"Me imagino que debe haber impresionado a muchos conocer que esto (trabajo forzoso) existe en Chile. Estremece, nos impacta a todos y es difícil de creer. Hablar de trabajo forzado o esclavitud moderna es hablar de cosas pesadas, monolíticas. Pero está ocurriendo".
Así la presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, respondió a los cuestionamientos que ha recibido la organización tras la aplicación del arancel de 12,5% a una parte de las exportaciones chilenas por parte de Estados Unidos.
Los gravámenes surgieron luego de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre el cumplimiento de distintas economías de su obligación de impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
Durante el proceso, una comitiva chilena liderada por Cancillería y compuesta por representantes de distintos sectores exportadores participó en las audiencias realizadas en Washington con el objetivo de evitar un aumento de los aranceles para los productos nacionales.
En las mismas instancias también participaron la Fundación Libera y Ecoceanos. Ambas organizaciones expusieron antecedentes sobre la eventual existencia de trabajo forzoso en Chile, particularmente en la salmonicultura y el sector agrícola, lo que posteriormente generó fuertes críticas desde ambas industrias.
Una vez se supo de las presentaciones de las ONG, desde el sector exportador calificaron la actuación de las organizaciones como una "deslealtad" y una "falta de patriotismo".
Frente a esos cuestionamientos, Rudnick sostuvo en una carta a El Mercurio que las organizaciones no solicitaron la aplicación de gravámenes contra Chile. Por el contrario, afirmó que pidieron reemplazarlos por un plan compuesto por siete medidas estructurales.
"Tras la aplicación de un arancel de 12,5% a las exportaciones de Chile por el USTR, la ONG que lidero ha sido objeto de cuestionamientos y se nos ha culpado, incluso, de ser los causantes de esa decisión", señaló.
Añadió que "los epítetos más suaves han sido ser antipatriotas" y aseguró que, como consta en las actas de las audiencias, Libera y Ecoceanos solicitaron expresamente que no se aplicaran aranceles al país.
Según explicó, la propuesta presentada ante el organismo estadounidense buscaba reforzar los mecanismos de prevención y persecución del trabajo forzoso en Chile mediante cambios estructurales.
Rudnick también planteó que el país no cuenta con una tipificación penal específica del trabajo forzoso y que las herramientas actualmente disponibles, principalmente aquellas relacionadas con la trata de personas, no han resultado eficaces.
"La disyuntiva entre comercio y derechos humanos es falsa y peligrosa", afirmó. A su juicio, este tipo de prácticas deteriora las instituciones, las empresas, las comunidades y el tejido social.
Finalmente, sostuvo que el Gobierno cuenta con distintas alternativas para avanzar hacia una reducción de los gravámenes, entre ellas establecer una prohibición a las importaciones producidas mediante trabajo forzoso, alcanzar un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos o implementar un régimen parcial que cumpla objetivos similares.
A continuación, la carta completa
El momento de ser patriotas
Señor Director:
Tras la aplicación de un arancel de 12,5% a las exportaciones de Chile por el USTR, la ONG que lidero ha sido objeto de cuestionamientos y se nos ha culpado, incluso, de ser los causantes de esa decisión. Los epítetos más suaves han sido ser antipatriotas.
Como consta en las actas de las audiencias ante el Comité del USTR, mi fundación y Ecoceanos, a quien representé, solicitamos que no se aplicaran aranceles a Chile y que se reemplazara dicha decisión por la implementación de un plan de siete medidas estructurales, que permitieran no solo abordar las exigencias de EE.UU. —la prohibición de importación de bienes hechos con trabajo forzoso—, sino reforzar el sistema de prevención y combate del trabajo forzoso en Chile, que no es otra cosa que la imposición de condiciones laborales ilícitas a través de violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o de vulnerabilidad del trabajador, y retenerlo en esa condición bajo algún tipo de coacción.
No es la intensidad de las condiciones laborales ilícitas —la explotación— lo que define el trabajo forzoso: es la ausencia de consentimiento libre e informado —la involuntariedad, nos dice la OIT— en la aceptación del trabajo ilícito y la existencia de la “amenaza de una pena”, la coacción suficiente para quebrar la resistencia del trabajador.
Me imagino que debe haber impresionado a muchos conocer que esto existe en Chile. Estremece, nos impacta a todos y es difícil de creer. Hablar de trabajo forzado o esclavitud moderna es hablar de cosas pesadas, monolíticas. Pero está ocurriendo, y nuestro país no cuenta ni siquiera con la tipificación penal del delito, mientras las herramientas disponibles —la trata de personas— no han sido eficaces.
La disyuntiva entre comercio y derechos humanos es falsa y peligrosa. Hay que entender algo fundamental: la trata y el trabajo forzado son altamente criminógenos, corrompen a las instituciones públicas y a las empresas, y deterioran el tejido social y la calidad de vida de las comunidades. Esto nos compete como consumidores, profesionales y ciudadanos.
Gobierno y oposición han manifestado que se debe enfrentar el problema sin ideologías y con unidad nacional. Estoy de acuerdo. El USTR entregó la hoja de ruta para rebajas de arancel: imponer una prohibición de importación; celebrar un Acuerdo Recíproco de Tarifas, o establecer un régimen parcial que cumpla idénticos fines. El Gobierno tiene las alternativas a su disposición. Es el momento de ser verdaderamente patriotas.
