$50 millones, además de dejar intactas las interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos (SII). Con el acuerdo PPD, el beneficio se limitó al impuesto corporativo y se escalonó por monto de inversión: 10 años para proyectos entre US$50 millones y US$100 millones; 15 años para los que van entre US$100 millones y US$350 millones; y 20 años para aquellos que superen los US$350 millones. En todos los tramos rige la prima adicional de 1,5 puntos sobre la tasa corporativa.
Valentina Apablaza, investigadora del Ocec de la Universidad Diego Portales, sostuvo a El Mercurio que la sobretasa "reduce la pérdida de recaudación estimada inicialmente, lo que limita el deterioro que induce el proyecto en las finanzas públicas en un horizonte de mediano plazo". Según el último informe financiero de la Dipres, el proyecto no arrojará un saldo fiscal positivo antes de 2035.
No todos comparten ese diagnóstico. Pablo Müller, docente de posgrado de la Universidad Autónoma, advirtió al mismo medio que el efecto compensatorio de la prima es limitado: "Es poco probable que la sobretasa de 1,5% compense, por sí sola, la menor recaudación derivada de la rebaja del impuesto corporativo durante los primeros años. Esto se debe a que la reducción de la tasa beneficia a un universo mucho más amplio de empresas, mientras que la sobretasa solo la pagarán quienes opten por acogerse a la invariabilidad".
El otro frente: crédito al empleo y datos para IA
El paquete de indicaciones que Hacienda expone hoy en el Senado —el tercero para el proyecto de Reconstrucción— no se agota en la invariabilidad tributaria. También redefine el crédito por contratación y reabre la discusión sobre uso de datos para entrenar inteligencia artificial.
Sobre el primer punto, el Gobierno estrechó anoche la cobertura del crédito tributario al empleo. Quedará acotado a trabajadores de empresas de servicios del conocimiento en la economía digital y solo será deducible del impuesto corporativo. El ajuste recortaría en unos US$ 800 millones el desembolso fiscal proyectado originalmente, que bordeaba los US$ 1.400 millones.
"El crédito al empleo se reformula en el sentido de que va solo orientado a contratos indefinidos, en la versión anterior iba a todo tipo de contratos, incluso a plazo fijo obra faena", señaló el ministro del Trabajo, Tomás Rau, antes de presentarse las indicaciones. El beneficio operará con una tasa de 15% sobre las remuneraciones pagadas a trabajadores domiciliados y residentes en Chile, con un tope de 75 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por trabajador al año.
En paralelo, el Ejecutivo insistirá en una excepción a la ley de propiedad intelectual para permitir el uso de datos en el entrenamiento de modelos de IA.
Trascendió que Hacienda buscará "revivir" en el Senado un diseño bajo el cual los agentes de inteligencia artificial no necesitarían autorización —ni pagarían remuneración— por "cualquier acto de extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico" de obras protegidas. La norma ya había sido rechazada en la Cámara de Diputados, resistencia que se sustentó en argumentos de protección a la propiedad intelectual.
