Las aristas políticas de la denuncia de Moya a Arias: Sobreseimiento de Dávalos y juicio del síndico Chadwick

El fiscal de Alta Complejidad asegura que hubo "una serie de afectaciones por consideraciones políticas" en el marco del caso Caval. Además cuestiona al fiscal regional de O'Higgins por la investigación al alcalde de Rancagua.

20 de Abril de 2019 | 11:11 | Redactado por Verónica Marín, Emol

El fiscal Arias (izq) junto a Moya.

El Mercurio
SANTIAGO.- El "desastre de Rancagua" continúa y ya no solo considerando el caso de los tres ministros de la Corte de Apelaciones, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz quienes permanecen suspendidos al ser investigados, tanto por el Ministerio Público como por la Corte Suprema, por corrupción.

Ahora se sumaron nuevos actores y más investigaciones que remecen el sistema judicial de la Región de O'Higgins, luego de que se conociera que el fiscal de Alta Complejidad, Sergio Moya, denunció al fiscal regional Emiliano Arias ante el fiscal Nacional, Jorge Abbott.

Moya acusa a su superior jerárquico de una presunta obstrucción a la justicia en el caso contra el ministro Elgueta, tráfico de influencias en el caso Caval, violación de secreto al dar una orden para la entrega de información de base de datos de la Fiscalía O'Higgins a un particular y ocultamiento en la causa del Teatro Regional de Rancagua.

En estas cuatro imputaciones hay algunas aristas que se relacionan directamente con la política e involucrarían por un lado al Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y por otro, a la actual administración del Mandatario, Sebastián Piñera.

El caso Caval


En entrevista a El Mercurio, el ministro Elgueta aseguró que habría recibido presiones para votar por Arias y así él pudiera ser fiscal regional. Según ha trascendido esta solicitud se la realizó un ex ministro de Defensa y de Justicia del último Gobierno de Bachelet.

El acuerdo, según reveló Moya, comprendía que de esta forma el caso Caval "se manejaría de una manera no tan rigurosa"-dijo al mismo medio- con el fin de que "no siguiera causando daño al Gobierno (de Bachelet)". "Te apoyamos, pero comprométete a que no haya tanto daño", habría sido el trato entre el Gobierno y Arias.

Pasado el tiempo, en la sala integrada por los ministros Elgueta y Vásquez se determinó el sobreseimiento de Dávalos.

"Hay que explicar esta vinculación: cuando yo abro la causal relacionada con Elgueta y Vásquez (por corrupción), veo que en esa audiencia hubo una interferencia indebida, y estamos estudiando qué hacer con ese sobreseimiento", señaló Moya.

A esto se suma un antecedente que entregó Radio Bío-Bío al revelar la denuncia de Moya contra Arias, en donde se explica que el juez Elgueta fue compañero de universidad del ex ministro de Bachelet, José Antonio Gómez y ambos pertenecen a la Masonería (Elgueta y Vásquez fueron expulsados hace pocas semanas). El ministro es además vecino de Dávalos y Compagnon en un condominio de La Reina.

De todos modos el sobreseimiento fue confirmado por la Corte Suprema luego de que el fiscal Arias presentara una queja en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El máximo tribunal le dio la razón a los ministros que tomaron esta decisión por considerar que el tiempo de investigación de la fiscalía había sido excesivo (tres años).

El síndico Chadwick


Dentro del mismo caso Caval existía la arista del ex síndico de quiebra Herman Chadwick Larraín. La causa era liderada por el fiscal de Alta Complejidad, pero este resalta que su superior, el fiscal Arias, tuvo solo una intervención en el proceso y que esta fue para negociar con los abogados patrocinantes de Chadwick las condiciones para un juicio abreviado.

El acuerdo que presentó Arias ante el Juzgado de Garantía de Rancagua implicaba solo una sanción de 818 días para el síndico, lo que fue cuestionado por el Consejo de Defensa del Estado aludiendo que las penas eran muy bajas y no coincidían con lo estipulado en el Código Penal. Estos argumentos fueron acogidos por el tribunal.

Ahí se ordenó la realización de un juicio oral, aunque finalmente en un juicio abreviado, se determinó que Chadwick fuera condenado a una pena de tres años en libertad vigilada, $200 millones en multa y la inhabilitación de ocho años para ejercer su cargo de síndico.

"Me manifiesta (Arias) que hay que resolver pronto la situación de Chadwick, porque no es posible que se mantenga vigente hasta la inminencia de que asumiera el nuevo gobierno, con el cual podían asumir familiares (del síndico) como funcionarios importantes del nuevo gobierno"

Fiscal Sergio Moya
"Lo que se me indicó en ese momento, es que había que terminar esa arista (…) es que la presencia de este personaje y un eventual juicio oral, podía traer aparejado consecuencias a la imagen del nuevo gobierno", dijo a Radio Bio-Bío el fiscal Moya recordando lo ocurrido en diciembre de 2017, previo a la elección en que ganó el Presidente Piñera.

"Yo consulto por qué personalmente asumía solo esa audiencia, y me manifiesta (Arias) que hay que resolver pronto la situación de Chadwick, porque no es posible que se mantenga vigente hasta la inminencia de que asumiera el nuevo gobierno, con el cual podían asumir familiares (del síndico) como funcionarios importantes del nuevo gobierno", agregó en entrevista a El Mercurio.

Consultado sobre qué le preocupaba al fiscal Airas, Moya indicó "que había que resolver el tema pronto, porque el caso Caval, así como afectó al gobierno anterior, va a afectar al gobierno siguiente. A mí me pareció inadecuado y no concurrí a esa audiencia".

Así concluye que en torno al caso Caval "había una serie de afectaciones a la causa por consideraciones políticas."

La UDI


Otro de los asuntos por el que denuncia Moya a Arias es que este último le habría pedido que tuviera un trato preferencial con el abogado Luis Hermosilla (actual abogado del Ministerio del Interior) en el marco de la investigación en contra del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, también gremialista, por malversación de caudales públicos por $3.500 millones (Teatro regional).

Según Moya tras incautar computadores, teléfonos y otros aparatos electrónicos del jefe comunal, "se me dio la instrucción directa del fiscal regional de hacer devolución de esas especies".

"Yo le manifiesto que no voy a hacer devolución, porque es evidencia. En esos teléfonos hay información muy delicada que no puedo detallar", explicó al respecto el fiscal de Alta Complejidad quien al ser consultado si es que habría registro de conversaciones entre Arias y el alcalde en los teléfonos, contestó que "hay todo tipo de información", pero que no revelerá por ser parte de la investigación.

"Lo único que le puedo decir al respecto es que entiendo que el señor Soto es uno de los más votados en Chile y, a su vez, si no me equivoco, junto a las elecciones presidenciales había votaciones de diputados, y por lo tanto, la figura de él, para efectos de elecciones, era algo relevante", planteó asegurando que hay una vinculación política.
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