El proyecto de ley de Reconstrucción encendió las alertas en el sector financiero debido a la incorporación de dos controvertidas indicaciones. El denominado derecho al olvido y la prohibición del anatocismo concentraron buena parte de la atención durante la tramitación, ante los efectos que podrían generar sobre el funcionamiento del sistema financiero.
No obstante, una dura crítica formularon las empresas de servicios esenciales contra otra de las disposiciones, poco conocida, que fue incorporada al proyecto de ley para la Reconstrucción por parte de la oposición.
Se trata del artículo 32, que obliga a las
compañías distribuidoras de electricidad, sanitarias y de gas de red a reconectar gratuitamente y sin exigir pagos previos a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas cuyos servicios hayan sido suspendidos por deudas.
La obligación se aplicará tanto a cuentas impagas acumuladas durante la vigencia de una declaración de zona afectada por catástrofe como a aquellas contraídas con anterioridad a la emergencia, sin que sea necesario acreditar que el usuario sufrió daños materiales o que la deuda se originó como consecuencia del desastre.
Empresas Eléctricas A.G., la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) cuestionaron el diseño de la medida y solicitaron que sea suprimida antes de que la ley sea promulgada.
"Más allá de la discusión jurídica, la norma introduce una señal de política pública difícil de justificar", señalaron los representantes de las tres organizaciones en una carta a El Mercurio firmada por la presidenta ejecutiva de Andess, Lorena Schmitt; el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Juan Meriches, y el presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés.
Según los gremios, la disposición "termina extendiendo una medida de solidaridad a obligaciones incumplidas con anterioridad a la emergencia, debilitando los incentivos al cumplimiento".
Plazos
La norma establece que la reconexión deberá realizarse dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud del usuario en el caso de la electricidad y el gas de red. Para los servicios de agua potable y alcantarillado, el plazo será de 24 horas.
También prohíbe cobrar montos asociados a la reposición del suministro, visitas técnicas, revisión de instalaciones o cualquier concepto similar.
En caso de retraso, el usuario tendrá derecho a recibir una compensación equivalente a tres días de suministro gratuito por cada jornada de incumplimiento, monto que deberá descontarse automáticamente de la cuenta siguiente. Además, podrá recurrir a tribunales para exigir que la empresa ejecute la reconexión.
En ese sentido, las asociaciones cuestionaron que el artículo no contemple excepciones expresas ante caminos cortados, zonas aisladas, infraestructura destruida, restricciones de acceso o condiciones de seguridad que impidan cumplir con los plazos.
A juicio de las empresas, la norma fue diseñada como si durante una catástrofe continuaran vigentes las condiciones normales de operación, pese a que las cuadrillas deben concentrarse prioritariamente en reparar redes dañadas y recuperar el suministro de la mayor cantidad posible de personas.
"Durante una catástrofe obliga a destinar recursos operacionales escasos a esas reconexiones, pudiendo retrasar la reposición del servicio para miles de familias que sí estaban al día y esperan recuperar un suministro esencial", sostuvieron.
En esa línea, advirtieron que la obligación podría exigir el desplazamiento de técnicos para reconectar individualmente a clientes que ya estaban suspendidos antes del desastre, mientras hospitales, establecimientos educacionales, comercios y viviendas permanecen sin suministro debido a daños provocados por la emergencia.
La tramitación
La disposición se originó en una indicación parlamentaria presentada durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados.
La propuesta fue suscrita por Ana María Gazmuri, Irací Hassler, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Daniela Serrano, Marisela Santibáñez, Sofía González, Boris Barrera, Marcos Barraza, Bernardo Salinas, Luis Cuello y Gustavo Gatica.
Posteriormente, la norma fue eliminada durante su discusión en comisión en el Senado, aunque terminó siendo repuesta por la Sala y quedó incorporada en el texto finalmente despachado por el Congreso.
Durante el debate, el Ejecutivo, mediante el ministro de Hacienda, formuló una reserva de constitucionalidad respecto de la disposición.
Según plantean desde los gremios, una modificación de esta naturaleza requiere una discusión específica, con participación de las autoridades sectoriales y un análisis constitucional, técnico, regulatorio y económico más profundo.
Aseguran que la norma crea un régimen permanente para los sectores eléctrico, sanitario y gasífero sin evaluar suficientemente su interacción con las reglas tarifarias, los procedimientos de emergencia y las obligaciones de continuidad y reposición que ya existen en cada industria.
CPC acusa "expropiación regulatoria"
A las críticas de las asociaciones se sumó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien calificó la disposición como "una mala señal regulatoria".
La dirigenta, por medio de una carta en El Mercurio, sostuvo que la medida configura "un claro caso de expropiación regulatoria", al trasladar íntegramente a las empresas el costo de una política pública y modificar las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios.
"Una legislación que valida estas conductas desconoce el esfuerzo de quienes sí cumplen con sus obligaciones, subestima el efecto en cuentas incobrables y erosiona el modelo tarifario que sustenta financieramente a los prestadores de servicios esenciales", afirmó.
Jiménez agregó que la iniciativa introduce incertidumbre regulatoria y advirtió que "valida la nefasta cultura del incumplimiento y constituye una expresión de populismo legislativo".
