Una dura arremetida protagonizaron algunos de los principales operadores de casinos del país luego de conocerse los resultados de la licitación para los establecimientos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.
El proceso, iniciado este martes por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), terminó con interesados únicamente para Coquimbo y Pucón, mientras que las licitaciones de Viña del Mar e Iquique quedaron desiertas.
Tras conocerse el resultado,
Dreams, Marina del Sol (MDS) y Corporación Meier cuestionaron las condiciones establecidas por el regulador y coincidieron en que las exigencias económicas, técnicas y de inversión terminaron desincentivando la competencia.
Actualmente, buena parte de la industria está concentrada precisamente en esos tres operadores, además de Casinos de Chile, sociedad creada tras la reorganización judicial de Enjoy para administrar sus recintos mientras son traspasados a un nuevo operador.
Tres de los casinos incluidos en el proceso, Viña del Mar, Coquimbo y Pucón, son actualmente gestionados por Casinos de Chile. Iquique, en tanto, es operado por Dreams. Tanto Enjoy como Dreams habían devuelto el año pasado las concesiones de Viña del Mar e Iquique, respectivamente.
Los argumentos
"Estamos convencidos de que las bases técnicas (...) imponían condiciones excesivamente gravosas sin justificación y, por tanto, no promovían la competencia", sostuvo Dreams, ligada a Claudio Fischer, que decidió no presentar ofertas al considerar que su participación era "inviable".
La compañía puso como ejemplo Iquique, donde las exigencias contemplaban que determinadas obras quedaran posteriormente en manos del municipio sin indemnización. Dreams estimó en US$55 millones la inversión requerida y afirmó que se transformaba en un "costo hundido no recuperable".
Marina del Sol, ligada a la familia Imschenetzky, también cuestionó el proceso y afirmó que tenía "interés y capacidad para competir", pero que las condiciones se lo impidieron.
Para la empresa, lo ocurrido refleja "fallas estructurales de diseño" en el modelo de licitación aplicado desde 2015. En particular, destacó el caso de Viña del Mar, donde el proceso terminó nuevamente sin interesados.
Entre las exigencias para ese recinto figuraba un plazo de tres meses para su puesta en marcha, además de un pago mínimo anual de 394 mil UF al municipio y obras de mejoramiento en Avenida Perú por hasta 120 mil UF.
Corporación Meier se sumó a los cuestionamientos y aseguró que las exigencias económicas, técnicas y de inversión podían resultar "desproporcionadas frente a las condiciones actuales del mercado".
Según la firma, los mínimos de oferta económica, junto con las obligaciones tributarias, regulatorias y de inversión, podían comprometer la viabilidad financiera de los proyectos y reducir el interés de nuevos competidores.
La compañía fue más allá y presentó un recurso de reposición ante la Superintendencia de Casinos de Juego, solicitando dejar sin efecto la licitación, suspender la recepción de ofertas y remitir los antecedentes a la Contraloría para que revise la legalidad del proceso.
