Alertar no basta: 42% de las víctimas de femicidio en 2018 denunciaron violencia o amenazas

Tres mujeres mantenían medidas cautelares y otras tres habían participado de programas de apoyo del Ministerio de la Mujer, pero aun así fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. Fiscalía y organizaciones pro mujer abogan por perfeccionar el sistema.

24 de Noviembre de 2018 | 11:00 | Por Consuelo Ferrer, Emol

En la última marcha, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres elaboró un recuento de todas las víctimas de femicidio desde 2001 a la fecha. Medía más de una cuadra.

Agencia Uno
SANTIAGO.- "Me dijeron que te vieron con otra persona. No vas a ser feliz nunca, porque los voy a matar a los dos". Cuando contestó el teléfono de la casa de su madre ese 9 de enero de 2016, ese fue el mensaje que Soraya Sepúlveda escuchó. Llevaba cuatro meses separada de Alberto Gutiérrez, con quien estuvo casada por otros cinco. Así consta en la denuncia que realizó en su contra.

Meses después, en octubre del mismo año, el fiscal Alejandro Alí decidió no iniciar una investigación por considerar que "las amenazas proferidas carecían de seriedad y verosimilitud". Ella, además, manifestó el deseo de no continuar con la denuncia, según consigna Diario Concepción. La historia no terminó ahí.

A las pocas semanas, Gutiérrez la amenazó en la calle. "No te voy a dejar tranquila, voy a volver a vivir acá, te vengo a buscar. Si te veo con alguien vas a sufrir las consecuencias tú y él", contó a los tribunales de Familia de Concepción que el hombre le dijo. Las palabras fueron consideradas amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar. El caso fue derivado a fiscalía y la audiencia de procedimiento simplificado contra el imputado se fijó para el 13 de junio.

Pero dos días antes, la tarde del lunes 11 de junio, Gutiérrez acudió hasta la Galería Caracol, donde la mujer trabajaba en un salón de belleza, y premunido de un arma, le disparó cuatro veces en la región torácica, hiriendo además a su compañera de trabajo. Soraya murió.

Como ella, 15 mujeres de las 35 que fallecieron este año como víctimas de femicidio se habían acercado a denunciar la violencia que vivían a Carabineros, la PDI o el Ministerio Público, las vías habilitadas para informar del maltrato físico y psicológico. Se trata de un 42,8% de los casos, entre los cuales tres habían participado de programas de apoyo del ministerio. En cada uno de ellos las denuncias y medidas cautelares no lograron protegerlas.

Un sistema "fragmentado"


Para Carolina Carrera, presidenta de Corporación Humanas, una organización se dedica a la defensa legal de mujeres afectadas por violencia de género, se trata de un problema profundo. "Hay un sistema que no está protegiendo de verdad a las víctimas de violencia. Es cierto que como sociedad no estamos dando el ancho, pero el Estado es quien tiene que garantizar una vida libre de violencia, sobre todo cuando una mujer ha denunciado, porque cuando una mujer ha denunciado, está poniendo en conocimiento un delito", expresa a Emol.

Su preocupación se centra en el camino que recorre una denuncia, desde que se presenta hasta que desemboca, si es que lo hace, en una condena o medida precautoria. El origen del problema, para ella, es que el sistema permite que se puedan realizar denuncias ante autoridades policiales, la fiscalía e incluso en tribunales con competencia criminal. A su juicio, esa forma de operar "fragmentada" generaría complicaciones.

15 Víctimas de femicidio habían denunciado a su agresor
Menciona, por ejemplo, que la manera en que se registra la denuncia resulta crucial a la hora de definir el curso del caso en las instancias posteriores. "Además hay otro problema: no existen unidades especializadas en violencia de género en todas las comisarías del país. Después la denuncia llega al Tribunal de Familia, donde no está la privacidad ni el trato adecuado para que las mujeres se sientan acompañadas", opina.

La dificultad reside en que, de por sí, hacer una denuncia es un acto difícil para una mujer que sufre violencia, que puede tardar siete años en promedio. "Existen estudios de por qué muchas veces las mujeres se retractan en el proceso: tienen temores, no hay buen acompañamiento, entonces los casos no siguen", cuenta.

"Me pregunto: ¿Cuántos de esos casos de denuncia de violencia que fueron archivados terminaron con el femicidio de una mujer?", plantea.

