Minera Spence, de la gigante BHP, llevó a tribunales un conflicto con sus trabajadores.
La compañía presentó una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Sindicato de Trabajadores de la empresa, al que le exige $8.450.685.270 -más de US$8,5 millones- por los daños que habrían causado dos paralizaciones que califica de "derechamente ilegales".
La acción, presentada ante el Juzgado Civil de Antofagasta, sostiene que el sindicato convocó y dirigió las detenciones de funciones del 30 de junio y 1 de julio, y del 7 y 8 de julio de 2026, con el fin de presionar a la empresa para que pagara un bono extraordinario de $5 millones por afiliado, que no estaba contemplado en el contrato colectivo vigente.
Según el relato de la minera, el 5 de mayo el sindicato planteó a la gerencia general una serie de exigencias económicas, entre ellas una "compensación" de $5 millones por trabajador, asociada a la reducción de los bonos de producción del año fiscal 2026 y a los resultados de la compañía.
En una carta del 29 de mayo, citada en la demanda, la organización describió el pago como una "petición de participación del ganancial que colaboramos en generar para la empresa".
El 30 de junio, Spence respondió que cumpliría el contrato colectivo, sin agregar el bono.
De acuerdo con la demanda, el sindicato convocó de inmediato a sus socios a no presentarse a sus turnos, en lo que la empresa describe como una "huelga de brazos caídos".
763inasistencias registró la minera en las dos paralizaciones
La minera afirma que la medida se repitió una semana después, pese a que por carta había exigido el cese de la primera paralización. El sindicato, en tanto, habría respondido a la empresa que lo ocurrido fue consecuencia de "más de un año de propuestas, reuniones y solicitudes" que no habrían encontrado una respuesta oportuna, y defendió su actuar en la autonomía sindical.
567 toneladas de cobre
Según la demanda, que se apoya en actas notariales levantadas durante las jornadas, en la primera paralización se ausentaron 413 trabajadores y en la segunda, 350. Las inspecciones dejaron constancia de áreas sin personal y de equipos detenidos: en una de las jornadas, solo 3 de los 34 camiones de la faena estaban operativos.
La compañía calcula que las operaciones estuvieron interrumpidas 23 horas en la producción de cátodos y 26 horas en la de concentrado, con una pérdida de 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno. Valorizada al precio que obtuvo Spence en julio, US$6,75 por libra de cobre, la producción perdida equivale a US$8,58 millones.
La empresa precisa que solo demanda el lucro cesante, sin incluir otros costos del plan de contingencia, como horas extraordinarias, traslados y alojamiento de personal.
El argumento central de la minera es que, aunque la huelga es un derecho de los trabajadores, no hubo ninguno de los requisitos que exige el Código del Trabajo. Al momento de las paralizaciones no estaba en curso una negociación colectiva reglada, no hubo votación ni aviso a la empresa o a la Inspección del Trabajo, y el sindicato tampoco invocó el artículo 184 bis, que permite interrumpir labores ante un riesgo grave para la vida o la salud.
Spence subraya que la acción se dirige contra el sindicato como organización, por su "actuación concertada y organizada", y no contra los trabajadores individualmente. La organización, constituida en 2005, reúne a 1.082 afiliados, el 96% de la dotación de su estamento.
Spence es una operación de cobre a rajo abierto ubicada a 162 kilómetros al noreste de Antofagasta.
En una declaración pública, Spence afirmó tener "un compromiso permanente con sus trabajadores, y las organizaciones sindicales que los representan, de resguardar la seguridad de las personas, promover las relacionales laborales constructivas y asegurar la continuidad responsable de nuestras operaciones, por lo que no puede amparar paralizaciones que se desarrollan fuera del marco legal aplicable".
