La arista penal del caso Australis se acerca a una jornada clave. Si bien la audiencia de cierre de investigación estaba programada para mañana viernes, finalmente la instancia fue aplazada y se desarrollará dentro de las próximas semanas. En la oportunidad la Fiscalía comunicará formalmente el término de su labor investigativa e informará si decide acusar, solicitar el sobreseimiento o no perseverar en la causa.
La definición se producirá después de más de tres años de investigación y en medio de una creciente disputa pública entre la china Joyvio, actual controladora de Australis Seafoods, y la defensa del empresario Isidoro Quiroga.
Durante los últimos días, el enfrentamiento salió nuevamente del terreno judicial y se trasladó a las páginas de
El Mercurio, donde abogados de ambas partes intercambiaron cartas al director respecto de la
actuación del Ministerio Público, la certeza jurídica y las repercusiones que podría tener el caso para la inversión extranjera.
El cuestionamiento de la defensa de Quiroga
El cruce comenzó este miércoles, cuando Alex van Weezel, abogado de Isidoro Quiroga, publicó una carta en El Mercurio en la que cuestionó las recientes intervenciones públicas de ejecutivos de Joyvio.
El abogado recordó que durante agosto el CEO de Joyvio Food y presidente de Australis, Yonggung Huang, había aparecido en distintos medios planteando que la controversia no constituiría únicamente un conflicto jurídico entre empresas, sino que podría comprometer las relaciones económicas entre China y Chile.
"Todo indica que los personeros del conglomerado chino han puesto sus fichas en la politización del caso y en el ejercicio de presión sobre las autoridades."
Alex van Weezel, abogado de Quiroga
Van Weezel sostuvo que "todo indica que los personeros del conglomerado chino han puesto sus fichas en la politización del caso y en el ejercicio de presión sobre las autoridades".
A juicio del abogado, los antecedentes recopilados durante más de tres años de investigación darían cuenta de que "no existió engaño ni fraude en la venta de Australis" y que los antiguos y nuevos controladores operaron bajo un entendimiento común de la regulación.
"Precisamente para que haya 'reglas claras, certeza jurídica y confianza en las instituciones', todos los actores empresariales, chilenos y extranjeros, deben evitar politizar sus conflictos comerciales e intentar convertir a los medios en instrumentos de presión", cerró Van Weezel.
La respuesta de Joyvio
La réplica, llegó al instante: este jueves, también a través de una carta publicada en El Mercurio y firmada por los abogados de Joyvio Jorge Bofill y Hugo Rivera.
Los juristas señalaron coincidir con la necesidad de preservar la certeza jurídica y la confianza institucional, pero rechazaron que las actuaciones de la compañía puedan ser interpretadas como una presión sobre el Ministerio Público.
"Solicitar que una investigación penal agote las diligencias pendientes no significa presionar a la Fiscalía ni pretender imponerle un resultado. Es ejercer un derecho que nuestro ordenamiento reconoce a cualquier víctima que considere que aún existen hechos relevantes por esclarecer."
Abogados de Joyvio
"Solicitar que una investigación penal agote las diligencias pendientes no significa presionar a la Fiscalía ni pretender imponerle un resultado. Es ejercer un derecho que nuestro ordenamiento reconoce a cualquier víctima que considere que aún existen hechos relevantes por esclarecer", afirmaron.
Bofill y Rivera también apuntaron a declaraciones realizadas anteriormente por Cristóbal Eyzaguirre, otro abogado de Quiroga, quien había sostenido en el mismo medio que "hace mucho tiempo que un fiscal objetivo habría terminado la causa".
"Que las partes expresen públicamente sus argumentos no altera la autonomía del Ministerio Público. Lo importante es que este decida con independencia y considerando todos los antecedentes", agregaron.
Los abogados de Joyvio también cuestionaron que las conclusiones alcanzadas en otras instancias puedan trasladarse directamente al proceso penal.
"Una resolución arbitral o civil no sustituye una investigación penal: son sedes distintas, con objetivos y responsabilidades diferentes", plantearon.
La carta recordó además que Joyvio adquirió Australis en 2019 por US$921 millones y recogió las declaraciones entregadas por Sebastián Edwards.
"Frente a una operación de esta magnitud, pedir que los hechos sean esclarecidos no debilita la institucionalidad: la fortalece", sostuvieron los abogados.
"La certeza jurídica no consiste en que un juicio termine rápido, sino en que termine bien, con todos los antecedentes relevantes sobre la mesa y con las mismas reglas para todos, frente a un tribunal imparcial", concluyeron.
Respecto a los dichos por Sebastián Edwards, este abordó el miércoles el caso Australis en una entrevista con La Segunda.
El economista transparentó que hace algunos años elaboró un informe técnico a petición de Joyvio y que durante el arbitraje se enfrentó con Jorge Quiroz.
"Los ojos de los inversionistas extranjeros están puestos en este caso. Lo importante es que la justicia cumpla con su papel, y que, efectivamente, haya un juicio."
Sebastián Edwards, economista
"Los ojos de los inversionistas extranjeros están puestos en este caso. Lo importante es que la justicia cumpla con su papel, y que, efectivamente, haya un juicio", sostuvo.
Según Edwards, "lo lógico es que un juez chileno, profesional e imparcial, decida después de considerar los antecedentes de ambos lados".
"En el caso remoto que sucediera, significaría un golpe reputacional para Chile. Muchos inversionistas extranjeros pensarían que hay un sesgo nacional, y que no hay una cancha pareja", afirmó.
La controversia antecede una audiencia que ambas partes observan con atención.
La causa mantiene formalizados a Isidoro Quiroga, Martín Guiloff y Santiago Garretón por los delitos de estafa y administración desleal, a partir de la querella presentada por Joyvio Group, conglomerado que adquirió Australis Seafoods en 2019 por cerca de US$921 millones y que acusa a Quiroga, sus familiares y su antiguo círculo ejecutivo de haber organizado una millonaria estafa.
Además, en la arista arbitral del caso, en el mes de junio, la corte de Apelaciones anuló en su totalidad el laudo dictado por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, dejando sin efecto el pago de US$300 millones de Quiroga a Joyvio.
