El debate en torno a la
invariabilidad tributaria, contenida en la "megarreforma" que impulsa el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, ha abierto varios flancos políticos y una semana difícil para la oposición.
Esto, tras el acuerdo que firmaron senadores del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para modificar el régimen de invarabilidad tributaria.
En concreto, el acuerdo reduce de 25 a 10 años el plazo general de invariabilidad para inversiones de hasta US$100 millones; fijando un período de 15 años para proyectos de hasta US$350 millones; y manteniendo los 25 años solo para inversiones superiores a US$500 millones. Además, incorporó una sobretasa permanente de 1,5% para quienes se acojan al beneficio y mantuvo el pago del royalty minero.
El hecho generó que voces como el senador Iván Flores (DC), acusara de "vendidos" a los senadores PPD, mientras que el senador del FA, Diego Ibáñez, calificó el entendimiento como "un pésimo acuerdo" y sostuvo que "la invariabilidad incluso del dictador Pinochet tenía mejores condiciones".
No obstante, todo quedó en suspenso luego que este sábado los senadores PPD confirmaran que se bajan del acuerdo luego de la indicación ingresada -y posteriormente retirada- el viernes por Hacienda que reducía desde 23% a 22% la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas que no se acogieran al régimen de invariabilidad tributaria.
En tanto, el jueves, en la conmemoración que se realizó en La Moneda por los 200 años de la Presidencia de la República, el ex Presidente Eduardo Frei comentó que "esta megarreforma se ha aplicado en muchos países del mundo, se ha aplicado en la OCDE con gran éxito, por lo tanto, no nos estamos tirando a la piscina sin agua. Eso va a depender de lo que hagamos, porque con un proyecto de ley no se resuelven todos los problemas de Chile, ayuda a resolver", subrayó.
Así, en medio de las rencillas políticas, hay quienes han defendido que la invariabilidad tributaria es una herramienta institucional que ha sido usada por gobiernos de distinto signo político, y en otros países.
"Existía para inversionistas extranjeros"
A fines de junio, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, defendió la importancia de la invariabilidad tributaria y recordó que en Chile existió, pero solo para inversionistas extranjeros.
"Lo más importante es avanzar en invariabilidad y así lo hemos dicho siempre.
Cuando existía invariabilidad en Chile, el DL600 (de 1974), primero era sólo para inversionistas extrajeros, y yo valoro que en esta oportunidad estemos hablando de invariabilidad para inversionistas extranjeros pero también nacionales".
"Creíamos hace 10 años que ya éramos un país maduro y que no había que darle ningún tipo de garantías de estabilidad a los inversionistas, pero lo cierto es que hemos vivido 10 años de estallido, de pandemia, de dos borradores constitucionales, entonces probablemente si hubiésemos podido ver lo que iba a pasar, no se hubiese tomado la decisión de eliminar la invariabilidad. En ese sentido creo que la discusión esté abocada a volver a una invariabilidad más extensiva es una buena noticia", dijo Jiménez a EmolTV.
La chilenización del cobre
Por su parte, el economista Sebastián Edwards, planteó este viernes en una columa en El Mercurio que la invariabilidad tributaria no es una concesión ideológica propia de gobiernos de derecha ni un mecanismo contrario al interés nacional, sino que la destacó como una herramienta institucional que ha sido utilizada por gobiernos de distinto signo político para atraer inversión y fortalecer la posición del Estado.
El economista destacó que "uno de los acuerdos de invariabilidad más importantes de nuestra historia fue impulsado por Eduardo Frei Montalva como pieza central de la Chilenización del cobre".
Edwards recordó que la chilenización no consistió en expulsar a las compañías extranjeras, sino en asociarse con ellas en lo que hoy llamaríamos un acuerdo público-privado. Su año decisivo fue 1967, cuando el Estado compró el 51% de El Teniente y creó una sociedad mista para operar la mina.
"Pero el corazón del acuerdo, plasmado en la Ley Nº 16.425, fue tributario: la tasa de impuestos que pagaban las grandes compañías, que bordeaba el 87%, se redujo a un promedio cercano al 53% y, punto esencial, el Estado se comprometió a no aumentarla durante veinte años. Esa garantía, extendida a Kennecott y también a Anaconda —que decidió no vender entonces Chuquicamata y El Salvador—, era invariabilidad tributaria en el sentido más estricto del término", detalló el economista.
Agregó que cuando el precio del cobre se disparó, entre 1968 y 1969 -impulsado por la guerra de Vietnam-, las utilidades de las compañías crecieron enormemente y mantener congelada la carga tributaria durante dos décadas se volvió políticamente insostenible.
"Frei reabrió entonces las negociaciones con Anaconda: el Estado compró el 51% de Chuquicamata y El Salvador y estableció un nuevo régimen que le permitía captar el 91% del excedente cuando el precio del cobre superaba los 60 centavos por libra. Las compañías aceptaron las nuevas condiciones y se comprometieron a realizar nuevas inversiones, a cambio de mantener la invariabilidad tributaria", destacó el experto.
Con todo, Edwards subraya que hoy algunos presentan la invariabilidad tributaria como una concesión ideológica al gran capital, "sin embargo, uno de los pilares de la expansión del control chileno sobre el cobre descansó precisamente sobre ese instrumento. No congelaba impuestos bajos; congelaba reglas bajo las cuales Chile ya captaba la mayor parte de la renta minera. Frei comprendió que un Estado fuerte no es el que puede cambiar las reglas cuando quiere, sino el que es capaz de comprometerse a respetarlas".
Invariabilidad tributaria en otros países
En una columna en La Tercera, Nicolás Marshall, ex jefe de la división de Fomento, Inversión e Industria del Ministerio de Economía -durante el gobierno anterior-, puso en el centro de la disyuntiva por la invariabilidad tributaria el cómo compensar los costos en los que incurre el Estado en esta materia.
"Se trata de asegurar que una política pública tan poderosa que también genere valor público", enfatiza. Así, comenta, la estabilidad tributaria "deja de ser un compromiso irrevocable y pasa a depender del cumplimiento de objetivos de intrés público".
Marshall expone algunos ejemplos de otros países donde esto se comprende de esa manera: En Estados Unidos, específicamente en el Estado de California, "las empresas no reciben beneficios tributarios solo por anunciar una inversión. Deben suscribir un acuerdo con el Estado que establece metas verificables de empleo, salarios e inversión. Si no las cumplen, el beneficio se reduce o revoca".
Asimismo, detalla que también en Canadá, Australia y varios países europeos, "los incentivos a la inversión han evolucionado hacia acuerdos basados en desempeño. El Estado ofrece apoyo, pero lo condiciona al cumplimiento de compromisos verificables".
"La experiencia internacional muestra que existe una alternativa. Los beneficios tributarios también pueden convertirse en una herramienta de desarrollo si se condicionan al cumplimiento de compromisos verificables con los objetivos del país", zanjó.
También hay regímenes de invariabilidad tributaria en países como Perú, Ecuador y Panamá. Pero el caso más reciente es el de Argentina. Un informe de Joseph Courand, socio de Tax & Legal y Gonzalo Zegers, gerente senior de Tax & Legal de Deloitte —citado por La Tercera— señala que "en los últimos años, distintos países de la región han recurrido a regímenes de estabilidad tributaria como herramientas para atraer proyectos de inversión de gran escala. El caso más reciente es el de Argentina, que en 2024 introdujo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.
"Este régimen ofrece a los grandes proyectos no solo estabilidad tributaria, sino también estabilidad aduanera y cambiaria, por un período de 30 años", agrega.
