El anatocismo, un concepto técnico que hasta hace poco permanecía lejos del debate público, se transformó en uno de los puntos más controvertidos en las últimas etapas que está viviendo la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.
La aprobación de una indicación impulsada por la oposición que prohíbe el cobro de "intereses sobre intereses" abrió un intenso debate político y económico, al punto que el Gobierno ya trabaja en un veto para eliminar esa disposición antes del despacho definitivo de la iniciativa.
La discusión no solo enfrenta al Ejecutivo con parte del Congreso. También puso en alerta al Banco Central (BC), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), economistas y representantes de la industria financiera, quienes advierten que una prohibición absoluta del interés compuesto podría tener efectos relevantes sobre el acceso al crédito, el ahorro, el mercado de capitales e, incluso, la inversión en vivienda.
El anatocismo está presente en instrumentos tan diversos como los créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito, los depósitos a plazo o los períodos de gracia de un préstamo. Para impulsores de la indicación, la medida busca fortalecer la protección de los consumidores; para sus detractores, podría terminar restringiendo las alternativas de financiamiento y encareciendo el crédito.
Qué es el anatocismo
El origen de la controversia está en una indicación aprobada por el Congreso que modifica el artículo 9 de la Ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero.
La propuesta, presentada por el diputado Héctor Ulloa (independiente-PPD), establece que "no se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación", eliminando así el mecanismo conocido como anatocismo.
En términos simples, el anatocismo corresponde a la capitalización de intereses, es decir, que los intereses devengados se incorporen al capital para generar nuevos intereses con el paso del tiempo.
Se trata del principio financiero que da origen al interés compuesto y que forma parte del funcionamiento habitual de una amplia gama de productos financieros.
Aunque suele asociarse a las deudas, el mecanismo también opera en instrumentos de ahorro. Por ejemplo, en un depósito a plazo renovable, los intereses obtenidos se suman al monto original y generan una nueva rentabilidad en el siguiente período. Lo mismo ocurre en créditos con meses de gracia, refinanciamientos o postergaciones de cuotas, donde los intereses se acumulan mientras no son pagados.
De aprobarse la prohibición en los términos actuales, esa capitalización dejaría de ser posible en todas las operaciones alcanzadas por la ley, lo que, según sus críticos, obligaría a modificar una parte importante de los contratos y productos financieros actualmente vigentes.
La indicación y el veto que prepara el Gobierno
La indicación fue incorporada inicialmente durante la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara de Diputados, donde obtuvo respaldo mayoritario.
Posteriormente, el oficialismo intentó eliminarla durante su paso por el Senado, logrando avanzar en la comisión de Hacienda, aunque finalmente esa modificación fue rechazada en la Sala.
Con ese escenario, el Gobierno optó por una estrategia distinta. Según adelantó el biministro Claudio Alvarado, La Moneda prepara un veto supresivo para eliminar, al menos, el inciso que prohíbe de manera absoluta el pago de intereses sobre intereses.
La decisión responde tanto a las advertencias formuladas por los organismos reguladores como al estrecho calendario legislativo. La intención del Ejecutivo es despachar el proyecto antes de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, por lo que el debate sobre el veto debería concentrarse durante los próximos días.
Banco Central y CMF
Las principales alertas provienen de los propios organismos encargados de velar por la estabilidad financiera del país. Durante su exposición ante la comisión de Hacienda del Senado, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, sostuvo que prohibir el anatocismo sería una decisión inédita respecto de economías comparables y advirtió que la medida "podría impactar negativamente de manera relevante el funcionamiento de todo el mercado financiero".
"Prohibir el interés compuesto, no es un mecanismo eficiente de protección de las personas que acceden a servicios financieros".
Rosanna Costa
Asimismo, afirmó que provocaría un "incremento en el costo de todos los créditos" y mayores niveles de exclusión financiera.
El Banco Central llegó a conclusiones similares. En una minuta de 20 páginas enviada a los senadores, la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa, señaló que "prohibir el interés compuesto, no es un mecanismo eficiente de protección de las personas que acceden a servicios financieros" y que, por el contrario, "podría generar efectos no deseados, por ejemplo, en el acceso y rendimiento de instrumentos de ahorro".
El documento añade que la iniciativa podría alterar la formación de precios en los mercados financieros, generar una asignación menos eficiente del capital y afectar instrumentos de largo plazo. Además, advierte que una interpretación amplia de la norma podría extender sus efectos a certificados de depósito, bonos e incluso algunas operaciones del propio Banco Central.
Por ello, el organismo concluyó que "sería aconsejable no persistir con esta idea de prohibir de forma absoluta el anatocismo".
Las alertas del mundo económico
Las advertencias de los reguladores fueron reforzadas por una serie de cartas publicadas en El Mercurio, firmadas por economistas, exautoridades y representantes de distintas asociaciones financieras.
En una de ellas, José De Gregorio, Pablo García, Guillermo Larraín, Salvador Valdés, Rodrigo Vergara, Ignacio Briones y Mauricio Larraín enfatizaron que "una prohibición absoluta no existe en ninguna jurisdicción" y advierten que eliminar el interés compuesto se traducirá en "tasas más altas, mayores garantías y racionamiento del crédito, golpeando a los segmentos de menores ingresos y empujándolos al crédito informal".
En otra misiva, el economista Hermann González afirmó que la prohibición del anatocismo "es altamente probable que se traduzca en un mayor costo del crédito y condiciones más exigentes que aumentarán la exclusión de los sectores con mayor dificultad para acceder a financiamiento".
Añadió que avanzar sin una evaluación de impacto adecuada sería "un tremendo autogol".
De los hipotecarios a la vivienda social
Ignacio Aravena, fellow de la London School of Economics, sostuvo que los proyectos inmobiliarios se financian mediante créditos de construcción donde los intereses se capitalizan durante la ejecución de las obras. En ese contexto, afirma que prohibir el anatocismo "forzaría a adelantar inversiones de capital y encarecería el costo del crédito", impacto que sería especialmente complejo para la vivienda social, donde los precios están determinados por subsidios y no permiten absorber mayores costos financieros.
En paralelo, representantes de asociaciones de bancos, administradoras de fondos, aseguradoras, AFP, cooperativas y retail financiero advierten que la prohibición también afectaría los depósitos a plazo, las repactaciones de créditos, los préstamos con períodos de gracia y diversas formas de financiamiento de largo plazo.
En una carta conjunta, sostuvieron que "no existe país con un precedente semejante" y alertan que "los primeros afectados serán los hogares de menores ingresos y los pequeños emprendedores, que verán cómo el costo del crédito formal se incrementa, siendo empujados hacia el crédito informal".
Por ello, hacen un llamado al Gobierno, al Congreso y a los reguladores para corregir una norma que, aseguran, podría tener efectos mucho más amplios de los previstos inicialmente.
