La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra los jueces que condenaron a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en un proceso por lavado de activos enel financiamiento de sus campañas electorales, informaron este martes medios locales y uno de los abogados del exmandatario.
Según la información, la investigación ha sido abierta durante 60 días por la Fiscalía Superior Penal Colegiado Nacional contra los magistrados Juana Mercedes Caballero, Nayko Corona y Max Oliver Vengoa, integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
La medida se dictó luego de que la defensa de Humala presentara una denuncia contra los magistrados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricación y falsedad ideológica.
La demanda se basa en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que libró de juicio a Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por un proceso similar de presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electores, lo que esta corte determinó que la acusación carecía de sustento.
En ese sentido, la Fiscalía dispuso tomar la declaración de Humala, de los magistrados investigados y de otros testigos, así como solicitar información a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial sobre quejas funcionales y antecedentes disciplinarios de los tres jueces.
En un mensaje publicado en su cuenta en red social X, que es manejada por otras personas de su confianza, Humala señaló que su defensa ha "presentado las pruebas para apelar la sentencia ilegal que fue dictada" en su contra.
"La documentación demuestra nuestra inocencia y evidencia los abusos y errores garrafales que se han cometido desde el inicio de este proceso, con el objetivo de acosar judicialmente a mi familia y encerrarme", indicó.
Por su parte, uno de los abogados de Humala, Edinson Huamán, confirmó la investigación fiscal y dijo que todas las personas, incluidos los funcionarios públicos, deben responder ante la ley, por lo que consideró que no se trata de una intromisión en las funciones de los magistrados.
El pasado 15 de enero, Humala exigió su libertad después de que la Justicia peruana archivara la causa contra Fujimori, en cumplimiento con la decisión del Tribunal Constitucional.
Tanto Fujimori como Humala, junto a otros líderes políticos, fueron procesados y acusados por la Fiscalía por lavado de activos por haber recibido aportes para sus campañas electorales y haberlos ocultado, sin declarar a los respectivos organismos.
Mientras que el proceso contra Humala culminó con una condena a 15 años de cárcel, para Fujimori el juicio fue revertido a la etapa de control de acusación y luego el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que hacía inviable que la Fiscalía siguiera con su acusación por lavado de dinero.
Humala se encuentra actualmente recluido en la prisión limeña de Barbadillo, construida exclusivamente para acoger a expresidentes, junto a Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).