Cuando las medidas no cautelan


La muerte de Gloria Hueraman causó conmoción en la comuna de Mariquina, en la Región de Los Ríos. Con 50 años de edad, Gloria fue hallada muerta en octubre, luego de que su ex cónyuge le diera un golpe de hacha en la cabeza. Tras matarla, Bautista Pérez se quitó la vida. Tenían siete hijos en común.

Pero ese día, Pérez no debería haber estado en esa casa del pasaje Los Cóndores, en la población Rayito de Sol. Sobre él pesaba una medida cautelar que le prohibía el acercamiento a su ex esposa y a sus hijos, dos de ellos aún menores de edad.

"El dolor y el impacto que significa para uno que maten a una persona que uno acogió, con el mejor de los empeños y seriedad, esperando haber visto todo lo que había que ver y haber tomado una buena decisión, es muy complejo"

Erika Maira
También fue el caso de Guillermina Huenul, en la comuna de Perquenco, en La Araucanía. La encontraron sin vida a los 65 años, tendida en el piso de su pieza, con algunas contusiones, lesiones en la cara y signos de haber sido estrangulada. Su ex pareja, Cristián Soto, confesó el crimen. Guillermina había realizado denuncias por lesiones menos graves y también había contra Soto una medida que prohibía su acercamiento.

Lo mismo ocurrió con Rosa Vilches, asesinada a los 59 años en la ciudad de Coquimbo. Su marido, con quien estaba separada de hecho, se entregó a la justicia a pocas horas de darle muerte a golpes y con estocadas de un arma blanca. Tampoco podía acercarse a la víctima.

"Teníamos antecedentes y denuncias de violencia previa en este caso", decía en abril la secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género de Coquimbo, Ivonne Guerra. "Nuestras profesionales trabajaron junto a la víctima e hicieron todo lo que estaba bajo nuestra facultad".

"Efectivamente existía una medida cautelar de prohibición de acercamiento, pero eso falló. Aquí uno de los poderes del Estado falló, ya que todo estaba en manos de la justicia y claramente no fue efectivo, terminando en este lamentable desenlace", apuntó.

La denuncia de Rosa


La gerenta de la División de Víctimas de la Fiscalía Nacional, Erika Maira, conoce de cerca esta realidad. En enero, cuando era fiscal de la Metropolitana Sur, citó a declarar a Rosa Martínez, de 53 años, después de que se acercara a hacer una denuncia por una carta en la que su marido, Alex Gallefines, la amenazaba con suicidarse debido a su rechazo.

"Él siempre me anda molestando, no me deja tranquila, me dice que es obligación mía pasarle cosas, porque él también es dueño; también le da por hablarme súper tarde, después de que yo he trabajado todo el día y eso a mí me cansa, porque es de todos los días", decía su testimonio, al que tuvo acceso La Tercera. La mujer aseguró que no quería sentirse culpable "por lo que pudiera hacer". "Ella reportaba temor de que él se suicidara", recuerda hoy Maira.

En ese momento, se desestimó que los hechos fueran constitutivos de delito o de maltrato habitual. A pesar de que el Tribunal de Familia había determinado inicialmente la salida del cónyuge del domicilio y emitido una prohibición de acercamiento, la causa terminó ahí. La única opción de que continuara era que Rosa presentara una querella criminal, lo que nunca hizo. Finalmente, la mujer fue asesinada por Gallefines, que la estranguló con un cable de la luz.

Al momento de la denuncia, a Rosa se le había aplicado la Pauta Unificada de Violencia Intrafamiliar, un sistema que mide el nivel de riesgo de la situación descrita y que se implementó en 2017. Antes, cada institución aplicaba su propia medición. Si el resultado es "alto" o "medio", la entidad que reciba la denuncia tiene el deber de derivar a fiscalía para que se generen medidas de protección.

Anualmente, ingresan al sistema del Ministerio Público más de un millón de causas. De ellas, el 10% se refieren exclusivamente a la violencia intrafamiliar. "Para poder dar una atención efectiva con los recursos que tenemos, tenemos que priorizar, y el instrumento que se utiliza es la pauta de riesgo", cuenta Maira. Tras responder, a Rosa la pauta le arrojó un riesgo bajo.

"Su causa no fue archivada. La gente ha dicho que la investigación no se hizo, pero sí se hizo, porque yo la llamé y le tomé declaración personalmente por más de una hora. No fue una conversación a la rápida y ahí mismo hablamos sobre las perspectivas de la causa, de acuerdo a lo que ella me estaba reportando", dice Maira.

