Una fuerte reacción política y empresarial provocó en la Región del Biobío la decisión del Ministerio de Hacienda de congelar la tramitación de los decretos de adjudicación de los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano.
Las iniciativas ya habían concluido sus procesos de licitación y se encontraban a la espera de la tramitación de los decretos de adjudicación para formalizar los contratos con las empresas seleccionadas. Sin embargo, el Ejecutivo decidió postergar su avance debido a la estrechez fiscal que enfrenta el país.
"Es una decisión que obedece a situación de estrechez fiscal; son inversiones que nos gustaría quizás posponer. No estamos diciendo que no se vayan a hacer, pero por ahora posponer", afirmó el ministro de Hacienda
Jorge Quiroz.
En ese sentido, la determinación generó un rechazo transversal entre alcaldes, parlamentarios y gremios empresariales, quienes advierten que la paralización afectará la conectividad del Gran Concepción, profundizará la crisis de empleo regional y podría debilitar la confianza en el sistema de concesiones.
La alerta de la CChC
Uno de los principales cuestionamientos provino de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Concepción, que calificó la medida como "un nuevo golpe al empleo y al desarrollo" del Biobío.
De acuerdo con datos del Observatorio de Conectividad Crítica de la CChC, los proyectos detenidos contemplan una inversión cercana a los US$400 millones y podrían generar aproximadamente 15 mil puestos de trabajo.
El presidente regional del gremio, Jorge Coloma, sostuvo a El Sur que la infraestructura pública representa una herramienta fundamental para impulsar la recuperación económica del territorio. "La infraestructura pública es la clave para alcanzar mayores niveles de desarrollo, equidad y oportunidades para todos. Congelar estas licitaciones es retroceder justo en el momento en que la Región más necesita reactivación", afirmó.
El gremio solicitó reuniones urgentes con los seremis de Hacienda y Obras Públicas para conocer los fundamentos de la decisión y analizar alternativas que permitan reactivar las iniciativas.
También pidió concretar la Mesa de Infraestructura anunciada por el Ministerio de Obras Públicas, con participación del sector privado y de los gremios productivos.
"Junto con los demás gremios productivos de la Región, estamos disponibles para agotar todas las instancias de diálogo que sean necesarias", indicó la asociación.
En tanto, representantes regionales de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones también solicitaron revertir la medida y advirtieron que podrían iniciar movilizaciones en caso de que se mantenga la paralización.
La ofensiva regional del Gobernador
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, calificó la determinación como una muestra de "desconexión" del Ejecutivo con las necesidades de la zona y anunció que convocará a alcaldes, consejeros regionales y parlamentarios para coordinar una postura común.
"Como región nos vamos a rebelar. Vamos a convocar a una reunión masiva de alcaldes, consejeros, parlamentarios y queremos demostrar nuestro malestar al Presidente de la República y pedirle que se reconsidere la decisión."
Sergio Giacaman, gobernador del Biobío
"
Como región nos vamos a rebelar. Vamos a convocar a una reunión masiva de alcaldes, consejeros, parlamentarios y queremos demostrar nuestro malestar al Presidente de la República y pedirle que se reconsidere la decisión”, manifestó.
Giacaman sostuvo que los corredores son estratégicos tanto para mejorar la movilidad como para generar puestos de trabajo en una región que enfrenta dificultades económicas y elevados niveles de desempleo.
Además, cuestionó que el Ejecutivo haya optado por detener completamente los proyectos, considerando que corresponden a concesiones en las que la inversión inicial es realizada por privados.
El gobernador buscará que las autoridades del Biobío soliciten formalmente al Presidente revertir la suspensión y reincorporar las iniciativas dentro de las prioridades de inversión pública.
Rechazo transversal
Las críticas atravesaron distintos sectores políticos, incluyendo representantes del oficialismo y de la oposición. El senador socialista Gastón Saavedra calificó la decisión como una "pésima noticia" y advirtió que el freno a la inversión pública profundizará el desempleo y el rezago económico regional.
"El Biobío necesita inversión para generar empleo. Si no hay inversión pública, no habrá nuevos puestos de trabajo. Además, estas obras tienen un efecto multiplicador porque permiten atraer otros proyectos", sostuvo.
La diputada Joanna Pérez afirmó que resulta "gravísimo" postergar inversiones consideradas fundamentales para la reactivación de la región y anunció que planteará el asunto directamente al ministro de Hacienda y al Presidente.
2Se pospondrían inversiones que son necesarias para reactivar la Región, para generar empleo, para generar crecimiento y para dar un impulso al Biobío. En ningún caso podemos validar estas decisiones", señaló.
Desde la UDI, los parlamentarios Flor Weisse y Sergio Bobadilla también cuestionaron la medida, destacando que las obras permitirían mejorar la conectividad y crear oportunidades laborales.
La diputada Francesca Muñoz informó que planteó el asunto al ministro de Hacienda, quien le habría señalado que los proyectos podrían retomarse cuando mejoren las condiciones fiscales. La parlamentaria sostuvo que la respuesta resultó insuficiente y solicitó implementar un plan urgente de reactivación económica y laboral.
El diputado José Antonio Rivas anunció que oficiará al Ejecutivo para transparentar los plazos de la suspensión y determinar si la paralización será temporal o definitiva.
Alerta por confianza
La controversia también escaló hacia el sistema de asociación público-privada.
El presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, advirtió al Diario Financiero que la decisión introduce incertidumbre entre concesionarias, bancos e inversionistas y podría dificultar el financiamiento de futuros proyectos.
"Esta es una señal gravísima, porque incorpora un factor discrecional que hasta ahora no se había experimentado en el sector de las concesiones. Se abre un nuevo flanco para el financiamiento de proyectos", sostuvo.
"Esta es una señal gravísima, porque incorpora un factor discrecional que hasta ahora no se había experimentado en el sector de las concesiones. Se abre un nuevo flanco para el financiamiento de proyectos".
Carlos Cruz
El exministro afirmó que el Ejecutivo debiera retractarse para resguardar la credibilidad del modelo.
"El Gobierno tiene que retractarse de esta decisión. No tiene otra salida si quiere asegurar la comprensión de parte de los inversionistas de este tipo de propuesta que representa la asociación público-privada", señaló.
Cruz también cuestionó el argumento fiscal utilizado por Hacienda. Explicó que los recursos iniciales son aportados por el concesionario y que los pagos estatales comienzan una vez terminada la construcción, distribuyéndose durante aproximadamente dos décadas.
"Es una decisión absolutamente injustificada. Esta es una inversión que se empieza a reembolsar a partir del cuarto o quinto año desde la adjudicación. Se supone que para entonces el país debiera estar creciendo por sobre el 3,5%, por lo que no debiera haber dificultades para cumplir estos compromisos", afirmó.
