Un cambio profundo al sistema que regula las relaciones laborales de los funcionarios públicos comenzó a tomar forma esta semana, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara la creación de una comisión transversal para revisar el Estatuto Administrativo.
La instancia, según precisó este lunes el secretario de Estado, se constituirá, precisamente, durante esta semana y tendrá un plazo de aproximadamente dos meses para desarrollar su trabajo, con el objetivo de entregar sus conclusiones antes de que termine el año.
"Estamos empeñados en lograr la consolidación fiscal. O sea, lograr equilibrar las cuentas no solo en el corto plazo, sino que a largo plazo de modo estructural", afirmó Quiroz durante un punto de prensa a su llegada a la comisión de Hacienda del Senado.
El ministro sostuvo que el actual Estatuto Administrativo "tiene larga data" y que las condiciones bajo las cuales fue diseñado han cambiado.
"Ha cambiado el mundo, las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno. Esta comisión se va a constituir esta semana y va a tener un trabajo de un par de meses hasta llegar a las conclusiones y después tenemos que socializarlas del modo más amplio posible para darle al Estado de Chile una normativa más moderna", señaló.
"La comisión tendrá que determinar las cosas que hay que cambiar, pero efectivamente hay muchos temas de rigideces. Queremos que el Estado sirva mejor a la ciudadanía", sostuvo Quiroz evitando adelantar una propuesta.
Respecto de los plazos, agregó que esperan recibir las conclusiones "antes de fin de año". "Esto es algo que requiere algunos cambios más estructurales, pero va a estar de aquí a fin de año para ser materia de discusión", afirmó.
Las rigideces bajo la lupa
El anuncio había sido adelantado el domingo por Quiroz en el programa Estado Nacional, donde informó que convocaría a una comisión transversal encabezada por un economista independiente.
"Voy a convocar prontamente a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema de estatuto administrativo del gobierno. Es un tema estructural al que hay que entrar", afirmó en esa oportunidad.
El Estatuto Administrativo está contenido en la Ley N°18.834, promulgada el 15 de septiembre de 1989, y regula las relaciones laborales de los funcionarios de la administración pública, es decir, funciona desde la época de Augusto Pinochet.
Durante los últimos años, distintas voces han cuestionado aspectos como la rigidez para modificar las plantas de trabajadores, las dificultades para realizar desvinculaciones por desempeño, la coexistencia de distintos regímenes contractuales y el funcionamiento de los mecanismos de evaluación.
Esos elementos aparecen ahora en el centro de la discusión que pretende abrir Hacienda.
Quiroz ha vinculado además esta revisión con el objetivo del Gobierno de alcanzar una consolidación fiscal estructural. "Si queremos consolidar este reordenamiento fiscal que estamos haciendo, pasa a ser extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos", señaló.
ANEF acusa un anuncio "violento"
La decisión generó una inmediata reacción entre los funcionarios públicos.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, calificó el anuncio como "contradictorio" y "violento", argumentando que la organización ya mantiene una mesa técnica con el Gobierno para abordar materias relacionadas con la modernización del Estado.
Según explicó, el pasado 20 de mayo la directiva de la ANEF se reunió con el Presidente José Antonio Kast y planteó su disposición a participar en eventuales modificaciones al funcionamiento del sector público.
Pérez sostuvo que, tras ese encuentro, el Mandatario encargó al Ministerio del Trabajo, al Servicio Civil y a la Subsecretaría del Trabajo abrir una mesa técnica con la agrupación.
"El jefe del ministro Quiroz estableció un diálogo formal con la ANEF. Entonces, el anuncio nos parece violento. Si no sabe de su existencia, que le pregunte a su jefe, el Presidente, cuál es la relación formal con la ANEF", cuestionó.
La agrupación entregó el pasado 6 de julio al Ejecutivo un documento con una metodología de trabajo, un plan y los principales temas que pretende abordar, mientras que el viernes 7 de agosto recibió una respuesta de la Subsecretaría del Trabajo.
La ANEF solicitó ahora conocer quiénes integrarán la comisión anunciada por Hacienda y pidió que Quiroz reciba a sus representantes.
"No somos cualquier sector, somos el más grande del sector público y representamos a funcionarios de carrera que son los que deben ejecutar los programas de gobierno", afirmó Pérez.
La oposición cuestiona la composición
Desde el Congreso también surgieron reparos.
El presidente del PPD y diputado Raúl Soto sostuvo que las comisiones técnicas pueden contribuir al debate siempre que incorporen distintas sensibilidades políticas.
