Expertos difieren sobre impacto de "ley Machuca", pero coinciden en necesidad de fiscalizar admisión en colegios pagados

Mientras algunos sostienen que incluir alumnos vulnerables en colegios pagados es un debate que es necesario abrir, otros advierten el riesgo de que esos alumnos sean excluidos al interior de esos colegios.

18 de Enero de 2019 | 17:31 | Por Natacha Ramírez, Emol

El proyecto establece que los colegios particulares pagados deben reservar un 30% a alumnos vulnerables.

El Mercurio
SANTIAGO.- Opiniones muy diversas genera entre los expertos en educación el proyecto de ley "Machuca", que anunciaron diputados de la oposición, el cual establece que los colegios particulares pagados deben reservar un 30% de su matrícula a alumnos vulnerables.

La directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, cree que ésa "es una conversación que hay que abrir en el país". "Cuando como país estamos tratando de avanzar en inclusión, es súper importante que abramos ese debate a todos los espacios del sistema educacional. Desde esa perspectiva, nos parece que es súper relevante ver cómo podríamos avanzar en inclusión también en el sector particular pagado", señala.

"Si tú vas a hacer un viaje a fin de año que cuesta $2 millones, el 30% del curso va a quedar afuera (...) Si no tenemos estrategias pedagógicas y sociales, podemos generar exclusión intra colegio. Y eso es complejo"

Alejandro Carrasco, Ceppe y Educación UC
Dice que la fórmula específica para realizarlo se puede discutir en el proceso legislativo, pero que "es positivo ir avanzando en esa línea". "Al abrirse la discusión de tener un sistema de admisión más justo –como ha planteado el Gobierno–, abrámoslo a todos los espacios del sistema educacional, y no que sea solamente en algunos", remarca.

Una mirada más crítica sobre el proyecto tiene el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, quien si bien comparte que "podrían pensarse políticas que favorecieran la integración social" en esos colegios, afirma que eso no se puede plantear "como una imposición". "La inclusión no es algo automático que pueda forzarse por decreto; cada establecimiento debe decidir cómo enfrenta ese desafío (...) Obligar mediante la coerción estatal puede tapar un problema, pero no resolverlo", señala.

Considera además que el momento en que la oposición propone este proyecto de ley "hace sospechar que, más que una preocupación de fondo por la inclusión, se trata de una respuesta a la inconformidad de ciertos sectores con el proyecto del gobierno", que modifica la Ley de Inclusión. "Es una provocación que no aporta al debate educacional", afirma.

Riesgo de que no haya verdadera inclusión dentro de los colegios


Por su parte, el director del Ceppe y académico de la Facultad de Educación UC, Alejandro Carrasco, advierte de dos riesgos que podría conllevar implementar una medida de ese tipo. La primera es que no se produzca una verdadera inclusión de los alumnos vulnerables dentro de los colegios, tanto en el plano académico, por los distintos ritmos de aprendizaje, como en el social y de convivencia. "Por ejemplo, si tú vas a hacer un viaje a fin de año que cuesta $2 millones, el 30% del curso va a quedar afuera", señala.

"(Ley Machuca) es una provocación que no aporta al debate educacional"

Daniel Rodríguez, director de Acción Educar
En su opinión, "si no tenemos estrategias pedagógicas y sociales, podemos generar exclusión intra colegio. Y eso es complejo. Entonces se puede terminar generando un problema enorme... Ése va a ser un desafío".

La directora de Educación 2020 también cree que "se podrían producir fenómenos" de ese tipo. "Cuando se abren espacios de inclusión en lugares que han sido más bien homogéneos, y hay más diversidad, se abren desafíos sobre cómo nos hacemos cargo de esa diversidad. Sin duda, avanzar en algo así va a desafiar a la escuela", señala.

La otra dificultad que ve Alejandro Carrasco es el financiamiento de esa medida: "¿Se le va a pedir beneficencia o filantropía a los colegios particulares pagados o va a ser el Estado (el que financie)?". Advierte que si lo hace el Estado, a través de la subvención escolar, "va a profundizar el sistema de voucher", ya que la subvención de niños vulnerables se iría al sector privado. A su juicio, "eso va más en la línea de privatizar el sistema, en lugar de fortalecer lo público", similar a que el Estado financie prestaciones en clínicas privadas.

"Suena bonito, pero pensarlo como política educativa puede ser un poco incoherente. Creer que vas a generar más integración social llevando a los alumnos vulnerables a colegios privados es un atajo que puede perjudicar el objetivo de fortalecer la educación pública", afirma.

Coinciden que en colegios pagados hay que revisar la admisión


En algo que más se acercan las posiciones, aunque con distintos matices, es la necesidad mirar cómo son los procesos de admisión y selección en los colegios particulares pagados.

En opinión del académico de la UC, éstos "tienen unos dispositivos de exclusión sistemático, que violan los derechos de la infancia". "Los procesos selectivos excluyen por características cognitivas, psicológicas y culturales de los estudiantes, por atributos que no están en su control. Aun cuando la ley ahora dice que no deben discriminar, esas prácticas, como las sesiones de juego o la petición de antecedentes, ha seguido operando", señala.

Por eso, cree que "si vamos a poner el foco en los particulares pagados", eso debiera ser lo primero que el Estado "debiese corregir". "Es urgente regular los procesos de admisión discriminatorios y excluyente que tienen los colegios pagados", subraya.

La directora de Educación 2020 coincide en que esos establecimientos "tienen sistemas de admisión que no siempre son muy transparentes para las familias y que muchas veces se presta para el amiguismo". Ante eso, señala que "es importante que los criterios de igualdad de oportunidades y transparencia en el proceso sean para todos".

Por su parte, el director de Acción Educar considera que "las regulaciones generales de admisión ya se aplican en virtud de la LGE". No obstante, cree que "es necesaria más fiscalización a la conformidad de los procesos de admisión con los derechos consagrados en la LGE", ya que "la discriminación arbitraria no puede tolerarse en ningún establecimiento".
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