Rosario Murillo y Daniel Ortega.
Emol
Un grupo de cinco países de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Chile, propondrían que los cancilleres de la región se reúnan el próximo 2 de octubre para evaluar posibles medidas contra Nicaragua, luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunciara la prohibición de la participación de la oposición en las elecciones.
Según un borrador de agenda al que tuvo acceso este lunes la agencia AFP, los Estados miembros de la organización se reunirán este miércoles, a las 11:00 horas de Chile, en una sesión del Consejo Permanente para votar la fecha propuesta, tras semanas de negociaciones internas.
"La Misión Permanente del Paraguay, en nombre propio y de las Misiones Permanentes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú (...) propuso el viernes, 2 de octubre de 2026, como fecha" para la reunión extraordinaria de cancilleres, señala el documento.
En la cita, los ministros de Relaciones Exteriores deberán "considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas", según el texto, en referencia a la decisión del gobierno sandinista de impedir la participación de la oposición en los comicios.
La OEA había aprobado el pasado 19 de agosto la celebración de esta reunión de consulta de cancilleres, un mecanismo que se utiliza de manera excepcional. Nicaragua, en tanto, abandonó el organismo en noviembre de 2023.
Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes encabezan el régimen nicaragüense, han acusado a la oposición de ser "traidores a la patria". A comienzos de septiembre, la Asamblea Nacional de ese país aprobó el veto a su participación electoral.
La última reunión de cancilleres de la OEA, organismo que cuenta con 33 miembros activos, se realizó a fines de 2019 para abordar la situación de Venezuela.
Estados Unidos, que durante este año ha impuesto una serie de sanciones económicas contra Ortega, Murillo, su gobierno y entidades clave de Nicaragua, ha presionado a la OEA para que adopte medidas destinadas a aislar al régimen.
Sin embargo, la OEA no tiene facultades para imponer sanciones directamente, por lo que cualquier medida de ese tipo debe ser aplicada individualmente por los países miembros.