"Las comisiones técnicas son bienvenidas en la medida que tengan la diversidad que requiere una política de Estado, como es, por ejemplo, la modernización de lo público, la modernización del Estado", afirmó.
El parlamentario aseguró que hasta ahora la oposición no ha sido contactada para participar en la instancia.
"Si el Gobierno quiere hacer comisiones a su medida, a la medida de sus ideas y propuestas para tratar de validarlas, es hacernos trampa en el solitario."
Diputado PPD, Raul Soto
"Si el Gobierno quiere hacer comisiones a su medida, a la medida de sus ideas y propuestas para tratar de validarlas, es hacernos trampa en el solitario", cuestionó.
Soto agregó que, a su juicio, el Ejecutivo deberá optar entre "el camino de la batalla ideológica cultural para achicar, para disminuir el Estado desde adentro" o impulsar una modernización destinada a hacerlo "más eficiente y cercano a las personas".
"Para este segundo camino estamos disponibles, para el primero no", señaló.
El presidente de la Democracia Cristiana, diputado Álvaro Ortiz, también expresó cautela ante el anuncio. "Ellos en su momento dijeron que quienes se desempeñaban en el ámbito público eran prácticamente la grasa del Estado, veremos de qué forma ha cambiado esto. Muchas veces nos quedamos en anuncios y todo viene con letra chica", afirmó.
La exministra de Desarrollo Social María Fernanda Villegas también cuestionó que la comisión sea encabezada por un economista.
A través de su cuenta en X, sostuvo que el Estatuto Administrativo constituye principalmente una herramienta normativa y laboral y que su modificación no debiera analizarse exclusivamente desde una perspectiva fiscal.
"La señal resulta reduccionista pues modificar este instrumento no puede ser planteado sólo como un mecanismo de ajuste fiscal", planteó.
A su juicio, la conducción de una instancia de este tipo podría provenir de disciplinas como la administración pública, el derecho administrativo o la gestión pública, incorporando además la participación de los trabajadores. "La eficiencia presupuestaria es un aspecto importante pero no único", agregó.
La postura del mundo económico
Desde otros sectores, en cambio, el anuncio fue recibido como una oportunidad para realizar modificaciones estructurales. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones sostuvo que Chile necesita avanzar hacia un nuevo Estatuto Administrativo que contemple evaluaciones efectivas de desempeño, acceso y progresión por mérito y cambios en las normas de estabilidad laboral.
"Como hemos insistido, es clave un nuevo estatuto administrativo moderno", afirmó.
Entre los elementos que mencionó aparecen "evaluaciones de verdad", "acceso y progresión por mérito", el "fin a inamovilidad" mediante un contrato similar al regulado por el Código del Trabajo y una "significativa reducción de cargos cuoteados a operadores políticos".
Por su parte, el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, también planteó la necesidad de una modificación profunda.
A su juicio, uno de los principales problemas actuales está en las diferencias existentes entre los funcionarios de planta y aquellos que trabajan a contrata.
"En la práctica, quienes están en la modalidad de planta tienen una inamovilidad extrema, lo que impide la desvinculación incluso ante el incumplimiento de los deberes por parte del trabajador, debido a lo engorroso de los procesos."
Director OCEC-UDP, Juan Bravo
"En la práctica, quienes están en la modalidad de planta tienen una inamovilidad extrema, lo que impide la desvinculación incluso ante el incumplimiento de los deberes por parte del trabajador, debido a lo engorroso de los procesos", afirmó.
"En consecuencia, la eventual desprotección que enfrentan los trabajadores en la modalidad a contrata ante la contingencia del término del vínculo laboral se contrapone con los privilegios excesivos de los trabajadores a planta, que reducen los incentivos necesarios para un adecuado desempeño o generan discriminación arbitraria con el resto de los trabajadores", añadió.
Por ello, propuso avanzar hacia "un régimen único de contratación", que permita combinar mayores grados de flexibilidad con mecanismos de protección laboral.
También apuntó al sistema de calificaciones.
"Uno de los problemas más graves en la actualidad es que no existe un mecanismo de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos que sea exigente y que genere consecuencias reales en función del desempeño, premiando el desempeño destacado y castigando el mal desempeño", afirmó.
A su juicio, ese elemento es fundamental para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la calidad de los servicios entregados por el Estado.
El exvicepresidente de Amarillos por Chile, Gabriel Alemparte también celebró la iniciativa.
"Gran noticia. Para quienes trabajamos sobre este tema y conocemos las limitaciones y problemas del Estatuto Administrativo en la modernización del Estado, esto debe tener un resultado claro para Chile", afirmó.
