El Gobierno propuso lo que ya era un secreto a voces: postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la que debe comenzar a regir a fines de este año.
Lo anterior, con el objetivo de contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su implementación.
La iniciativa plantea otorgar un año adicional de preparación para la puesta en marcha de la Ley N° 21.719, normativa que tendrá efectos sobre organismos públicos, empresas, fundaciones y otras entidades que realizan tratamiento de datos personales.
Al respecto, el biministro de Economía, Daniel Mas, sostuvo que "esta es una reforma muy relevante para Chile y nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento. No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día", afirmó.
Cambios
La iniciativa también propone cambios a la futura Agencia de Protección de Datos Personales, entre ellos aumentar de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y establecer un quórum de tres miembros.
Asimismo, se plantea adelantar la designación de su primer Consejo, de manera que el organismo pueda iniciar anticipadamente su proceso de instalación, avanzar en la elaboración de regulación secundaria y establecer criterios y estándares antes de que comiencen sus nuevas facultades de fiscalización.
Según la propuesta, el período adicional también permitirá que organismos de la Administración del Estado, municipalidades, servicios públicos y entidades privadas puedan adecuar sus sistemas, procesos y estructuras internas a las nuevas obligaciones.
El Ejecutivo sostiene que con ello se busca reducir la incertidumbre y evitar costos derivados de una implementación apresurada de una normativa de alcance transversal.
