Susana Jiménez, presidenta de la CPC.
Macarena Pérez, El Mercurio
Aunque el debate sobre la "permisología" suele centrarse directamente en los procesos de evaluación ambiental y sectorial de un proyecto de inversión, la etapa posterior de judicialización está ejerciendo una presión creciente sobre los plazos y los costos para la puesta en marcha de estas obras. Así se puede observar en las estadísticas al primer semestre del funcionamiento de los tribunales ambientales, donde el ingreso cada vez más alto de reclamaciones admisibles va sobrepasando la capacidad de la justicia para dictar sentencias a tiempo. En concreto, los datos muestran que solo en la primera mitad del año hubo 32 causas admisibles que se presentaron en sede ambiental, lo que constituye el flujo más alto registrado desde la creación de estos tribunales. Así, aunque la justicia logró dictar 18 sentencias pendientes en el mismo período, uno de los volúmenes más altos de sus registros, el stock de causas en tramitación volvió a aumentar.
