SANTIAGO.- El miércoles, el Consejo de Ministros del Gobierno de Perú aprobó el proyecto de ley de "muerte civil", que contempla la prohibición de ejercer cargos públicos a aquellos funcionarios que hayan sido condenados por delitos de corrupción.
La medida forma parte de una de las cinco propuestas anunciadas el lunes por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para combatir la corrupción, uno de los puntos que más preocupan a los peruanos y que también le ha significado una baja de la aprobación al Mandatario en las encuestas.
Esto, producto del escándalo que involucra al ex asesor presidencial en materias de salud Carlos Moreno, luego de que se revelaran audios donde admitía que estaba realizando "negociazos" en lo que respecta a la salud pública.
El hecho caló hondo en el Gobierno y mermó su credibilidad. Es más, el propio Kuczynski señaló que Moreno "ha traicionado mi confianza".
Ante ello, en las medidas que anunció, se cuenta la propuesta de reorganización del despacho presidencial, incluyendo el parámetro para elegir a los asesores; la solicitud a los ministros para que evalúen inmediatamente su entorno y "garantizar que contamos con las personas idóneas".
Al mismo tiempo, PPK anunció la creación de una Comisión Presidencial de Integridad, la que propondrá medidas para enfrentar la corrupción. Además, el Mandatario convocó al Consejo de Estado, integrado por los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para tratar el tema en conjunto.
Pero lejos la medida que más llamó la atención fue la de la ley de "muerte civil" de los corruptos. En palabras de Kuczynski, "quien haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el Gobierno central, las municipalidades o las regiones".
Primero, esta ley contempla como delitos de corrupción la colusión, cobro indebido, peculado, uso doloso/culposo, malversación de fondos, soborno internacional y tráfico de influencias, entre otros.
Así, la inhabilitación perpetua se considerará bajo dos supuestos: cuando los delitos se cometan contra el patrimonio del Estado o contra programas de fines asistenciales o de desarrollo.
Asimismo, la ley contempla la modificación del Código Penal en lo que respecta a la inhabilitación en quienes incurran en delitos contra la administración pública que no sean causal de "muerte civil". En esos casos, se aumentó el rango de suspensión: entre 2 y 20 años.
De este modo, el Gobierno busca la "tolerancia cero" a la corrupción, como clara señal de que se están cumpliendo las promesas al asumir el poder.
