Vocera de Gobierno contrata a Luis Hermosilla como abogado defensor para enfrentar denuncia de la oposición

Según informaron desde el Gobierno, los honorarios del profesional serán asumidos de forma personal por la secretaria de Estado.

23 de Agosto de 2019 | 17:17 | Por Felipe Vargas, Emol

El jurista ha ejercido también la defensa del Gobierno en el caso "Huracán".

El Mercurio.
SANTIAGO.- La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, contrató los servicios del abogado Luis Hermosilla para defenderse ante la denuncia presentada este viernes por senadores de la oposición ante el Ministerio Público por sus dichos en contra del Partido Socialista (PS).

Según informaron desde la Segegob, los honorarios de Hermosilla -quien representó al Gobierno en el caso "Huracán" y ha defendido a la familia del asesinado senador Jaime Guzmán- serán asumidos de forma personal por parte de la secretaria de Estado.

En la acción judicial, los parlamentarios Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (IND) y Rabindranath Quinteros (PS), acusaron a la vocera de La Moneda del eventual delito de "omisión de denuncia", luego de que pidiera a los socialistas aclarar sus nexos con el narcotráfico.

En el escrito, luego de transcribir las palabras exactas de Pérez en contra de la colectividad, los legisladores señalaron que "estaríamos presumiblemente en presencia del delito de omisión de denuncia, cometido por la funcionaria pública, ministra de Estado, Sra. Cecilia Pérez Jara".

Por ello, afirman que dicho delito "podría constituir las figuras penales contenidas en los artículos 175 letra b), 176 y 177 del Código Procesal Penal, razón por la cual debería iniciarse una investigación por el Ministerio Público, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados en el presente escrito".

"Y de existir antecedentes y pruebas que se recopilen durante el curso de la investigación, proceder a formalizar la investigación, con el objeto de determinar la posible participación de la señora Cecilia Pérez en los hechos denunciados", añade el texto.

De acuerdo a esos artículos, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar "los delitos que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones" en un plazo de 24 horas desde que "tomasen conocimiento del hecho criminal", y que de no hacerlo "incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal".
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