Con tres focos puestos sobre la mesa, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, expuso ante la comisión de Hacienda de la Cámara sus principales observaciones a la reforma al mercado de capitales (MK4).
Durante su presentación, abordó los cambios al marco que regula los fraudes con medios de pago, las medidas contempladas para facilitar el acceso a la vivienda y un tema que no está incluido en el proyecto, pero que sí ha formado parte de la discusión del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales: la Tasa Máxima Convencional (TMC).
En términos generales, Mena valoró varios de los mecanismos incluidos en la iniciativa, aunque también planteó ajustes que, a su juicio, permitirían equilibrar de mejor manera la protección de los usuarios, la prevención del fraude y el acceso al financiamiento formal.
Uno de los principales puntos de su exposición estuvo precisamente en el régimen de fraude, donde la banca busca que las responsabilidades se distribuyan entre los distintos actores que participan actualmente en la cadena de pagos.
Fraude: banca pide equilibrar responsabilidades
Mena valoró que el proyecto mantenga la protección a los clientes frente a operaciones desconocidas y que el emisor deba acreditar que una transacción fue autorizada por el usuario. Sin embargo, sostuvo que también es necesario distribuir las responsabilidades entre todos los participantes de la cadena de pagos y reforzar las medidas de prevención.
En ese contexto, afirmó que el fraude en Chile se ha elevado con fuerza en los últimos años. "Si uno hace una mirada actual, encuentra que el total de fraude que nuestro país está registrando es tres veces lo que era antes del cambio legal del año 2020. Pero si uno hace una mirada comparativa, encuentra que es cuatro veces mayor que la Unión Europea", señaló.
"Si uno hace una mirada actual, encuentra que el total de fraude que nuestro país está registrando es tres veces lo que era antes del cambio legal del año 2020. Pero si uno hace una mirada comparativa, encuentra que es cuatro veces mayor que la Unión Europea"
José Manuel Mena
El representante de la banca destacó que el proyecto amplía el universo de entidades que deberán adoptar medidas de seguridad, considerando que actualmente participan numerosos actores en los sistemas de pago. También valoró la estandarización de los procedimientos para reportar operaciones desconocidas y la extensión de ciertos plazos.
Uno de los cambios que destacó apunta a la responsabilidad asociada a operaciones realizadas mediante autenticación reforzada. Según Mena, esto permitiría avanzar hacia un estándar de responsabilidad basado en la denominada culpa leve.
Sobre este punto, sostuvo que la legislación chilena presenta una situación excepcional frente a otras jurisdicciones. "Y otras jurisdicciones, estoy hablando del mundo, reconocen que cuando hay una transacción comercial, una transacción de un medio pago, la responsabilidad es la culpa leve. Somos el único país del mundo que tiene una situación distinta", afirmó.
Además, planteó una modificación que no está incluida en el proyecto: que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pueda resolver inicialmente las controversias por operaciones desconocidas, dejando abierta posteriormente la vía judicial. Su argumento es que el esquema vigente ha llevado a los emisores a judicializar determinados casos y ha contribuido al atochamiento de los juzgados de policía local.
Banca respalda el fondo para viviendas
El segundo eje de la presentación estuvo relacionado con el acceso a la vivienda. Mena sostuvo que el encarecimiento de los inmuebles ha elevado la carga financiera de los hogares y que una reducción de las tasas hipotecarias, por sí sola, no resuelve el problema.
"Eso es lo que quiero señalar, que aquí el efecto precio es relevante, por eso entendemos que hay iniciativas legales complementarias a esto, como fue la ley de Reconstrucción, que busca generar una mejor posibilidad que el precio se disminuya por una serie de normativas que ustedes conocen muy bien, y que en este caso la tasa ayuda, pero no soluciona el problema del fondo", afirmó.
En ese escenario, valoró los mecanismos contemplados en la reforma. En particular, destacó el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), que contempla hasta $2.000 millones de capital, con capacidad de apalancamiento y destinado a créditos para viviendas de hasta 6.000 UF y plazos de hasta 30 años.
"Nosotros estamos en la línea de apoyar esta iniciativa"
José Manuel Mena
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Nosotros estamos en la línea de apoyar esta iniciativa", dijo Mena, aunque advirtió que la implementación requerirá una regulación detallada para determinar cómo se distribuirán los riesgos y costos entre los distintos participantes.
También valoró el incentivo al ahorro para la primera vivienda, que permitiría complementar el ahorro destinado al pie de una propiedad. A su juicio, se trata de una herramienta que puede contribuir a facilitar el acceso al financiamiento.
No obstante, planteó que será relevante definir la duración del Fonavi y si el problema que busca abordar es transitorio o permanente. "Este instrumento es para ver la forma de poder bajar la tasa a un nivel que sea incentivo para la persona", señaló.
Tasa Máxima Convencional
El tercer punto abordado por el presidente de la Abif fue la Tasa Máxima Convencional, materia que no está incluida en el proyecto, pero que formó parte de las conversaciones del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales.
Mena cuestionó los efectos que habría tenido la regulación implementada en 2013, particularmente sobre los créditos de menor monto.
Según expuso, estimaciones que calificó como prudentes apuntan a que unas 200 mil personas habrían quedado fuera del mercado formal desde entonces, cifra que, bajo distintos escenarios, podría haberse incrementado durante la última década. Mena mencionó además documentos del Banco Mundial y el FMI que han planteado revisar la existencia de este límite, aunque precisó que la Abif no necesariamente suscribe la propuesta de eliminarlo completamente.
"Solo enfatizar que hay que hacer una revisión de esta política pública"
José Manuel Mena
Su planteamiento apunta a revisar el diseño de la política para evitar que el límite termine reduciendo la oferta de financiamiento para segmentos de menores ingresos.
"Solo enfatizar que hay que hacer una revisión de esta política pública", sostuvo, apuntando a la necesidad de combinar mecanismos de protección al consumidor con condiciones que permitan mantener la oferta de crédito formal.
Mena cerró este capítulo advirtiendo que, a su juicio, la restricción del mercado formal ha dejado a un número importante de personas dependiendo de otras fuentes de financiamiento. "Hoy día podríamos tener del orden fácilmente 600.000 personas fuera del mercado, sin mercado formal", afirmó.
