Andes Iron decidió retirar los recursos que mantenía ante la Corte Suprema en el marco de la disputa por el proyecto minero-portuario Dominga, con el objetivo de permitir que avancen las solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones sociales contra la resolución que el Comité de Ministros adoptó en enero de 2025.
La compañía explicó que la Suprema estaba tramitando los recursos de casación y de queja interpuestos contra un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, situación que, según sostuvo, había dejado congeladas esas solicitudes.
"Frente a la presentación, por parte de organizaciones sociales, de diversas solicitudes de invalidación en contra de la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025 que abiertamente contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental, y a objeto de no obstaculizar su avance, Andes Iron ha decidido desistirse de los recursos de casación y de queja", señaló la compañía en una declaración pública.
El cambio de estrategia se produce luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazara la vía utilizada por la empresa para buscar el cumplimiento de una resolución del Tribunal Ambiental.
Contra esa decisión, Andes Iron había recurrido a la Suprema buscando mantener abierto ese mecanismo para avanzar en la ejecución del fallo.
Ahora, la empresa asegura que su prioridad está puesta en la instancia administrativa.
"En las actuales circunstancias, Andes Iron estimó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato", afirmó, agregando que la decisión se adopta "en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo".
Andes Iron también remarcó que, a su juicio, la resolución del Primer Tribunal Ambiental había validado la evaluación ambiental del proyecto.
En su declaración, sostuvo que dicha sentencia "validó categóricamente la evaluación ambiental del proyecto y su posterior calificación favorable".