El maltrato que no es "constitutivo de delito"


"Yo he sido fiscal de violencia intrafamiliar y delitos sexuales diez años y nunca me había pasado esto", cuenta Maira. "El dolor y el impacto que significa para uno que maten a una persona que uno acogió, con el mejor de los empeños y seriedad, esperando haber visto todo lo que había que ver y haber tomado una buena decisión, es muy complejo. Es tremendamente duro".

Ya que Rosa manifestaba como principal preocupación el miedo a que su pareja se quitara la vida y sentirse responsable por eso, la situación no era constitutiva de delito. "La plausibilidad de que eso pasara a una audiencia de formalización o de que se dieran cautelares era muy cuestionada", comenta.

"Es urgente modernizar el monitoreo de medidas cautelares y buscar todos los mecanismos que nos permitan prevenir los actos de violencia en contra de la mujer"

Ministra Isabel Plá
"Nosotros, constitucional y legalmente, estamos obligados a llevar adelante los casos que entendemos que son un delito y lo que está fuera de ese marco —que nos puede parece mal, violento y éticamente reprochable— no lo podemos llevar a un tribunal", menciona.

Tras declarar, Rosa salió del circuito de fiscalía. "Cuando uno se da cuenta de que tomó una decisión y ocho meses después ese caso se convierte en un femicidio, uno se pregunta siempre dónde siguió radicada una situación que, sin ser delito, podía evolucionar mal. ¿Rosa tenía un grupo donde hablar de lo que le estaba pasando? ¿Alguien que la ayudara a darse cuenta cuándo la situación se estaba tornando color de hormigas?", se pregunta.

Dice también que lo que se registra en una denuncia es una "foto del momento", pero que la situación de una mujer sometida a violencia puede cambiar al día siguiente de realizarla y que eso es imprevisible para el sistema judicial. "En el caso de Rosa se tomaron las decisiones como estaban establecidas en los protocolos que tenemos. El punto es si los instrumentos son o no los adecuados para un fenómeno tan complejo", comenta.

"La fiscalía lamentablemente lleva el caso cuando el delito ya se cometió, pero ¿qué es todo lo que pasa antes? Ahí se genera la gran interrogante para nosotros. El femicidio es la peor cara de esta violencia, pero es el final de una historia que a lo mejor podríamos haber erradicado desde el inicio con la prevención. Es importante aclarar que la fiscalía no tiene esa función y no es que no nos interese, pero legalmente no nos corresponde", aclara. "El trabajo de prevención es parte de lo que debe hacer el Gobierno".

Involucrar al entorno


El pasado 8 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera lanzó la campaña "Tolerancia cero a la violencia contra la mujer", acompañado de la primera dama Cecilia Morel y de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.

Con un impactante video que circula en televisión y redes sociales, que incluye el testimonio de Katherine Medel, una joven que fue víctima de un femicidio frustrado y recibió dos impactos de bala en la garganta, el mensaje central de la campaña es "No lo dejes pasar".

"Si extirpamos a tiempo la violencia contra la mujer, si no dejamos pasar ningún tipo de agresión, si también nos preocupamos de nuestras propias conductas (...) vamos a ser capaces de cumplir esta gran meta de lograr esta sociedad plena con igualdad de dignidad", dijo el Mandatario.

En un primer año de gobierno marcado por las movilizaciones feministas, la agenda de la ministra Plá ha estado movida. Con respecto al sistema de denuncias, la secretaria de Estado anunció en julio la próxima creación de un Registro Único de Mujeres Víctimas de Violencia, que tendrá como objetivo que las instituciones cuenten con la información referente a todas las acciones que ha realizado el Estado con respecto a la prevención, acompañamiento e investigación de las acciones denunciados.

"Es urgente modernizar el monitoreo de medidas cautelares y buscar todos los mecanismos que nos permitan prevenir los actos de violencia en contra de la mujer", dijo la secretaria de Estado tras una reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. También informó que se implementará una medición continua que reúna indicadores al respecto, que hoy están dispersos.

Tras el caso de Soraya Sepúlveda en Concepción, la ministra aseguró que "nunca una medida de alejamiento es la total certeza y tranquilidad a una mujer". Desde el ministerio, señalan a Emol la importancia de realizar denuncias y de que el círculo cercano a a las víctimas de violencia se involucre.

"Su entorno es importante", decía la ministra Plá en junio. "Si una mujer ha sido víctima de amenaza y está siendo víctima de amenaza, las invitamos a no solo comunicarlo a la policía o la fiscalía sino también su entorno: a sus vecinos, a sus amigas y su familia. No pueden dejar sola a una mujer que está siendo víctima de amenaza".
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