La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre los requerimientos presentados contra la Ley de Reconstrucción Nacional dejó una evaluación mixta en el gran empresariado.
Si bien el sector valora que se haya mantenido el mecanismo de invariabilidad tributaria, también advierte que el fallo introduce restricciones y elimina herramientas que, a su juicio, podían entregar mayor certeza para las inversiones.
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, resumió la primera reacción del gremio con cautela.
"Tras conocer la información entregada por el TC,
tomamos el fallo con moderado optimismo, a la espera de conocer los detalles de la resolución completa", señaló.
Certeza para las inversiones
Uno de los principales puntos valorados por el empresariado es que el TC haya mantenido, prácticamente en su totalidad, el artículo que establece la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión superiores a US$50 millones.
El mecanismo permite a determinadas iniciativas asegurar sus condiciones tributarias por períodos de entre 10 y 20 años, dependiendo del monto comprometido.
Para Jiménez, esta decisión representa una señal positiva para la inversión. "Es muy positivo que se confirme la invariabilidad, por la mayor certeza jurídica que otorga a los inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, se restringe la flexibilidad y alcance del mecanismo", sostuvo.
El fallo, no obstante, también excluyó algunas disposiciones vinculadas a este régimen, entre ellas aquellas que permitían ajustar el monto de inversión y el período de invariabilidad por la ejecución de proyectos conexos, además de una norma que contemplaba extender ciertos plazos para la internación de capitales bajo circunstancias calificadas.
Una oportunidad que, según la CPC, se pierde
Otro de los elementos que lamenta el sector privado es la decisión del TC sobre las denominadas micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas.
El tribunal declaró inconstitucional esta posibilidad, que permitía desplazar una concesión dentro de un radio acotado para mejorar sus condiciones ambientales sin aumentar la producción ni el tamaño del área autorizada.
"En materia de micro relocalizaciones, se pierde una gran oportunidad de mejoras de corto plazo en productividad y generación de empleo", afirmó Jiménez.
La presidenta de la CPC también destacó que "se mantiene la eliminación de la invalidación impropia, pero se permite que terceros absolutos reclamen ante el comité de ministros o director ejecutivo del SEA con la única limitante de reclamar por hechos que le generen una afectación directa", indicó.
El punto que más preocupa al empresariado
El principal revés para el Ejecutivo fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo que establecía una compensación estatal cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) previamente aprobada fuera posteriormente anulada.
La norma era una de las apuestas impulsadas desde Hacienda para reducir la incertidumbre asociada a proyectos que, luego de obtener sus permisos ambientales y realizar inversiones, enfrentaran posteriormente la invalidación de una RCA.
Para Jiménez, la eliminación del mecanismo obliga a buscar una alternativa. "Respecto de la inconstitucionalidad de la compensación por anulación de RCA, habría que pensar en un nuevo mecanismo que resguarde el espíritu del articulado", planteó, agregando que "se requiere mayor certeza jurídica sobre la obtención de un permiso que ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el Estado".
La evaluación de la CPC, por ahora, queda sujeta a la revisión del texto completo de la sentencia del TC. Jiménez, además, puso sobre la mesa otro elemento pendiente del proyecto: la norma que obliga a la reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofe.
"Es de esperar que en los próximos días se declare inconstitucional el artículo referido a obligación de reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofe", sostuvo, argumentando que la disposición "es imposible operacionalmente, inadecuado por privilegiar situación de impago previo y financieramente insostenido".
