Jaraquemada se refirió a los casos que han sido judicializados.
El Mercurio/Archivo
SANTIAGO.- El nuevo presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, abordó este martes los casos judiciales por presunta corrupción que remecen al Ejército, el Poder Judicial y Carabineros y la PDI, advirtiendo que "estamos ante una alerta roja".
Fraude y tráfico de influencias son los delitos que actualmente están siendo investigados, ya sea en la justicia civil o militar, como es el caso de dicha rama de las Fuerzas Armadas. A estos se sumó en los últimos días la presentación de una querella contra el director general de la PDI, Héctor Espinosa, por presunto mal uso de recursos públicos.
Tras ser consultado por la situación de la Policía de Investigaciones, Jaraquemada -quien asumió a fines del mes pasado- manifestó que "la gravedad de estas denuncias ciertamente va a haber que ponderarlas a la luz de la investigación que se realice, porque claramente parecen haber urgencias mucho mayores que atender que comprar un vehículo de lujo".
Sin embargo, enfatizó sobre la necesidad de determinar claramente la causal del presunto sobre precio que la institución habría pagado por el automóvil para Espinosa, y así descartar que "no obedezca a equipamiento de lujo sino a un equipamiento de carácter blindado".
"Aparentemente no teníamos una situación tan plácida como la que creíamos y es eso lo verdaderamente preocupante, cuando la situación de corrupción se comienza a extender y comienza a infiltrarse en un sinnúmero de instituciones, eso es precisamente lo que conduce al socavamiento de la democracia"
Abogado Jorge Jaraquemada
"Llama la atención que se privilegie la compra de autos tan particulares, en una situación en Chile en que no tenemos terrorismo", agregando que "no es una buena señal en términos de austeridad".
En cuanto a la situación del Ministerio Público, Jaraquemada sostuvo: "Después de casi 20 años de reforma procesal penal se están mostrando ciertos vacíos o carencias que han permitido una excesiva autonomía en la regulación interna".
En este contexto destacó el trabajo de la Contraloría General de la República y la Ley de Transparencia, cuyo trabajo ha permitido "ir conociendo de innumerables casos de faltas o irregularidades de carácter administrativo o derechamente de carácter penal".
"Aparentemente no teníamos una situación tan plácida como la que creíamos y es eso lo verdaderamente preocupante, cuando la situación de corrupción se comienza a extender y comienza a infiltrarse en un sinnúmero de instituciones, eso es precisamente lo que conduce al socavamiento de la democracia. Y eso es lo que nosotros debiésemos estar llamados en último término a cuidar", completó el abogado.
