SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Eduardo Aliste González, Gerardo Silva Zaldívar y María Eugenia Martínez Hernández. Ilícitos perpetrados a partir de septiembre, diciembre y octubre de 1974, respectivamente.
En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Pedro Advis y el abogado (i) Jaime Guerrero– confirmó la sentencia que condenó a los agentes Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España, Hugo Hernández Valle y Gerardo Urrich González a penas de 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos. Asimismo, se rebajó a 5 años y un día de presidio la pena que debe purgar el agente Manuel Carevic Cubillos.
Según publicó el Poder Judicial en su página web, en la etapa de investigación de la causa, el ministro Leopoldo Llanos logró establecer los siguientes hechos:
"Que el recinto denominado "Venda Sexy" o "La Discotheque" ubicado en calle Irán N° 3037 con esquina Los Plátanos, comuna de Ñuñoa, fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, como centro secreto de detención y tortura, el que funcionó desde mediados del año 1974 hasta el año 1975. Este recinto era una casa de dos pisos, con un subterráneo en donde también se realizaban las sesiones de tortura. En este lugar permanecieron muchos detenidos, los que eran mantenidos con la vista vendada, separados en piezas distintas los hombres de las mujeres".
Además se señala que "los agentes operativos realizaban los interrogatorios bajo tortura, para lo cual usaban métodos tales como "la parrilla", que eran las aplicaciones de corriente eléctrica en diferentes partes del cuerpo. Además una práctica habitual como método de tortura en este recinto eran las vejaciones sexuales. Este recinto se caracterizó por mantener continuamente música estridente a un alto volumen, la que se hacía más intensa al momento de realizar las sesiones de tortura y vejaciones sexuales de los detenidos".
En el aspecto civil, el tribunal de alzada ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar $100.000.000 (cien millones de pesos) a Hilda Mercedes Saldívar Olivares; $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Eugenia del Carmen Aliste González, y $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno de los hermanos Ricardo Enrique, Sonia Bernarda, Hernán Irenio y Jorge Iván Silva Saldívar.
En el aspecto penal, la decisión se adoptó con el voto en contra del abogado integrante Guerrero, quien no estuvo por rebajar la pena; en tanto, en el aspecto civil, votó en contra del ministro Mera.
